Conocidos los resultados de la auditoría realizada por una comisión de expertos encabezada por la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Anabelle Alfaro, a las 116 muertes que se atribuyen al dengue, que puso en evidencia las debilidades de los médicos en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, se entiende la reacción  inicial de representantes  del Colegio Médico  Dominicano   (CMD) de que este no es el momento de buscar culpables sino de aunar esfuerzos para evitar que esas muertes  sigan produciéndose. Lamentablemente no es posible complacerlos, pues si hoy no  se determinan culpas y responsabilidades, ni se  imponen   los correctivos pertinentes, mañana será imposible   evitar  la repetición de  esas vergonzosas estadísticas. Está claro,  sin embargo,  que los médicos  no son los únicos  a los que hay que señalar con el dedo acusador; en ese saco hay que meter a las universidades que los forman y, sobre todo, a las autoridades encargadas de velar porque esa formación sea la adecuada y porque en los centros de salud, tanto públicos como privados, se  apliquen los protocolos diseñados  para el tratamiento  del dengue y otras enfermedades prevenibles. Estamos hablando, por cierto,  de las mismas autoridades que ordenaron esa auditoría,  que luego de conocerse sus resultados se comprometieron a intensificar los esfuerzos de capacitación y actualización sobre el dengue a los integrantes del personal público de salud, y también a exigir a todos los profesionales del área recibir la capacitación en esa enfermedad como pre-requisito para ingresar a los hospitales y centros del primer nivel de atención. ¿Por qué esas acciones no se tomaron antes? La pregunta da  vueltas en mi cabeza desde que me convencí, gracias  precisamente a esa   auditoría, de que alguien debe pagar las consecuencias de tanto descuido, para no decir de tantas muertes absolutamente innecesarias.