Remesas y expropiación fiscal

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POR LUIS H. VARGAS
La importancia del envío de remesas de trabajadores residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, a parientes en República Dominicana se confirma mediante la ponderación de este tipo de ingreso de divisas con respecto al fondo de consumo de las masas populares y las transacciones internacionales de bienes comerciales y servicios financieros.

Entre 2000 y 2005, las remesas familiares o transferencias unilaterales netas privadas de la balanza de pagos han saltado de mil 689 millones de dólares a 2 mil 411 millones, aumento equivalente a 722 millones ó 42,7 por ciento. En 2005, en términos relativos, el monto de las remesas significó 10,4% del consumo total de las cuentas nacionales, al mismo tiempo que registró 255,4 % del gasto gubernamental en los servicios sociales de educación y salud.

En dicho año, las remesas representaron también 173 dólares por cada 100 exportados, 33 dólares por cada 100 importados, 104 dólares por cada 100 del saldo comercial exterior  de las zonas francas industriales, 172 dólares por cada 100 generados como valor agregado en el sector turístico, 268 dólares por cada 100 contabilizados como inversión directa extranjera y 277 dólares por cada 100 pagados por concepto de servicio de deuda externa.

Más todavía, es de esperar, en los próximos años, que estos aportes a las demandas de consumo y de inversión y a las cuentas internas y externas del país tiendan a aumentar de manera absoluta y relativa, en razón de tendencia creciente, aunque sea mínima, de las remuneraciones laborales, el aumento de la cantidad de inmigrantes a corto plazo en Estados Unidos y la devaluación inevitable de la moneda peso dominicano frente al dólar y el euro.

En las recientes elecciones celebradas en Estados Unidos, los demócratas lograron obtener mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Esta victoria supone un impulso favorable a las negociaciones entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en torno a votar una ley favorable a la legalización de indocumentados, apoyar mayores partidas presupuestarias a educación, energía y vivienda económica y pactar la suspensión de la privatización del seguro social a cambio de la aprobación de acuerdos comerciales convenidos entre el gobierno norteamericano y otros gobiernos, incluyendo el de República Dominicana.

Además, en tales elecciones seis estados aprobaron subas respectivas de la tarifa salarial mínima legal por hora, al grado de que a la fecha de hoy ya son 24 estados que cuentan con salarios mínimos por encima del salario mínimo legal federal de US$5,15 por hora.

De aquí que si sumamos el crecimiento de la comunidad nacional de dominicanos residentes en el extranjero, en especial de trabajadores asalariados y pequeños empresarios, una mejoría en los servicios sociales de instrucción escolar, viviendas para familias de escasos ingresos y salubridad y una subida de los salarios mínimos establecidos por ley, el resultado no sería otro que el incremento de la renta familiar real, toda vez que se constata el bajo nivel en que se mantiene la tasa de inflación.

Por desgracia, frente a esta perspectiva, en cierto sentido positiva, el gobierno central no presta atención relevante alguna a los dominicanos residentes en el exterior, excepto para imponerles gravámenes directos e indirectos, eminentemente lesivos a la vida familiar y provechosos a las finanzas públicas, en particular las operaciones parasitarias de la banca central.

En tal sentido, resulta inaceptable para los inmigrantes criollos tener que pagar elevadas tarifas por servicios consulares y aeroportuarios, altísimos precios por boletos de avión y comunicaciones internacionales, prohibitivas comisiones por transferencia de dólares a través de las agencias de cambio y, sobre todo, criminales tributos cargados a la tasa cambiaria vigente.

Este impuesto equivale hoy día a cerca de 15 pesos por un dólar, resultado de la diferencia entre tasa de cambio de mercado de casi 48 pesos por un dólar y tasa de cambio sobrevaluada de aproximadamente 33 pesos por un  dólar. En pocas palabras, estamos hablando de que el presidente Fernández arrebata a las familias dominicanas poco más o menos 3 mil 300 millones de pesos mensuales o 39 mil 600 millones al año.

Para colmo de males esta expropiación presidencial del fondo de consumo familiar se acompaña de una errada política exterior y disparatada diplomacia, en vez de concentrar esfuerzos y recursos en la defensa de migrantes dominicanos en el extranjero, en la unificación de los países latinoamericanos, en especial con México, Centroamérica y El Caribe, la consolidación de las relaciones con Haití y el logro de mejores acuerdos comerciales binacionales e internacionales.

Una prueba del fracaso de la política exterior del presidente Fernández se observa en los raquíticos logros obtenidos en el reciente viaje de la delegación a Washington, a los fines sostener reuniones en la Casa Blanca, dependencias gubernamentales y organismos transnacionales. Exceptuando el espectáculo de la recepción presidencial en la Casa Blanca que se aprovechó con propósitos reeleccionistas del mandatario Fernández, el gobierno central no alcanzó ningún objetivo importante.

En esta ocasión, en vez del presidente Fernández conversar con el presidente Bush sobre el orden de prioridad de República Dominicana: migración, comercio e inversión y seguridad, frente al orden de prioridad de Estados Unidos: seguridad, comercio e inversión y migración, prefirió desempeñar funciones propias del embajador o secretario de Estado, particularmente de cabildeo de intereses privados y de solicitud de mengua de las presiones diplomáticas estadounidenses.

Por ejemplo, el Dr. Fernández no escatimó esfuerzos en cabildear un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el pronto desembolso pendiente del Banco Mundial de apoyo al negocio eléctrico, la postergación de la resolución gubernamental de Estados Unidos de exigir el porte de pasaporte a los americanos que viajan al Caribe y la flexibilización de programa de ajuste económico del FMI, pero en todos estos puntos rotuló un rotundo fracaso.

Frente a esta situación, es evidente que cada vez más trabajadores, empresarios y migrantes toman conciencia de que la gestión gubernamental fernandecista ya fracasó y que urge sustituir las políticas neoliberales, de factura fondomonetarista, por políticas públicas favorables al mejoramiento de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las familias nativas, las clases asalariadas y los migrantes en el extranjero, y, también, por programas y planes de innovación tecnológica y de acrecentamiento de las tasas de productividad de las empresas criollas para que puedan competir airosamente en los mercados exteriores e interiores.