La “Operación Manos a la Obra” inició la transformación de Puerto Rico convirtiendo su economía agrícola en industrial y de servicios. Décadas después, en 1976, la sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos aprobó un atractivo incentivo tributario para que las subsidiarias de compañías americanas pudieran remitir sus beneficios a la casa matriz sin pagar el impuesto federal sobre utilidades.

Además, por su parte, el Estado Libre Asociado estableció un impuesto de repatriación sobre los beneficios de solo 10% , que se reducía si parte de esos dividendos se invertían en bonos del Estado o se depositaban en bancos locales.

La sección 936 procuró crear empleos masivos pero su efecto más relevante fue un crecimiento inusitado de bancos locales y la llegada de muchos bancos extranjeros de importancia mundial. Además, se instalaron múltiples empresas farmacéuticas y de manufactura de componentes electrónicos.

Se reportó que entre 1982 y 1983 las corporaciones 936 en conjunto y las farmacéuticas en particular obtuvieron ganancias exorbitantes. Como no ocurrió una correlación entre los incentivos y los empleos creados la sección 936 sufrió enmiendas en 1982, 1986 y 1993 hasta que en 1996 Clinton la derogó.

Los fondos 936 depositados en bancos ascendieron a 1,586 millones de dólares en 1977, pasaron a 4,000 millones en 1982 y a 7,000 millones en 1985. En esos tiempos de “Guerra Fría” el presidente Reagan planteó la “caribeñización” de los fondos 936 para que también fueran invertidos en países de la “Iniciativa de la Cuenca del Caribe”, ICC o sea, de la “Caribbean Basin Initiative”, CBI.

Rafael Hernández Colón, gobernante de Puerto Rico, acogió con entusiasmo la “caribeñización”. En una intensa campaña de cabildeo prometió a los países de la ICC que les asignaría cuantiosos millones de dólares anualmente para inversiones productivas bajo el modelo de “Twin Plants”, “Plantas Gemelas”, con procesamiento industrial en Puerto Rico, complementado en otros países de la región.

Como embajador en Washington me tocó participar activamente en esas gestiones. Forjé vínculos amistosos con el presidente de la Corporación de Fomento de Puerto Rico “Tito” Colorado y otros funcionarios a quienes planteamos que el acceso a los fondos 936 por parte de nuestros países de la ICC correría graves riesgos con cambios de gobiernos insulares si solo dependía de la voluntad de las autoridades boricuas y que, por tanto, ese derecho debía estar consagrado por ley.

Tuve el honor de testificar en una audiencia pública del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos que sirvió de base para que los legisladores concluyeran aprobando el uso de fondos 936 por los países de la ICC.

Esa enmienda no provocó grandes logros, pues siendo la estructura industrial de Puerto Rico similar a la de otros países de la región fueron escasas las “plantas gemelas” con procesos productivos intrínsecamente complementarios. Ese constreñimiento técnico podía superarse con incrementos de costos de transporte que no eliminaran la competitividad de los productos manufacturados.

Peor aún, los préstamos debían ofrecer garantías de bancos internacionales de primera línea. Es obvio que disponer de tales garantías haría innecesario acceder a fondos 936.

La manifestación de solidaridad desarrollista 936 no pudo superar sus obstáculos inherentes. A diferencia de la 936, las circunstancias actuales son altamente favorables para el éxito del actual modelo “nearshoring”.

Retomemos el lema de “Manos a la Obra”