WASHINGTON (AFP).- Los extranjeros detenidos en la prisión estadounidense en Guantánamo, Cuba, están impedidos de usar el sistema judicial de Estados Unidos para oponerse a su detención, dictaminó un tribunal federal de apelaciones ayer.

La corte de circuito del distrito de Columbia (Washington), por dos votos a uno, rechazó los argumentos de los detenidos de que sus casos no estaban cubiertos por la Ley de Comisiones Militares, aprobada por el Congreso el año pasado, luego de que la Corte Suprema cuestionó la legalidad de las cortes marciales inicialmente establecidas por el presidente George W. Bush.

«Los argumentos son creativos, pero no convincentes. Aceptarlos sería desafiar la voluntad del Congreso», dice el fallo. El tribunal de apelaciones también rechazó el argumento de que la Ley de Comisiones Militares privaba a los detenidos del derecho de presentar peticiones de «habeas corpus» para oponerse a sus detenciones sin cargos ni pruebas.

«Los precedentes en esta corte y en la Corte Suprema establecen que la Constitución no confiere derechos a los extranjeros sin propiedades o presencia dentro de Estados Unidos», dice el fallo.

«Nuestro único recurso es anular» la decisión, escribió la corte, citando una «carencia de jurisdicción».

Se espera que el caso ahora vaya a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo de este martes es el más reciente episodio en un debate nacional sobre la suerte de los detenidos en Guantánamo, luego de que el Gobierno de Estados Unidos los designara «combatientes enemigos» en 2001 y los mantuvo por años sin presentar cargos en su contra.

En junio de 2006, la Corte Suprema dijo que los tribunales militares propuestos por el Gobierno eran ilegales porque no fueron autorizados por el Congreso, una omisión que la mayoría republicana de entonces solucionó con una legislación aprobada cuatro meses después.

Luego que el Congreso aprobara la legislación sobre las cortes militares, funcionarios del Pentágono dijeron que entre 60 y 80 de los detenidos en Guantánamo serían presentados ante dichos tribunales.

Entre ellos el presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, Khalid Sheik Muhamad, y el llamado «talibán australiano», David Hicks.

El presidente Bush emitió una orden ejecutiva el miércoles pasado para dar inicio a los procedimientos legales, pero no está claro cuándo comenzarán.

En tanto, el Departamento de Defensa emitió el mes pasado un manual de 238 páginas con reglas para los juicios.

El documento generó polémica entre legisladores y los abogados defensores, ya que admite como evidencia la información obtenida bajo coerción y por rumores, siempre que un juez militar la considere creíble.

Los hallados culpables pueden ser condenados a muerte por orden del presidente de Estados Unidos.