POR DIEGO PESQUEIRA
El Consejo Superior Policial dispuso ayer el traslado de todo el personal que presta servicio en el Departamento de Investigaciones de Vehículos Robados, y que los sustitutos sean agentes con la formación académica suficiente e integridad moral, seleccionados por una comisión especial.

Además, el Consejo Superior Policial, encabezado por Franklin Almeida, secretario de Interior y Policía; Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República y el jefe de la Policía, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, dispuso que se ofrezca un informe detallado cada mes de todo lo sucedido en el Departamento de Recuperación de Vehículos Robados.

En lo adelante todo vehículo retenido o que sea recuperado por haber sido robado a su propietario, inmeditamente se le informe por escrito al fiscal de la jurisdicción y a su equivalente en el interior del país.

En caso de que el vehículo sea retenido por causas atendibles debe ser enviado al Departamento de Policía Científica, para que allí se emita un informe de la condición del mismo y posteriormente entregado a la autoridad judicial señalada. Este proceso debe ser terminado en un plazo de 48 horas.

El Consejo Policial recomendó a la Superintendencia de Seguros emitir los reglamentos y/o resoluciones necesarias para que las compañías aseguradoras, cuando reciban vehículos que constituyan salvamentos, no puedan negociarlos en el mercado como tales y que a la vez envíen a la Dirección de Impuestos Internos, la documentación de los vehículos para que las matriculas y cualquier otro documento sean cancelados.

El Consejo, en su resolución 012-04, declaró a unanimidad «una violación grave a la disciplina» que miembros de la Policía no hayan entregado a la fecha vehículos recuperados y que son utilizados por oficiales y otras personas.

En lo adelante cada oficial designado como comandante del Departamento de Vehículos Robados, reciba estas funciones, previo a un informe de auditoría debiendo tanto el entrante como el saliente hacerlo ante el director del Investigaciones Criminales, debiendo remitir copias al sub jefe, al Inspector General, al director de Asuntos Internos, para su evaluación.

Dispuso, además el Consejo Superior Policial, que el inspector del Departamento de Vehículos Robados, sea designado por el Inspector general de la Policía, quien deberá tener el mismo rango y jerarquía que el comandante del Departamento, con funciones delimitadas para  entregar los vehículos que sean recuperados y/o retenidos, junto al fiscal de esa jurisdicción.

«Que se prohiba a todo oficial o alistado que preste servicio en el Departamento de investigación de vehículos robados, realizar cualquier tipo de transacción de vehículo de motor o parte de estos, con las mismas compañías de seguro o representantes de las mismas, sin previa autorización del Inspector General de la Policía», acordó elConsejo.

Esta medida fue adoptada debido a que se detectó casos de varios oficiales de la Policía habían adquirido como salvamentos, vehículos de los que fueron recuperados.

También en lo adelante el comandante del Departamento de Vehículos Robados tendrá que realizar un informe mensual detallado, que habrá de contener la cantidad de vehículos sustraídos, recuperados y retenidos por esa unidad policial, a nivel nacional, así como cualquier otra información de relevancia.

Además de las autoridades antes citadas el Consejo Policial lo integran el mayor general José Luis Domínguez Castillo, y los generales de brigada Deisy Liriano, Miguel Mateo López, Rafael Calderón Efres, Reynaldo Mauricio Moreno, Bernardo Santiago Santiago, Juan Tomás Taveras Rodríguez, Rafael Bencosme Candelier, Ramón Alvarez y Alvarez, Rafael Guzmán Fermín y el mayor general (r), José Félix Hermida González.

También los coroneles Mario Torres Paniagua, Leocadia Santos Peña y Leonte Rafael Alburquerque.