Algunos de los más de 40 excarcelados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la víspera y el día de Navidad se quedaron ayer en ascuas y a la espera de conocer las condiciones de su libertad, luego de encontrar cerrados los tribunales que llevan sus causas.
Una de las liberadas el sábado pasado que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.
González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García. Según confirmó García a Efe, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y “los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero».
En la misma situación está el ingeniero Juan Miguel de Sousa, que también está representado por García y lleva en prisión desde enero de 2015 acusado de “terrorismo” y “asociación para delinquir” y salió con González y Grossi de la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide.
Otro de los liberados que pasará las fiestas sin saber sus condiciones de libertad es el dirigente estudiantil Jhosman Paredes, preso desde 2014 que se quejó de que los tribunales no estén trabajando.
La parálisis de procesos judiciales porque los tribunales no se encuentran operativos es un fenómeno habitual en Venezuela, una situación que los abogados defensores de los derechos humanos ven como una forma de alargar los procesos y evitar así liberar a quienes consideran “presos políticos” por falta de pruebas.
La abogada Ana Leonor Acosta y defensora de uno de los liberados el fin de semana explicó a Efe que en el actual sistema que se maneja en Venezuela “el Gobierno da la orden” de las liberaciones y después los excarcelados tienen que irse “a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas” que les dieron.