BUENOS AIRES, (AP).-  «Las Islas Malvinas están en el ADN de los argentinos y no podemos entender que no vuelvan a ser nuestras». Millones de argentinos comparten el sentir de Mario Volpe, un veterano de la guerra de 1982, a escasos días de que Argentina conmemore el trigésimo aniversario de la confrontación bélica cuando el país fue derrotado y humillado a manos del Reino Unido por el remoto archipiélago situado en el Atlántico sur.

Consciente de ese anhelo, la presidenta Cristina Fernández ha promovido, al punto de hacer casi suyo, el reclamo por las islas que los ingleses llaman «Falklands». Hoy, prácticamente, no hay intervención pública en que la mandataria no pronuncie arengas afirmando que las Malvinas son argentinas.

Desató una escalada diplomática sin precedentes para lograr el apoyo de sus socios en la región, que acordaron prohibir el ingreso a sus puertos de buques con la bandera de las «Falklands»; presentó una queja contra Gran Bretaña ante la ONU por la supuesta militarización de la zona, y exigió por enésima vez que ambos países se sienten a dialogar sobre la disputa, tal como han instado las Naciones Unidas, a lo que Londres se ha negado.

El primer ministro británico David Cameron acusó a Argentina de tener una actitud colonialista. La tensión fue creciendo a tal punto que los ingleses enviaron un buque de guerra a las islas, en coincidencia con la llegada al archipiélago del Príncipe Guillermo para hacer maniobras militares.

«¿Por qué (Cristina Fernández) hace esto? Una opinión difundida es que es una cortina de humo; han surgido una serie de problemas y frente a ellos Fernández agita la sensibilidad malvinera», dijo a The Associated Press el politólogo Vicente Palermo. «Comparto esa visión parcialmente.

Hay que tener en cuenta también que éste es un gobierno ’malvinero’, con convicciones respecto al deber de agitar este tema y obtener algún resultado (para recuperar las islas)», dijo Palermo.

Esta agitación se inició, dicen analistas, poco después de que comenzó a resquebrajarse el idilio que mantenía Fernández con sindicatos de distintos sectores, que piden aumentos salariales debido a una inflación que no cede y que se situaría alrededor del 27% en 2012, según economistas privados.

El gobierno dice que la inflación será del 9,2%. Existe, además, un malestar por la eliminación de subsidios para los servicios de luz, agua y gas a cientos de miles de usuarios y la consiguiente alza de tarifas que antes eran irrisorias.

«Yo creo que Cristina está yendo para atrás porque se está dando vuelta todo, está perdiendo los aliados que tenía, como los sindicatos, y ya no sabe dónde agarrarse», dijo a la AP José Martínez, abogado de 27 años quien, sin embargo, elogió la actitud combativa de Fernández con las Malvinas. «Creo que es en lo único que la puedo apoyar». La presidenta afronta además un año en que se prevé una desaceleración de la economía.

El crecimiento en 2012 sería de un 5%, según cifras oficiales, por debajo del promedio de más del 7% de los últimos ocho años. La popularidad de la mandataria cayó en un 26 puntos porcentuales, de 68.3% cuando fue reelegida en octubre a 42.1% en marzo, según una encuesta de la consultora Management & Fit, realizada a 1.218 personas el 4 y 5 de marzo.

En la caída influyó la tibia reacción del gobierno al accidente ferroviario que el 22 de febrero segó la vida de 51 personas en una populosa estación de trenes de Buenos Aires. En tanto, una encuesta de Ibarómetro realizada a 1.000 personas el 4 de marzo, muestra tan sólo un descenso de cuatro puntos en la popularidad de la presidenta entre octubre de 2011 y marzo de 2012. Al igual que su fallecido marido y antecesor en el cargo Néstor Kirchner, Fernández ha insistido durante su carrera política en la reivindicación de la soberanía argentina del archipiélago.

El reclamo lo manifestó siendo legisladora y luego como presidenta en foros nacionales e internacionales. Ello coincide con la opinión de analistas que creen que la presidenta es una «malvinera» convencida de las virtudes de la política de agitación nacionalista que despliega. «Cree en su política sobre las Malvinas… que tiene costos pero que considera que merece la pena pagar porque cree que está fuerte y le asiste el consenso de la región (latinoamericana)», dijo a la AP el sociólogo Marcos Novaro.

La conmemoración de la guerra contra Inglaterra también viene precedida por una división de opiniones en torno a cuál deber ser la mejor ofensiva diplomática sabiendo que un 80.5% de los argentinos considera justo el reclamo de soberanía de las islas. Unos dicen que es válida la escalada diplomática oficialista de las últimas semanas, que también ha generado una reacción de la misma proporción de Londres, mientras que otros creen que hay que cooperar más con los ingleses.

Una encuesta de la consultora Graciela Römer preguntó a 1.200 personas ¿Qué debería hacer el gobierno? Un 62,4% dijo que debería «buscar vínculos de mutuo beneficio» con el Reino Unido. A 30 años de la guerra, impera en el sentir popular el convencimiento de que la vía bélica, respaldada entonces por la sociedad, está descartada para retomar el control sobre el archipiélago.

El anuncio que hizo Fernández el 1 de marzo, en el sentido de que buscará negociar un acuerdo con Gran Bretaña para establecer tres vuelos semanales de la estatal Aerolíneas Argentinas a las islas partiendo desde Buenos Aires es un sorpresivo gesto de acercamiento.

La presidenta ha sabido leer el deseo de los argentinos que esperan que los reclamos de soberanía puedan lograrse mediante vínculos de mutuo beneficio con los ingleses, dicen analistas. Ello incluiría la exploración y explotación compartida de recursos o los acuerdos en materia de turismo y comunicación. «Insistir en todas las vías diplomáticas es lo mejor…

Es un reclamo histórico y jurídico que aprendemos desde chiquitos», dice el ex combatiente Volpe, de 57 años, que preside el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires.

«En los últimos 40 años los argentinos no hemos tenido una presidenta que se haya dedicado más a la gente que menos tiene. Cristina sigue haciendo las cosas bien», dijo Jorge Campo, de 60 años y dueño de un pequeño comercio en Buenos Aires donde se venden golosinas y cigarrillos.

 «El tema Malvinas lo está manejando perfectamente, todo lo que sea a nivel diplomático está bien, lo único que no podemos hacer es una guerra».

Pero un grupo de 17 intelectuales cree que se debe corregir la política del gobierno y considera imperioso que se abra un debate para que «las Malvinas no sean una cuestión nacional sagrada». Ofrecen un novedoso acercamiento a los malvinenses para «respetar su modo de vida (lo que) implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean».

«La afirmación obsesiva del principio ’Las Malvinas son argentinas’ y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone, debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños», dice el texto.

 «Un clima de agitación nacionalista impulsado otra vez por ambos gobiernos parece afectar a gran parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de la oposición, quienes se exhiben orgullosos de lo que califican de ’política de estado».

 La declaración encendió la polémica. Políticos e historiadores de distinta extracción la rechazaron al afirmar que la argumentación esgrimida por ese grupo coincide con la que usan los británicos, basada en que no negociarán la soberanía de las islas mientras ese no sea el deseo de sus habitantes. «El punto absolutamente vital es que estamos conscientes de que el futuro de las islas Falklands es una cuestión del pueblo mismo», dijo en enero el primer ministro británico.

 «Mientras deseen seguir siendo parte del Reino Unido y ser británicos, deben poder hacerlo». Argentina no reconoce el principio de autodeterminación de los malvinenses y los excluye de una eventual mesa de negociación entre Londres y Buenos Aires por considerar, entre otras razones, que Gran Bretaña ocupó las islas por la fuerza en 1833, expulsó a la población allí establecida y no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina, además de que implantó allí población foránea, lo que es negado por los isleños.

«Mi país se ha comprometido a alcanzar una solución pacífica de la controversia respetando el modo de vida de los isleños», dijo el canciller argentino Héctor Timerman en una columna de opinión que publicó en enero el diario británico «The Times».

 El conflicto se inició en 1833 cuando una corbeta de la Marina Real británica ocupó en tiempos de paz las Malvinas, en poder de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata (embrión de la futura Argentina), y desalojó a autoridades y a la población.

El 2 de abril de 1982, en medio de una dictadura militar que hacía agua en el país sudamericano, fuerzas argentinas desembarcaron en las islas para recuperarlas, dando inicio a una guerra que duró 74 días. La derrota selló la suerte del régimen militar, que terminó en diciembre de 1983 con la asunción del presidente constitucional Raúl Alfonsín, y sepultó las posibilidades de recuperar el archipiélago en el mediano plazo.