FEDERICO HENRÍQUEZ GRATEREAUX
Cada cierto tiempo aparece en los periódicos la noticia de que «las cámaras legislativas han aprobado miles de contratos de venta de bienes del Estado».  El pasado miércoles el Diario Libre informó que en la Cámara de Diputados se habían validado mil contratos de venta de «inmuebles, viviendas y terrenos del Estado».   Esos contratos, aprobados por unanimidad, con ochenta diputados presentes, tenían casi veinte años en los archivos de los legisladores.

Cada gobierno vende a sus funcionarios y paniaguados, a precio vil, alguna propiedad, rural o urbana, del patrimonio de la nación dominicana.   Los precios los establecen organismos del Poder Ejecutivo con facultad para vender; la venta se hace, los bienes se entregan, el comprador entra en posesión de ellos y, algunos años después, los legisladores aprueban o ratifican el contrato de venta.   Cuando esto ocurre se trata ya de «hechos cumplidos».

Hace unos meses cuatro mil de estos contratos recibieron la aprobación de las cámaras.  Copias de los expedientes estuvieron a disposición de la prensa en la «pagina oficial de la Cámara de Diputados en Internet».  Alfredo Pacheco, presidente de la cámara baja, declaro a los medios de comunicación:  «una de las metas de nuestra gestión es, precisamente, reducir el problema que durante décadas ha afectado, y casi impedido, el cumplimiento de la atribución constitucional de aprobar o no los contratos de transferencia de inmuebles sometidos por el Poder Ejecutivo».

Cualquier interesado puede averiguar a cuanto asciende el monto total de estas ventas de bienes del Estado; lo mismo el precio por metro de un terreno, o el nombre de la persona o empresa «beneficiada» con la venta de esas propiedades públicas.   Pero lo importante no es «enterarse de un chisme», saber a quien le dieron esto o aquello, para determinar así «el tamaño de la cola» que podría «pisarse» al político tal o cual. Es este un proceso continuo de «privatización espuria» que permite medir el volumen enorme de los bienes del Estado.  Y así como se habla de nuestra «capacidad de endeudamiento», debería mencionarse nuestra «capacidad de pagos» mediante la venta de activos gubernamentales.  Con la «riqueza inmobiliaria» del Estado es posible pagar compromisos financieros del Estado.

En vista de la existencia de un grandísimo déficit cuasi fiscal en las operaciones del Banco Central, es pertinente saber en cuanto podríamos reducirlo con la «enajenación de las joyas de la corona», como dice burlonamente el ingeniero José Israel Cuello.  Lo que se hace para beneficio privado podría también hacerse para beneficio colectivo.  ¿En cuanto podría disminuirse la inflación de los precios a través de la cancelación de certificados financieros del Banco Central?  ¿En que medida podría incrementarse el valor de nuestra moneda convirtiendo títulos en bienes?  Es probable que algunas de las personas que arriesgaron su dinero por ganar altas tasas de interés, vean «con simpatía» la transformación de «moneda mala» en tierras o «propiedades buenas».

Los partidos políticos dominicanos gastarán 1,240 millones de pesos en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2005.  Ahora la Junta Central Electoral tendrá que organizar «las primarias» de nuestros partidos.  El gasto público excesivo ha sido la causa del déficit presupuestario que nos condujo al endeudamiento externo.  Los dirigentes de los partidos políticos podrían contribuir a resolver el déficit cuasi fiscal del Banco Central si renunciaran por dos años a comprar bienes del Estado.  Seria una suerte de compensación por el crecido «gasto publico sin objeto visible» que producen año por año.  Y ese «alivio monetario» haría mas cómodo el manejo del otro déficit: el de las cuentas nacionales de  la RD.    En resumen, el poder dispendiador y desordenador de los partidos políticos será muy pronto el eje de las preocupaciones de la sociedad dominicana, especialmente de la porción que más trabaja y menos consume.