Una prematura campaña de aspiraciones al poder muestra a entes partidarios en vigorosos ejercicios críticos a la caza de todo aquello que parezca injusto o dañino a la colectividad sin que se perciba en la aspereza de discursos una mínima atención a la urgencia de actualizar las leyes que rigen a la Junta Central Electoral, las consultas ciudadanas y a las agrupaciones.

No muestran, suspicazmente, preocupación por las imperfecciones y obsolescencias de regulaciones que deben ser sustituidas para fortalecer el principio de autoridad arbitral y lograr una auténtica contraposición a comportamientos lesivos de cualquier naturaleza que entorpezcan o desvirtúen los procesos que deben captar con fidelidad la voluntad popular.

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La preeminencia de los liderazgos sobre las funciones legislativas, colocados ellos en viejos y similares estilos de hacer política sin poner oídos en la sociedad, no ha estado al servicio de la modernización, funcionalidad y preservación de imperativos éticos que deben caracterizar estatutariamente a los mecanismos del orden electoral para que la democracia funcione libre de peligros.

Siendo imprescindibles en los ejercicios políticos, los partidos deben actuar en consonancia con el ideal de transparencia, libre participación y controles contra la gravitación de intereses y malas artes en busca de posiciones de mando y lealtades por vía de urnas. Hay tiempo todavía para suprimir debilidades al sistema electoral antes de las justas de 2024.