Componentes de la prestación de servicios en la Seguridad Social han pasado a una confrontación abierta que incluye graves alegatos y que podría entorpecer la marcha de atenciones en materia de salud del más alto interés para la nación. La posición asumida por los médicos y los propietarios de clínicas privadas contra las Administradoras de Riesgos de Salud supone la caída en crisis de unas relaciones que deben ser armónicas si verdaderamente existe interés de cumplirles fielmente con los afiliados. La respuesta al conflicto debe provenir de los organismos facultados para tomar decisiones orientadas a superar la severa discordancia. El Consejo Nacional de la Seguridad Social y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) están llamados a poner en juego toda su autoridad en el marco de los derechos de cada parte sin retroceder en la defensa de las obligaciones contraídas con los asegurados.

Está en pie un choque de intereses y visiones que en su permanencia, con participación en huelgas y protestas, ocasionaría perjuicios a los afiliados al mecanismo de protección facultativa esencial del país, sufragado mayormente por los asalariados, pero al que se ha atribuido una y otra vez una crítica insuficiencia de cobertura para los problemas de salud. En el ruedo está suelto un toro conflictivo y difícil de domar que debe ser tomado por los cuernos con medios legales y socialmente legítimos.

Penalización de efecto desigual

La rigidez legal contra el derecho al aborto en situaciones excepcionales para que la mujer pueda preservar la vida o su estado emocional y moral debería ser superada con el concurso del Congreso Nacional, compuesto por representantes de una sociedad que así lo reclama y manifiesta cada vez que es encuestada. El drástico efecto punitivo que se pretende contra los causales en el Código Penal iría en contra de una mayoría.
En cambio, de ser acepados, los partidarios en minoría de esa penalización, erradicada en casi todo el mundo, podrían seguir actuando de acuerdo a sus convicciones y dogmas inmutables sin que nadie invada su poder discrecional. A lo que no existe derecho es a negarle esa facultad a los que piensan diferente. El Código debe ser igual para todos y resultar con su actualización un instrumento de equidistancia.