Repercusiones del retraso

Repercusiones del retraso

PEDRO GIL ITURBIDES
Corresponde a Nicolás Maquiavelo la afirmación de que la gente soporta con más facilidad una vejación moral que un despojo de sus bienes. Advertencia que alcanzará cinco siglos de pronunciada, seguirá vigente por los siglos de los siglos. No todos los políticos, empero, comprenden la trascendencia de tal aseveración. Quizá por ello el retraso en la transferencia de fondos públicos a los gobiernos locales por vía de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Los Ayuntamientos deben constituir instrumentos supletorios en la estructuración del orden social, y volverse gestores primarios del bien común. Hace tiempo que éstos y las Juntas de Distritos Municipales, sin embargo, son parte de esa otra concepción burocratista que prevalece en el país. Y no es el gobierno central el que pueda ofrecer pautas para modificar

esta tendencia. En efecto, ciertas administraciones, incluida ésta, han mostrado el camino inapropiado para el uso de los recursos públicos. El que yerra o falta no puede ni debe corregir a quien incurre en las mismas fallas.

Pero el que los gobiernos locales hayan multiplicado su empleomanía repercute lo mismo sobre los ingresos que sobre el quehacer partidista. Y en esto último deben pensar quienes sientan deseos de enfrentar las estructuras municipales. Sobre todo tratándose de la retención de los fondos que se le otorgan desde el gobierno central para el pago de sus obligaciones corrientes y de capital.

La ley 166/03 es una disposición hecha a la medida de los gobiernos locales. De la lectura de la misma se deduce que fue concebida para favorecer sin cortapisas a los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales. Esta ley prevé la penalización de los funcionarios del gobierno central que retengan los subsidios. O patrocinen la disminución de los montos liquidables en virtud de los ingresos presupuestarios. El invocar lo punible en ciertas conductas de funcionarios del gobierno central por la tardanza o reducción de los fondos, es intrascendente. Lo importante es el efecto social y político de estos actos.

Al margen del escarceo provocado por la tardanza en la entrega de los fondos están los problemas familiares que devienen del incumplimiento de esta ley. El que gana un salario como peón municipal depende de tal ingreso para comprar la comida de la familia. Cuando el gobierno local no puede pagarle, se abren los eslabones de una cadena que no cesa hasta la cúspide del entramado social. Porque éste no le paga a aquél, y aquél al otro, lo cual, como puede suponerse se refleja sobre la imagen del gobierno central.

En ello debió pensarse al retrasar el pago del subsidio a los Cabildos.Tal vez por ello el director de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) afirmó que no se quieren confrontaciones con los gobiernos locales. Atribuyó los contratiempos a la tardía aprobación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Lo dicho por el Dr. Guarocuya Féliz Paniagua, es un intento de poner en claro la situación prevaleciente. Pero este pronunciamiento, atinado e inteligente, no subsana el daño cometido.

Sobre todo porque el retraso en el pago sucede a una disputa anterior sostenida en público contra los gobiernos locales.

Si las autoridades locales cumplen o no las previsiones de las diferentes leyes relacionadas con la Administración Pública, es asunto a dirimir por medios institucionales. Para cuanto atañe al manejo de los recursos económicos, existen los organismos fiscalizadores cuyo trabajo está definido por las leyes. De hecho, en estas horas, como parte del enfrentamiento, se anuncia que serán auditados dos Ayuntamientos. Pero la fiscalización de recursos públicos no debe responder a criterios partidistas, sino técnicos y financieros. Es lamentable que se fiscalice como represalia, como se presenta la situación actual.

En lo tocante a las partidas de inversión, personal y servicios, bien les ha valido el ejemplo del gobierno central. Y es, justamente por seguir ese ejemplo, por lo que la puerca retuerce el rabo.

Ojalá que en lo adelante el tono de esta reyerta varíe, y al seguir ese tono de la explicación del director de ONAPLAN, se asuma la ley como norte.

Porque cuanto viene dilucidándose tiene todas las características de un chisme de patio, con las consecuencias políticas adversas al gobierno central que pueden presumirse. Conviene, por tanto, que aquellos que arman algazaras, adviertan que en política el matiz de las palabras, al igual que ciertos gestos, determinan a los votantes. Y, en el caso, tono y gestos contra los Cabildos pueden tener negativas consecuencias el 16 de mayo.

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