Por Alfredo Cruz Polanco

Hace varios meses el presidente de la República, Luis Abinader, informó al país con bombos y platillos que su gobierno iba a repatriar hacia Haití a 10 mil haitianos indocumentados cada semana, lo cual representa una exageración, pues nuestro país no cuenta con la capacidad de logística disponible para tales fines.

Todo parece indicar que dicho anuncio fue más bien para tratar de buscar apoyo para su proyecto de reforma fiscal que en esos momentos fue sometido al Congreso Nacional. Para ese propósito designó al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester como el nuevo incumbente de la Dirección General de Migración (DGM).

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Al principio se observó un dinamismo y un gran operativo en el traslado de dichos indocumentados hacia la frontera con Haití.

Varios funcionarios estuvieron en desacuerdo con la política migratoria enarbolada por el presidente de la República, entre ellos, el ministro de Agricultura, Ing. Limber Cruz, quien expresó que él tenía en su finca de plátanos en La Yerba, La Vega, a cientos de haitianos indocumentados desde hace muchos años y que si estos eran repatriados, la agricultura iba a desaparecer.

Retirado el proyecto de reforma del Congreso Nacional por no contar con el consenso y el respaldo de todos los sectores económicos, políticos y sociales del país, los operativos de repatriación prácticamente han desaparecido, observándose a miles de haitianos indocumentados deambulando en las grandes ciudades y en la zona rural.

En cambio, ha aumentado la entrada masiva de estos al país por todos los puntos fronterizos, a pesar del muro fronterizo que estaba construyendo el Gobierno y que fue inaugurado con apenas unos escasos kilómetros; de haber anunciado que la frontera estaba totalmente blindada en sus más de 350 kilómetros.

Además de la parafernalia de equipos y armamentos sofisticados de guerra, tanques, helicópteros sobrevolando, drones, vehículos blindados, miles de soldados fuertemente armados, carros de combates, etc. y de la gran cantidad de puestos de chequeos por doquier.

Según lo declarado por los propios inmigrantes indocumentados, para permitirles su entrada al país y no ser detenidos, se les cobran entre 10 y 15 mil pesos por cada uno.

La mayoría de los que verdaderamente son repatriados, al día siguiente ya están de regreso, lo único que ahora, según ellos, el boato es más costoso, pues la Policía Nacional, por órdenes superiores, está persiguiendo y deteniendo a los indocumentados, pero no para repatriarles, que es una función que le corresponde a la DGM, sino para cobrarles la suma de 10 mil pesos para ponerlos en libertad.

Muchos de los inmigrantes haitianos poseen pasaportes ya vencidos y alegan que cuando quieren renovarlos, en la Dirección General de Pasaportes les informan que no tienen libretas disponibles.

Ha quedado demostrado que los problemas migratorios de nuestras fronteras y de nuestro país obedecen a factores humanos, pues los responsables de custodiarlas, desde los mandos superiores hasta los de abajo, han sido permeados por la corrupción imperante, lo que ha sido reconocido por el propio Lee Ballester, director de Migración.

Para su erradicación lo que se requiere es educación, formación ciudadana, conciencia patriótica y la aplicación de un férreo régimen de consecuencia en todos los aspectos, que evite el enriquecimiento ilícito prevaleciente.