La renegociación de los contratos entre el Estado y las empresas del sector eléctrico tiene que ser valorada como un acto de suprema necesidad para el país. De ninguna zmanera puede prolongarse más la vigencia de una situación de abuso incalificable que se comete contra los usuarios que pagan por la energía.

No puede ser que el precio de la energía en este país tenga topes tan altos, que jamás han sido justificados sobre la base de una exposición transparente de costos generales.

Los llamados «Acuerdos de Madrid», que fueron vendidos al país como la solución más idónea para las distorsiones del mercado energético, realmente empeoraron la situación y profundizaron los agravios.

El sector eléctrico ha hecho incosteable el precio de la energía, en perjuicio no solamente de los hogares, sino también de la industria y el comercio, y de la economía en  general.

Y ha mostrado que en la misma medida en que es incapaz de cobrar la energía consumida por sectores morosos, es bastante hábil para prorratear sus déficit entre los usuarios puntuales en los pagos.

Es realmente inconsistente el argumento en que el sector eléctrico trata de fundamentar su resistencia a la renegociación de sus contratos con el Estado, pues este proceso en modo alguno podría desconocer las deudas oficiales con dichas empresas.

Lo sensato sería que la renegociación fuera el resultado de una reflexión de parte del sector eléctrico, de una deposición de los obstáculos que ha estado anteponiendo al interés del Gobierno.

Pero a falta de esa reflexión, el Gobierno está en el deber de recurrir a los instrumentos jurídicos internacionales a que tiene derecho para hacer valer su interés porque el negocio de la energía se base en condiciones menos abusivas y onerosas para la economía.

Inventario

El jefe de la Policía, mayor general Bernardo Santana Páez, ha anunciado un censo para establecer dónde presta servicio cada policía.

La decisión respondería a la queja del secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, en el sentido de que un alto número de policías está destinado a custodiar funcionarios y otras personalidades.

Ya se tiene como referencia la jefatura policial anterior, que frente a observaciones similares de Almeyda Rancier fracasó en el intento de recuperar personal «prestado» para labores ajenas a la función policial.

De principio, el censo anunciado por el jefe policial es una buena iniciativa, pero es bueno recordar que cada policía está adscrito a un departamento o sección en particular, aunque en la práctica cotidiana esté sirviendo de custodia, guardaespalda o mandadero.

Auguramos que esta iniciativa permita recuperar ese personal que tanta falta hace para garantizar la seguridad ciudadana.