Si de verdad existe voluntad de evitar gastos injustificados y cuestionables en el ámbito oficial, los desmedidos casos atribuidos a la Cámara de Cuentas deberían estar en la agenda del Poder Legislativo para averiguaciones a fondo. El país reclama respuestas sobre los muchos millones puestos a rodar allí como si la burocracia y la dirección del organismo llamado a fiscalizar actos administrativos pertenecieran a un Estado Idílico, con superávits en recaudaciones y abundancias del primer mundo; sin deudas enormes con bancos locales y extranjeros y sin la urgencia extrema de encontrar más dinero para que el Gobierno pueda cumplir obligaciones, incluyendo ella que por ley dispone indexar todos los salarios y no solo los de las altas instancias que abusan de sus discrecionalidades.
La ejecución transparente de pagos por servicios en dependencias públicas no debe ser de pura teoría y apariencia. Debe actuarse bajo techo de cristal, más allá del discurso bonito y los pregones radiales y televisivos que pintan pulcritud mientras el país es impactado por noticias que traslucen imperfecciones. El Congreso tiene que cumplir ya su obligación de revisar las cuentas nacionales en forma verosímil, sin cerrar sus oídos a las divulgaciones, en ocasiones bien documentadas, sobre usos injustificados de recursos. Esa alegre forma de administrarse no se compadece con el interés de recaudar más.

Preocupación  y repudio

Las amenazas a la vida de la periodista Alicia Ortega proferidas al interior de la cárcel de La Victoria, según confiable información recogida por la propia reconocida periodista investigadora, generan preocupación. Estamos ante un peligro real para su integridad física y para el libre ejercicio del periodismo en cuya preservación tienen que emplearse a fondo las autoridades nacionales que ya formularon compromisos en ese sentido. En un estado de derecho debe estar garantizada la actividad periodística que va más allá de la superficie de las cosas para llevar a la luz pública informaciones que la sociedad necesita para fijar criterios sobre la realidad, lo que en ocasiones afecta intereses capaces de reaccionar violentamente. Todo presagio de que algo así está en mente debe ser tomado con alarma y expresiones de repudio de la sociedad.