En el acto de puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que modifica significativamente las pautas para la persecución y castigo del delito, el Presidente Leonel Fernández ha invocado la necesidad de reformas a la Constitución de la República, el régimen carcelario y que la Policía Nacional sea sometida a un proceso de modernización y depuración.

Ciertamente, las nuevas pautas procesales en materia penal, que ponen énfasis en el respeto de la libertad individual como condición natural del ser humano, encontrarían serios obstáculos si la Policía Nacional y el régimen carcelario mantuvieran sus características actuales, fundamentadas, básicamente, en el apremio corporal como fase inicial de la investigación, sin el predominio de la evidencia como elemento que lo justifique. Por tanto, las reformas en estos ámbitos «se caen de la mata» y necesariamente tienen que estar orientadas a fortalecer y respaldar las reglas procesales.

Es más, los cambios en el régimen penitenciario y la Policía serían, más bien, fases de un proceso de reformas iniciado en la justicia con la creación del Colegio Nacional de la Magistratura, y en el cuerpo represivo con la aprobación de la Ley de Reforma Policial. El mismo Código Procesal Penal es un  eslabón de esa cadena.

Está claro que la necesidad de continuar los cambios la imponen los tiempos, por la globalización de las relaciones y la evolución del delito conforme avanza el progreso.

-II- La reforma constitucional, también necesaria, tiene en cambio vertientes que deben ser manejadas con mucha delicadeza, pues en ocasiones se la ha usado como herramienta de grupos políticos para acomodar el ordenamiento jurídico de la nación a sus ambiciones particulares. Los resultados de esta práctica han sido catastróficos.

La más reciente reforma de la Constitución sirvió para instaurar la reelección presidencial y así dar riendas sueltas a una orgía proselitista cuyas consecuencias estamos padeciendo y padeceremos por mucho tiempo más. Una reforma concebida en esos términos, basada en esas motivaciones, constituye un grosero irrespeto a la institucionalidad del país.

Recordemos que, inclusive, los precursores de esta reforma echaron por tierra un verdadero pacto del que fueron suscribientes representantes meritorios de nuestra sociedad.

Por eso y salvando las diferencias de mérito y estilo, que las hay, al invocar el Presidente Fernández la necesidad de reformas en la Constitución nos sentimos en el deber de plantear que las mismas sean el resultado de la más amplia consulta y basadas en premisas que indudablemente puedan tener incidencia en el desarrollo nacional.

Estamos más que convencidos de la necesidad de esas reformas, pero hay lugar para temer que el pronunciado desequilibrio actual de las fuerzas representadas en el Congreso Nacional puedan poner el balón de las reformas en la cancha equivocada, en la misma que en un pasado no tan lejano se jugaron los partidos que condujeron al país por el descalabro económico y financiero que hoy nos atormentan.