Permítanme, por favor, volver a insistir sobre este tema escrito hace ya más de seis meses, una vez que una parte importante del sector privado elevó un recurso de anti constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, a propósito del cobro de un 5% a las exportaciones de bienes y servicios.

Sin tomar en cuenta el poder absoluto que tenía o tiene el partido de gobierno en el actual Congreso, cabría preguntar: )sólo con haber logrado la aprobación legal se hubiera resuelto el problema en su esencia?. De hecho, en una gran parte, en este caso, el debate debe ser más de esencia estratégica que legal.

La realidad es que se ha insistido más en la forma que en el fondo. O sea, el análisis, independientemente de que se aparte de la ley por ser una disposición administrativa, fruto quizá de las acostumbradas instrucciones similares que se han tomado en todos los gobiernos anteriores, debe ser más de planificación a largo plazo, sin menoscabo de la importancia de contribuir al fortalecimiento institucional del Estado de Derecho, fundamento imprescindible para el crecimiento sostenido de las inversiones y la competitividad.

Sin dudas que las autoridades económicas tomaron esa transitoria decisión en contra de la Estrategia de Competitividad Nacional y el respectivo Plan, y sólo quienes dirigen la alta política conocen las consecuencias de no haberla tomado. Eso es coyuntural y táctico. Lo real, lo estructural y de fondo es que hace falta una reforma fiscal moderna y conciente, que responda a las necesidades de comercio exterior y a un contexto económico globalizado y abierto: una reforma competitiva. Y es ahora cuando tenemos la mejor oportunidad de diseñarla, plantearla y validarla entre los sectores público y privado.

La oportunidad para el sector privado, sobretodo para aquellos que generan divisas, sería de consenso con nuestra clase política y las autoridades, sin enfrentamiento ni posiciones radicales, plantear un instrumento legislativo donde todas las exportaciones disfruten del clima de inversión similar al que en su momento propició al auge de las exportaciones de zonas francas, haciendo a este sector líder a nivel regional.

O sea, un esquema impositivo eficiente, sencillo y transparente, donde sin perjudicar las recaudaciones, las exportaciones no paguen ningún tipo de gravamen a partir de una fecha anterior al 2007, cuando se estableció en Doha el desmonte de los regímenes diferenciados para países cuyo PIB per cápita sea mayor de mil dólares al año. De esta manera, las zonas francas seguirían operando sin afectar las actuales y potenciales inversiones. Con esto aumentaríamos el nivel de generación de divisas en consonancia con el Plan Nacional de Competitividad y, de paso, se resolvería este caso de altísima importancia para el futuro inmediato sin contravenir las políticas de la OMC.

Hoy en día las exportaciones cuentan con una ley de muy difícil y complicada aplicación para ambas partes. Me refiero a la 84 99. No obstante la intención del legislador, este instrumento no satisface las necesidades de un mundo que se hace exponencialmente mas competitivo, al margen del análisis comparativo de las condiciones que ofrecen los países que en teoría serían nuestra más cercana competencia; vale decir, los centroamericanos, quienes tienen grandes ventajas para quienes se dedican a las exportaciones.

Este momento, sin lugar a dudas, doloroso para los exportadores, sobre todo para aquellos de productos no tradicionales, lo veo como la gran oportunidad para proponer, en base a criterios económicos objetivos, modernos y legítimos convertir al país en un exportador neto robusteciendo nuestro peso y la economía en su conjunto, fortaleciendo la administración tributaria, el Estado de Derecho, y comenzar a crecer de nuevo de manera sostenida.

Perdón por insistir…