GUATEMALA (AP) — El ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla renunció al cargo, en medio de una crisis institucional por la que atraviesa el país por escándalos de corrupción que vinculan a funcionarios cercanos al presidente Otto Pérez Molina.

Jorge Ortega, vocero presidencial confirmó a The Associated Press, la renuncia del funcionario y dijo que será oficializada en breve por el presidente Pérez Molina.

Se recuerda que millares de indígenas y campesinos guatemaltecos manifestaron ayer en las calles de la capital para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez, cuyo gobierno se encuentra acorralado por varios escándalos de corrupción.

El último capítulo de esta trama se registró este miércoles con el arresto de directores del banco central y de la seguridad social, acusados de fraude fiscal por la fiscalía.

Campesinos e indígenas marchan pidiendo la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez, por los escándalos de corrupción. AFP

El mandatario consideraba ya superada la crisis iniciada hace un mes al revelarse una red de defraudación fiscal en aduanas, que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuando ahora se anuncia la detención de los principales ejecutivos del banco central y de la seguridad social.

Mientras los manifestantes se concentraban en el centro de la capital con llamados a erradicar la corrupción, la cúpula directriz del Banco de Guatemala (Banguat, central) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fueron arrestados acusados de participar de un fraude por 14,5 millones de dólares en este organismo.

Entre los detenidos figura el presidente del IGSS, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano al mandatario, y el presidente del Banguat, Julio Suárez, indicó el Ministerio Público (fiscalía) en un comunicado. Pérez había nombrado a Rodríguez, quien se había desempeñado anteriormente como secretario privado del mandatario, al frente del IGSS en abril de 2013 para combatir la corrupción en esa institución. De acuerdo con la fiscalía, los detenidos están involucrados en la adjudicación irregular de un contrato del IGSS por 116 millones de quetzales (unos 14,5 millones de dólares al cambio) en favor de la Empresa Farmacéutica Pisa de Guatemala. La farmacéutica obtuvo en diciembre pasado la concesión del servicio de diálisis peritoneal de pacientes de la institución de seguridad social. Las autoridades acusan a los detenidos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cobro ilegal de comisiones y cohecho activo.

El nuevo escándalo estalló en momentos en que el presidente enfrenta una intensa presión de la población, que ha salido masivamente a las calles para exigir su renuncia. La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU para combatir estructuras ilegales dentro del Estado.