Sugieren varias interpretaciones los planteamientos del ex presidente Fernández durante el XXXIV período de sesiones de la CEPAL por las incertidumbres sembradas a la austeridad y por abogar por una presión tributaria del 20% que implicaría aumentar nuestros impuestos en más del 50% dentro de los parámetros que él se ha forjado.

Como esos planteamientos se producen apenas dos semanas después de expirar su mandato y luego que su sucesor adoptara medidas de austeridad y pidiera tiempo para ponderar su política tributaria, una primera interpretación sugiere la falta de sintonía entre presidentes saliente y entrante en materia fiscal que pueden restar efectividad y sostenibilidad a lo recientemente adoptado. También estimula especulaciones sobre discrepancias y confrontaciones obstaculizadoras de launamiento de voluntades hacia la superación de nuestros grandes males.    

La prudencia fiscal a implementar resulta imprescindible e impostergable para evitar caotización política-económica. Del 2008 al presente se acumularon insuficiencias presupuestarias por RD$260,000 millones que requirieron  endeudamientos dos veces superior al incurrido desde la fundación de nuestra república hasta el 2007. Como resultado de este desenfreno,  las recaudaciones ni siquiera alcanzan para pagar burocracia, subsidios y servicio a la deuda – faltando RD$54,000 millones anualizados para cubrirlos – dejando a la presente administración de manos atadas para efectuar inversiones económicas y sociales que requiere la nación.

Las declaraciones el ex gobernante pretenden justificar estos grandes desaciertos, aunque al tiempo deriva a una segunda interpretación de sus declaraciones: El déficit ocurrido obedeció a convicciones expresas, conscientes y deliberadas; no fueron consecuencia de causas o circunstancias fortuitas tanto exógenas o endógenas como frecuentemente se argumentaba dentro las esferas del “gobierno anterior”.

Estas convicciones expansivas del gasto casi siempre están aparejadas con dispendio y despilfarro de recursos en relación a su productividad, y con la descapitalización del patrimonio público usufructuado, lo cual se observó en la pasada gestión. Pensemos tan solo  en las inversiones inadecuadas y sobre-costeadas así como la disposición de bienes de empresas del Estado.

Y puede ser extensible incluso al enriquecimiento ilícito. Tal es el caso del subsidio eléctrico causante del déficit fiscal atentatorio de nuestra estabilidad, el cual se origina en un injusto, ilegal y contrariante sistema de comercialización de la electricidad producida por generadores para devengar ganancias excesivas; lo cual requiere de la imprescindible complicidad de autoridades para su mantenimiento.

Dictaminar sobre esta última interpretación requerirá la declaración jurada de bienes de funcionarios ligados al manejo de fondos a efectuarse dentro de dos semanas, lo cual validará la legitimidad del incremento patrimonial durante su ejercicio con la posibilidad de ser considerados ilícitos y potencialmente disponible para utilidad pública aquellos no declarados.