POR MARIO MENDEZ
Las modificaciones hechas al proyecto de reforma tributaria por la Comisión de Transición del presidente electo, doctor Leonel Fernández, incluyen una reiteración y profundización de la propuesta de eliminar los incentivos de la Ley 28-01, que establece una zona especial de desarrollo fronterizo.

En el artículo 29 del proyecto de reforma tributaria presentado originalmente, se establecía la eliminación de las exenciones del impuesto sobre la renta e ITBIS contempladas en la Ley 28-01 del año 2001 y en otras leyes.

Pero en la propuesta de modificación presentada se establece que, además de las exenciones del impuesto sobre la renta y el ITBIS, se eliminen las exenciones del impuesto selectivo al consumo de la Ley 28-01 y otras leyes.

No obstante, en la propuesta de modificación se excluye de la eliminación de las exenciones impositivas la Ley 184-02, de fecha 28 de noviembre del 2002, la cual establece el fomento al desarrollo turístico para los polos de escaso desarrollo y crea el Fondo Oficial de Promoción Turística.

Los técnicos del gobierno entrante sostienen que si no se elimina las exenciones de la Ley 28-01 se crearía un gran casos en el sistema impositivo dominicano, de acuerdo a lo planteado recientemente por Vicente Bengoa y Juan Hernández en el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

Particularmente, Hernández, ex-director de la Dirección General de Impuestos Internos, licenciado Juan Hernández, reveló que ya hay empresas que están poniendo en las facturas que son beneficiarias de esa Ley, para gestionar con las empresas que les venden que no les cobren el ITBIS ni ningún otro impuesto.

Además, Hernández denunció que «hay muchísimos vivos que están vendiendo en el exterior esa ley de incentivos a inversionistas» y que han hecho de los incentivos «un verdadero negocio».

Hernández advirtió que si la ley 28-01 no es eliminada, muchas empresas que operan fuera de la zona fronteriza no podrían sobrevivir a la competencia desleal que harían las empresas que se benefician de los incentivos fiscales otorgados.

Representantes de diferentes asociaciones empresariales del país han planteado la necesidad de que se eliminen las exenciones de la ley 28-01 porque de lo contrario las empresas beneficiarias de la misma harían una competencia desleal a las industrias que operan fuera de la zona fronteriza y muchas empresas se verían obligadas a salir del mercado o a trasladarse a la frontera para no pagar impuestos, con lo cual resultaría perjudicado el fisco.

La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Elena Villeya de Paliza, advirtió ayer que la Ley 28-01 está poniendo en riesgo muchos empleos existentes, ya que muchas empresas están evaluando trasladar sus operaciones a la zona fronteriza y están tramitando las autorizaciones necesarias con esos fines.

Villeya de Paliza consideró que esto es el resultado del hecho de que esa ley de desarrollo fronterizo crea una situación de competencia desleal con la industria nacional.

Entre quienes objetado los incentivos fiscales otorgados por esa ley, también está el presidente de la Confederación Patronal, Virgilio Ortega Nada, quien advirtió que esa ley provocaría pérdidas de empleos debido a que las empresas que no operan en la zona fronteriza se verían perjudicadas.

«Entendemos que debe haber un balance en el incentivo que se haga para crear nuevas empresas y más empleos, y no desplazar las que están», expresó Ortega Nadal.

También se opuso a la Ley 28-01 la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Yandra Portela Vila, quien advirtió que los incentivos que la misma ofrece desestabilizarían a las empresas ya establecidas.

Advirtió que esa ley crea serias distorsiones en detrimento de los sectores productivos.

Igualmente, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Haina, Richard Aróstegui, afirmó que esa ley crea «una serie de iniquidades entre los productores que se establezcan en la región fronteriza y los productores que están fuera de esa zona».

También se abogó por la eliminación de esa ley el ex-presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Marranzini, para quien de ser mantenida esa iniciativa legislativa, «el Estado podría quedarse sin recaudaciones».

Dijo que esa pieza podría llevar a la quiebra al sector empresarial que no es favorecido por los incentivos que otorga.

En iguales términos se han expresado el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Haina, Richard Aróstegui, y el pasado presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, Ignacio Méndez.

La  Ley 28-01  ofrece  a  las  empresas ya instaladas y a establecerse en siete provincias  dominicanas de la frontera con Haití, exención total en el pago de  los  impuestos internos,  de  aranceles de aduana sobre materia prima, equipos  y maquinarias,  «así como cualquier tipo de impuesto», durante un período de 20 años. 

Adicionalmente, se les otorga un 50% de exención en el pago de uso de puertos y aeropuertos por igual período.

El sector industrial entiende que «esas extraordinarias ventajas impositivas que otorga dicha Ley representan una  grave  distorsión al régimen tributario que rige para las empresas que operan  en el mercado nacional, pues se crean beneficios especiales de Zona Franca  dentro  del  territorio dominicano (que sólo cuenta con 48 mil kilómetros cuadrados) sin  que  medien  las  restricciones que tienen las empresas de Zona Franca para la venta de los productos terminados en el mercado local».