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La República Dominicana tiene poco más de 10 millones de habitantes en menos de 50 mil kilómetros cuadrados. Pese a que ocupa el puesto 128 de 192 naciones en cuanto a territorio, tiene tantas instituciones públicas que algunas realizan funciones similares, en algunos casos las mismas. El Estado admite el problema y anuncia soluciones, pero los compromisos políticos e influencias impiden una acción drástica, precisa y permanente.
En el estudio “Estructuras del Estado dominicano: hacia una renovación pertinente” que presentó Oxfam en 2017 se reveló que en esta media isla hay 77 instituciones con duplicidad de funciones. De esas hay 34 que son dependencias sectoriales y el resto son consejos o comisiones que, por cierto, reciben fondos públicos. Aseguran que si se controla este problema el Estado pudiera ahorrarse hasta RD$13,000 millones al año.
Lo que se gasta en instituciones con duplicidad de funciones es mayor a lo asignado para viviendas, servicios hospitalarios y educación superior. Entre la Presidencia y los ministerios de Turismo y Agricultura se concentran al menos 33 de esas entidades que, algunas, no presentan rendición de cuentas ni cumplen a totalidad sus funciones.
La estructura organizacional dominicana responde a ministerios y direcciones, pero a esos hay que adjuntarles los órganos descentralizados y autónomos, las oficinas nacionales, los consejos, las direcciones generales, algunas comisiones nacionales, superintendencias y programas sociales. Si no es suficiente, las asesorías y consultarías completan el pastel.
Para el 2019 hay un presupuesto nacional de RD921,810,546,351.
El año pasado la cifra fue de RD$814,821 millones, por lo que el año entrante tendrá unos RD$106,989,546,351 más que el actual. De todo ese dinero hay RD$96,175,563,232 millones que se quedarán en las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras.
El dinero se distribuye entre los ministerios y direcciones, que a su vez lo detallan a sus dependencias.
El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, dijo que se elabora un plan para eliminar la duplicidad de funciones públicas.
Esa propuesta contempla la asesoría de expertos españoles, chilenos, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
A esos hay que agregarles la intervención de los partidos políticos dominicanos, los empresarios, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores vinculantes. Precisamente las industrias se pronunciaron sobre eso hace dos años con una propuesta de legislar para unificar todas las entidades que en su accionar hacen lo mismo, pero hasta ahora se desconoce en qué proceso va la pieza en el Congreso.
El senador Rafael Calderón y el diputado Jesús Martínez confesaron estar ansiosos por analizar y buscar una salida al problema, aunque la también congresista Faride Raful es más precisa en su opinión al destacar que esta práctica duple incrementa en casi un 100 % la nómina pública y eso le cuesta mucho dinero al país.
Según Raful, hay que eliminar la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE) y los Comedores Económicos porque, asegura, reciben más de RD$2,500 millones cada año y desarrollan funciones similares a otras entidades de mayor jerarquía.
En octubre de 2017 ella sometió un proyecto de ley para reorganizar la administración pública que busca eliminar 57 entidades, pero su propuesta no fue acogida por la mayoría. “Estas entidades fueron creadas para satisfacer las necesidades políticas del gobierno de turno”, consideró la diputada opositora.
Hay casos y cosas
Este año el Estado destinó RD$14,697,992,908 a la Policía Nacional. Dentro de la uniformada está la Dirección Central Antinarcóticos que se encarga de perseguir el delito vinculado a las drogas ilegales. ¿Les parece familiar? Sí, es la misma función que hace la Dirección Nacional de Control de Drogas, que este año recibe unos RD$697.1 millones.
Pero esas no son las únicas entidades con iguales funciones, también está el Ministerio de Energía y Minas (RD$1,268 millones), la Comisión Nacional de Energía (RD$361.6 millones) y la Superintendencia de Electricidad (RD$855.5 millones). Dos que manejan muchos millones al año son el Ministerio de Obras Públicas (RD$45,847.7 millones) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (RD$873.1 millones), esta última creada para fiscalizar y hoy es una constructora con muchos privilegios, y escándalos.
Sobre esa situación se expresa el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño, quien agrega que de los países latinos, República Dominicana figura entre los que tiene mayor cantidad de instituciones en relación a territorio y habitantes. “Eso está constituyendo una carga económica muy fuerte para el Estado; eso nos vuelve menos eficiente y, de paso, bastante caro”.
La Presidencia tiene adscritas alrededor de 15 comisiones cuyas funciones también desdicen de las dependencias directas del Estado. Esas apéndices del Poder Ejecutivo le cuestan al país más de 3,200 millones de pesos cada año, según Oxfam.
En algunos casos el problema no es la duplicidad de funciones, sino que la existencia del organismo no tiene razón de ser. En el caso de los alimentos la entidad máxima es el Ministerio de Agricultura (RD$14,074.5 millones), sin embargo, hay tantas comisiones y direcciones involucradas que la ejecución eficiente de los recursos es casi imposible.
Tal es el caso de el Instituto Nacional del Tabaco (RD$221.7 millones), el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (RD$57.4 millones), el Merca Santo Domingo (RD$89.5 millones), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (RD$55.9 millones) y el Instituto Agrario Dominicano (RD$1,679.3 millones).
Menos es más
El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, cree que “esta muestra de instituciones ineficientes pueden servir para hacernos una idea de la necesaria aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para eliminar cada uno de los órganos del Estado que no cumplen ninguna función relevante o que sus competencias son atribuidas a otras instancias, generando dualidad de funciones”.
A su juicio, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Edificaciones, la Dirección General de Embellecimiento de Carretera y Avenidas de Circunvalación del País.
Agrega la Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas, la Industria Nacional de la Aguja, el Instituto Audiovisual de Informática, la Administración General de Bienes Nacionales, la Comisión Nacional de Asuntos Nucleares, y el Instituto de Estabilización de Precios, deberían desaparecer.
“También hay que regular la creación de órganos temporales, tales como los programas, proyectos, consejos, comités, comisiones o comisionados, sean consultivos o decisorios, los cuales deben estar condicionados una cláusula de caducidad, pero también se hace necesario revisar los existentes y proceder con su eliminación inmediatamente”, apunta.
En cuanto a manejo correcto de los fondos públicos, existe más de una docena de entidades que, a la sazón, buscan lo mismo. La Cámara de Cuentas fiscaliza la buena ejecución presupuestaria, pero la Contraloría General de la República también hace lo propio. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental tiene funciones afines, aunque se limita a los funcionarios y sus acciones. Todas pudieran pernoctar en una sola.
Otros organismos que deberían replantearse son la Comisión de Defensa Comercial (RD$42.5 millones), ProConsumidor (RD$227.3 millones), la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (RD$159.6 millones), el Instituto Dominicano para la Calidad (RD$239.2 millones), Consejo Nacional de Zonas Francas (RD$391.7 millones) y el Consejo de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (RD$389.9 millones).
Una de las propuestas de las partes consultadas es crear un Ministerio de la Familia donde esté el Ministerio de la Mujer (RD$654.7 millones), el de la Juventud (RD$564.5 millones), el Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia (RD$842.7 millones), el Consejo Nacional de Discapacidad (RD$190.1 millones), el Consejo Nacional de Estancias Infantiles (RD$57.4 millones), el Consejo Nacional de Población y Familia (RD$49.9 millones), y la Defensoría del Pueblo (RD$165 millones).
Otra salida similar la presenta la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda al proponer que se cree el Ministerio de la Vivienda, entidad que regularía todo lo relacionado a ese tema y agruparía más de 10 entidades del sector que hoy reciben una partida del presupuesto nacional.
“Con este ministerio estaríamos uniendo todas las instituciones públicas que se dedican a la vivienda, que están muy dispersas, en el sentido de que trabajamos en más de 24 instituciones del sector para hacer un permiso y hacer o construir la edificación”, señalan.
“El Estado debe buscar la manera de diseñar algo que funcione y que no cueste tanto. Esta duplicidad y masificación de la administración ha imposibilitado que todo lo que tiene que ver con la carrera pública se desarrolle a plenitud porque, si bien es cierto que hay un porcentaje que sí lo son, la gran mayoría no lo es”, expuso Servio Tulio Castaños.
A su juicio, se debe iniciar un proceso de desarticulación de todo eso, con un estudio que indique el número de empleado reales que requiere el Estado y cuáles instituciones necesitan para la eficiencia nacional. “No podemos seguir como vamos, eso cuesta mucho”.
