POR LEONORA RAMÍREZ S.
Con el ingreso formal del país al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) se cierra un capítulo de disidencias, negociaciones y luchas de intereses económicos que postergaron por un año y dos meses la decisión que emitió ayer el presidente estadounidense George W. Bush.

La adhesión al tratado de la República Dominicana se produce semanas después de que  se solucionara el último de los conflictos: la participación de la empresa norteamericana Chevron-Texaco en el transporte de los combustibles, luego que la Secretaría de Industria y Comercio dejara sin efecto las resoluciones 148-06 y  23-07 sobre la concesión de permisos para tales fines.

El presidente de la Cámara Americana de Comercio, Kevin Manning, admitió en febrero pasado que el retraso en la entrada en vigencia del DR-CAFTA se debía a la emisión de las referidas resoluciones de la Secretaría de industria y Comercio.

Sin embargo, Juan Ignacio Espaillat, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina (ANADEGAS), entendía que  la  intención de la Chevron-Texaco era concentrar el transporte de los combustibles.

Pero ese conflicto fue apenas el último eslabón, porque a mediados del 2006 la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) se opuso a la interpretación del artículo 15-10 de la Ley de Propiedad Intelectual y que se refiere a la divulgación de la calidad de los fármacos.

INFADOMI se enfrentó a la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) y a los representantes locales de la Asociación de Empresas Farmacéuticas Norteamericana (PhRMA), con el argumento de que pretendía sacar de competencia a la industria local para beneficiar a  las extranjeras, en detrimento de los consumidores y de la industria dominicana.

La vigencia del DR-CAFTA en el país, a partir del  primero de marzo, evidencia que se llegó a un acuerdo entre las partes, pero nunca se divulgaron los términos del mismo.

En un documento emitido ayer por la Secretaría de Industria y Comercio se establece que para la implementación del acuerdo se dictaron 30 textos legales nuevos, entre esos la Ley 424-06 que introduce a las leyes sobre Propiedad Intelectual y Derecho de Autor, la Ley 448-06 que castiga el soborno en el comercio y la inversión, entre otras.

UNA BATALLA QUE COMENZÓ EN EL 2002
En mayo del 2002, el ex presidente Hipólito Mejía viajó a Washington, Estados Unidos, para solicitarle a Bush  la integración del país al CAFTA.

Pero fue el 15 de marzo del 2004 que la entonces secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán, anunció junto con su igual, Robert Zoellick, la entrada del país al citado esquema comercial.

Pero mientras los dos ministros contaban las ventajas del acuerdo, en la República Dominicana los sectores productivos comenzaron a pregonar las desventajas del mismo, porque éstos  no estaban en condiciones para competir en igualdad.

Las amplias asimetrías entre la economía dominicana y la norteamericana era el argumento que utilizaban los sectores agropecuarios e industriales, antes de que se iniciara la ronda de negociaciones, entre enero y marzo del 2004.

Pero la suerte estaba echada y entre los logros que resaltaron los negociadores dominicanos se citan  el reconocimiento de reglas de origen sencillas para procesos manufactureros simples, asignación de los beneficios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe para coproducción con Haití y los beneficios de las zonas francas textiles.

La fijación de cuotas, volúmenes y períodos de desgravación para productos como el tocino, aves y cerdo, lácteos, leguminosas, maíz y arroz, aceites vegetales y jugos cítricos.

Asimismo, se establecieron desgravaciones arancelarias, dando mayor nivel de protección a los productos de la rectificación técnica y se creó una salvaguarda especial para algunos productos agrícolas considerados sensibles y de importancia estratégica.

Con respecto al azúcar se le dio un 85% de protección y se concedió la eliminación de su arancel en un período de 15 años.

Sin embargo, ese tema enfrentó por varios meses a una parte de la industria local con sectores norteamericanos.

No todo es tan lindo como lo pintaron
El 12 de marzo del 2006 Julio Ortega Tous, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales de la Cancillería, manifestó que el país debe emprender un proceso de reformas internas para adaptarse a los acuerdos de libre comercio que están próximos a entrar en vigencia, especialmente con los Estados Unidos y la Unión Europea.

El funcionario citó principalmente la solución a la crisis eléctrica, al señalar que produciendo energía a 25 y 30 centavos de dólar el kilovatio-hora “no podemos competir absolutamente con nadie”.

Ese es el principal reclamo de los empresarios locales, quienes en más de una oportunidad han dicho que sin una reforma fiscal integral, una ley de ordenamiento del mercado y la solución del déficit eléctrico no podrán competir ni siquiera con  las economías centroamericanas.

A raíz de la aprobación del DR-CAFTA se reactivó el Consejo Nacional de la Competitividad, un organismo que integran entidades públicas y privadas y que se creó el 3 de noviembre de 2001.

Esa entidad debe poner en marcha, o más bien, sugerir los mecanismos que permitirían que los productores locales no queden sumidos en la vorágine de empresas transnacionales que cuentan con grandes capitales para la inversión y el desarrollo tecnológico.

Sin embargo, Celso Marranzini, ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), ha planteado que al margen del problema eléctrico todavía existen limitaciones burocráticas que afectan a los empresarios nacionales y que el aumento de las importaciones devaluaría la moneda.

El  beneficio al  consumidor
Hasta el momento las grandes expectativas las tienen los consumidores locales, pues se estima que productos como el bacalao, pescados, mariscos y quesos finos, bienes terminados y electrodomésticos, bajarán de precio en un 33% a partir de la vigencia del DR-CAFTA.

Hay una lista de más de 4,000 productos que reducirán sus costos por la reducción de los aranceles, entre los que también se citan jugos y frutas,  repuestos de vehículos de motor (bandas de frenos, neumáticos, bujías y demás), instrumentos musicales, materia prima, pañales desechables, compotas y otros compuestos alimenticios para niños, según informaciones de Hugo Rivera, ex coordinador de las negociaciones del convenio.