Reloj de RD marca la hora de la acción en pos de la equidad social

Desde las altas cumbres del penthouse de un edificio inteligente, se observa la inmensidad capitalina con su mixtura de modernidad y ruralismo, desdibujada en la noche por un mar de luces salpicado de “apagones”. Mas, bajo esa capa luminosa se oculta una realidad ominosa. Difícilmente puedan concebirse los acentuados contrastes en el estilo de vida de unos pocos acaudalados y el drama de los pobres y excluidos que habitan la periferia.
Difícil apreciar en toda su magnitud y dimensiones las carencias padecidas al nacer y al morir, las privaciones ingentes que les acompañan toda la vida.
Mundos paralelos. Mientras un político o empresario dispone de millones para adquirir una lujosa villa, un yate o un avión, en una casucha del barrio Los Guandules muere un carretillero que no pudo pagar la diálisis. A corta distancia, en Gualey, lloran a un niño nacido con desnutrición, heredada de su madre.
Mientras la esposa de un alto militar se deleita con la decoración de su mansión al preparar una fiesta millonaria, más allá, en Los Alcarrizos, los vecinos hacen una colecta para comprar el ataúd a una adolescente, vencida por la leucemia porque no había dinero para el tratamiento.
El drama se repite en la marginalidad de otras barriadas del Gran Santo Domingo, un obrero al que los hijos no pudieron costearle una cirugía o la mujer en plena juventud que por igual razón tuvo que suspender la quimioterapia contra el cáncer.
Aunque no lo veamos o no nos enteremos, son hechos que a diario suceden en campos y ciudades de República Dominicana, fábrica de mendigos y millonarios, de multimillonarios.
Basta que sea un político corrupto en el poder, un funcionario o empresario que impunemente lava millones, un lobista que gestiona contratos millonarios, como los de Odebrecht, un militar aliado al narcotráfico o al tráfico humano. Basta ser un contrabandista, un evasor de impuestos o protegido desde las altas instancias del Gobierno.
La acumulación desmedida de riquezas les permite utilizar su poder económico para manipular a su favor decisiones políticas, leyes, contratos, exenciones de impuestos que fortalecen aún más su posición.
El país no necesita ser catalogado como paraíso fiscal, de hecho lo es, la evasión y elusión de impuestos es altísima entre sectores pudientes. en un país que básicamente no grava la riqueza. En tanto, los pobres tienen que pagar ITBIS por el café, el azúcar, diversos alimentos, pero 40% quienes se lo cobran no lo entregan al fisco. Una situación injusta, insultante, ética y moralmente condenable que tiene que cesar.
Como muchos otros dominicanos y dominicanas, existen políticos, militares y empresarios honestos preocupados por el presente y el futuro de nuestra nación, conscientes de que no estamos condenados a un sistema seudodemocrático, elitista, excluyente, al paternalismo y clientelismo, a un modelo que reproduce la desigualdad, la corrupción y la impunidad, a una baja escolaridad y elevados índices de violencia y delincuencia.
Anhelan un país donde sus hijos e hijas puedan vivir sin ser víctimas de la delincuencia, de un feminicidio, o ser pasibles de morir en un accidente de tránsito, una epidemia que arrebata la vida a muchos jóvenes al igual que las carreras de motocicletas, otra fuente de apuestas, nueva forma de caer en la trampa de los juegos de azar, que siembra el territorio de bancas legales e ilegales.
Esto no puede seguir. Es tiempo de poner fin a tanta permisividad, a tanta indiferencia e insolidaridad. Es impostergable el cese de un sistema político-económico sustentado en inequidades sociales, nutrido de poblaciones empobrecidas como fuente de votos para retener o llegar al poder, mano de obra barata que garantiza la rentabilidad empresarial, usada para atraer capitales extranjeros, permitiéndoles pagar salarios mínimos que rozan la línea pobreza.

La hora de la acción. El modelo de desarrollo no es sostenible. El riesgo de retroceso económico ha sido advertido, obliga a la acción, a superar las brechas y restricciones que socavan la posibilidad de un desarrollo económico y social.
Se impone un nuevo esquema con un enfoque de derechos, más inclusivo, que tenga en el centro a la gente, en el que se articulen lo económico, social y medioambiental. Un cambio que permita el crecimiento económico con desarrollo social, basados en la incorporación intensiva de conocimiento e innovación, en aumentos de la productividad y en la generación de valor agregado.
Será preciso que gobernantes y gobernados respeten la Constitución y las leyes, conformar un estado con real independencia de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que ponga fin a la crisis ética e institucional y garantice la alimentación y el trabajo, la educación y la salud
Un gobierno sin populismo ni demagogia, que en interés de privilegiar proyectos de mayor rentabilidad política no postergue prioridades de la agenda nacional inmediata, como la ley de partidos, el pacto eléctrico, un sistema tributario progresivo que frene la desigualdad, entre otros proyectos que erradiquen carencias ancestrales y priorice la protección de los recursos naturales.
Con el concurso de todos emergería una nueva sociedad en la que la juventud sea la principal fuerza impulsora. Lograrlo implica mayor integración y solidaridad, un cambio de mentalidad y actitudes, la formación de una ciudadanía con una clara conciencia social, dotada de valores morales y virtudes cívicas convertidas en acción.