Un conjunto de organizaciones consideraron hoy que las autoridades deben esclarecer si el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder, recibió fondos de la constructora Odebrecht, a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE & ART 2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil.

Así lo manifestaron el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ., Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos/as -CONDOR- y la Acción Comunitaria por el Progreso, Inc. (ACOPRO).

Las organizaciones pronunciaron desde el Campamento Verde de la Marcha Verde, instalado el pasado viernes luego de las declaraciones dadas por el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sobre los implicados y excluidos del caso Odebrecht.

Señalaron que de confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Constitución y también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral No. 274-97 y la Ley de Lavado de Activos.

“La vinculación del Partido de la Liberación Dominicana, se hace en virtud de que ellos (sus dirigentes) declararon que Joao Cerqueira de Santana Filho era su asesor de campaña, y en las declaraciones de los estados financieros presentados a la Junta Central Electoral, no se evidencia ningún pago a Joao Cerqueira de Santana Filho ni a ninguna de sus empresas», resaltaron.

«De confirmarse los hechos, estamos frente a un ultraje a la soberanía nacional por la injerencia de una empresa extranjera en temas políticos de República Dominicana”, plantearon.

Señalan que los breves Estados Financieros “presentados tardíamente por el PLD a la Junta Central Electoral, no evidencian ningún pago realizado a Joao Santana ni a ninguna de sus empresas”.

Recuerdan que la Ley Electoral resulta “clara y reiterativa” en tipificar y penalizar lo ilícito del uso de fondos extranjeros en campañas internas, así como en la obligación de transparentar todos los ingresos y egresos de los partidos políticos.