A pesar de que el presidente Leonel Fernández reconoce que el último año ha sido realmente difícil para la economía nacional, aparentemente todavía no contempla la menor restricción en el gasto corriente, especialmente en el de personal, que ha seguido creciendo, elevando la nómina pública casi a 600 mil empleados, incluidos 95 mil pensionados, según dio cuenta esta semana el reputado economista Carlos Despradel.

Los datos disponibles indican que en el primer cuatrimestre del año el gasto de personal del Gobierno se incrementó en 20 por ciento, proporción más significativa si se tiene en cuenta que es en relación al primer cuatrimestre del año pasado, pleno período de la campaña reeleccionista que elevó la repartición del patrimonio público y originó un déficit fiscal superior a los 55 mil millones de pesos. 

Ya al reportarse los resultados del primer trimestre de este año, se registró el crecimiento del gasto de personal, lo que el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, quiso justificar por el incremento salarial dispuesto en julio pasado. Pero este fue del 15 por ciento y sólo para los empleados que perciben hasta 30 mil pesos mensuales.

A partir de agosto pasado el presidente Fernández auspició un festival de incremento de las botellas como premios políticos a sus últimos devotos, mientras  sostenía que lo peor de la crisis económica internacional ya había pasado y que no veía cómo podía afectarnos. Entonces escribimos que si el mandatario aceptaba la realidad no podría mantener esa expansión del gasto.

 Pero resulta que esta semana en una disertación en un seminario internacional, el doctor Fernández se despacha con que desde marzo del año pasado ha tenido que afrontar “el período más grave y severo, de mayores precariedades a nivel de Gobierno que yo he sentido en todo el tiempo que he estado en el ejercicio gubernamental”.

Pero aún así el número de empleos estatales y los niveles de los altos salarios siguen en ascenso, al igual que las reparticiones que se realizan a través del programa Solidaridad, que ya abarca a más de 800 mil personas, lo que implica que un millón 400 mil reciben ingresos del Estado, en baja proporción altísimo y la gran mayoría ínfimos.

La carga es desproporcionada para un país con tantas precariedades estructurales, donde todos los días la población tiene que realizar disturbios en reclamo de satisfacción a necesidades elementales, como las de agua potable, energía eléctrica, reparación de calles, caminos y carreteras, construcción de escuelas y centros de salud.  Con una disminución de sus ingresos estimada en un 20 por ciento en el primer cuatrimestre, es inconcebible que el gasto de personal siguiera en ascenso. Pero contrasta e irrita saber que en ese período a educación y salud se destinó un 17 por ciento y un 21 por ciento menos de lo presupuestado, como documenta Edwin Ruiz en un reportaje en el semanario Clave. 

Es obvito que este Gobierno se acostumbró a un nivel incontrolado de gastos, gracias a las cuatro reformas tributarias realizadas entre 2003 y 2007, que elevaron sus ingresos en un 143 por ciento entre el 2004 y 2008, período en el que la inflación no pasó del 30 por ciento. Y ahora no puede dar ni la mínima señal de austeridad en medio de una crisis económica que está lejos de ser superada.

Lo que sí ha reducido significativamente el Gobierno es  la inversión pública, en un alarmante 70 por ciento en el primer cuatrimestre, lo que explica tantas obras paralizadas y tantas calles, carreteras y caminos vecinales en crítica situación, lo que a su vez explica la multiplicación de las protestas sociales.

Como ni a un loco se le ocurriría hablar ahora de una nueva reforma tributaria, el Gobierno cifra todas sus expectativas en endeudamiento externo e interno, éste último en términos alarmantes desde mediados del año pasado. Y se habla de empréstitos como si la  carga de la deuda no fuera el pretexto que el mismo presidente Fernández ha aducido para tratar de justificar las mínimas proporciones que seguimos destinando a educación.

Toda la sociedad debería exigir al Gobierno un plan de austeridad, o por lo menos una congelación del gasto corriente, especialmente del de personal. Y rechazar la carrera de endeudamiento que es al parecer la única estrategia gubernamental para enfrentar la crisis económica, que no olvidemos tiene un importante componente de origen nacional.