Después de tantos intentos fallidos, que desilusionaron hasta los más comprometidos con «tan noble causa», ayer renació la esperanza de que el país pueda contar con una ley contra el grado a grado en la asignación de obras públicas y la contratación de servicios por parte del gobierno.

En un encuentro con editores económicos, organizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), representantes del Congreso, ingenieros, consultores internacionales y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, anunciaron que fue introducido el proyecto de ley de contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones, el cual había perimido en la pasada legislatura a pesar de haber sido aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados.

El ingeniero Roque Napoleón Muñoz, quien lleva 43 años luchando porque en el país se regule por ley la asignación de obras públicas para evitar la corrupción, admitió que había perdido la esperanza de que esto se hiciera realidad, tras tanto intentos infructuosos por lograrlo desde Cristhian Maluf sometió durante la administración del presidente Guzmán una iniciativa en ese sentido.

Sin embargo, dijo que su actitud cambió luego de leer una información en uno de los periódicos nacionales en la cual se afirma que Estados Unidos estaba contra el grado a grado y que había fijado esa posición en las negociaciones del TLC con la República Dominicana.

Además, dijo que ese cambio de actitud se fortaleció al recibir la información de que el diputado Alejandro Montás había reintroducido el proyecto para regular la contratación, por parte del gobierno, de obras, bienes y servicios, así como las concesiones.

No sólo en Muñoz ha renacido la esperanza. También en el consultor internacional Jaime Sánchez, quien confesó que se había sumado en los últimos meses a los ánimos abatidos, pero que la reintroducción del proyecto del diputado Montás le ha vuelto a levantar el ánimo.

Los presentes en el encuentro pidieron que todas las organizaciones de la sociedad civil se sumen a los esfuerzos para que sea aprobada una ley que regule la contratación de obras y las compras gubernamentales.

Para resaltar la importancia de este esfuerzo, el ingeniero Muñoz afirmó que «el grado a grado es el foco más infeccioso para promover la corrupción».

«No hay ningún aspecto económico ni aspecto administrativo en el gobierno que implique lo que representa un grado a grado en materia de corrupción y de dilapidación de recursos», expresó.

Lamentó que la República Dominicana sea el único país del mundo que, en pleno siglo XXI, asigna la mayoría de las obras públicas de grado a grado.

Dijo que para cambiar esa situación se requiere de voluntad política, y recordó que en el gobierno de Juan Bosch en el 1962 no se hizo ninguna obra grado a grado, a pesar de que no había una legislación que lo obligara.

Dijo que no crea en promesas de los políticos, sino en la voluntad política para que las cosas cambien.

Recordó que el presidente Hipólito Mejía hizo 48 pronunciamientos cambatiendo el grado a grado, cuando Leonel lo daba, pero que ha hecho nada para eliminar esa práctica.

Comentó que cuando en una ocasión sostuvo un diálogo con legisladores para impulsar la aprobación del proyecto de ley que regula la asignación de obras públicas y compras gubernamentales, representantes del partido oficial le comentaron que si en la administración de Leonel Fernández no se eliminó esa práctica, ahora ellos iban a aprovecharse del grado a grado.

Donnie Harrinton, representante de la USAID, expresó el apoyo de esa entidad a la iniciativa legislativa para recular la asignación de obras públicas y compras gubernamentales.

Advirtió que el costo para el país de no aprobar y aplicar esa iniciativa es inmenso.

Explicó que con el grado a grado se fomenta la corrupción y se crean distorsiones económicas que alejan la inversión y reducen el crecimiento económico, se erosiona la legitimidad y capacidad institucional de la administración pública y disminuye la calidad de las obras y servicios, al tiempo que aumenta su costo.

Amable Montás, quien hizo la presentación de la iniciativa legislativa, consideró que es una prioridad urgente conocer, discutir y aprobar una nueva ley de contratación pública para la adquisición de bienes, obras, servicios y concesiones.

Afirmó que el proyecto que cursa en el Congreso Nacional, enriquecido y aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, cumple con los rigores que exige la actualidad del hemisferio con una visión de futuro.