Cambios. La agenda del procurador Radhamés Jiménez Peña, del entonces jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; del presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo; y del fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, tuvo que ser reenfocada para encarar las actuaciones del crimen organizado
Las autoridades judiciales no tuvieron tregua durante el año 2010 con las embestidas del crimen organizado y el narcotráfico, que acabó con la vida de por lo menos cinco personas y que germinaron en todas las estructuras de la sociedad, manifestándose como nunca antes en la historia dominicana- en el secuestro y el sicariato.

Fue atribuido a sicarios el intento de asesinato del abogado y comunicador Jordi Veras, de Santiago, caso del que están acusadas once personas.

En 2010 escandalizaron al país los asesinatos de Omar Ramón Antigua Polanco, Rubén Soto Hayet y José Gabriel Castillo (Alex el Pelotero), todos vinculados a la red del presunto narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto, quien habría pagado a sicarios por la muerte de ellos.

Otros casos importantes de drogas conocidos en los tribunales fueron los de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), enviado a prisión; y el de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña). Aún, sin embargo, no han llegado al banquillo los acusados de operar en el país junto con el español Arturo del Tiempo Marques, apresado en España por introducir un alijo de 1,200 kilos de cocaína desde República Dominicana.

Más sonados fueron la audiencia preliminar iniciada a los 8 dominicanos ligados a Figueroa Agosto y que se centró en la persona de su compañera Sobeida Félix Morel- y el juicio a los 22 imputados de la mantaza de siete colombianos en Paya, que acapararon la atención de la opinión pública y obligaron al Ministerio Público a esforzarse para evitar que la acusación se cayera.

Figueroa Agosto. Las autoridades dominicanas tuvieron que negociar con las puertorriqueñas para procesar a los implicados en este caso. Fue necesaria, incluso, la participación del presidente Leonel Fernández en un compromiso no divulgado.

El Ministerio Público batalló desde septiembre de 2009 para dar con el prófugo Figueroa Agosto y Félix Morel, vinculada a éste.

La población siguió con atención la saga en que se tornó la huida de Sobeida y los cuentos que se trenzaron y que inspiraron hasta un merengue de calle previo a su captura en Puerto Rico, en julio, cuando las autoridades de la isla atraparon a Figueroa Agosto.

El 19 de noviembre pasado, la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, envió a Sobeida a juicio de fondo junto a Eddy Brito Martínez, Mary Elvira Peláez Frapier, Sammy Dahuajre Dahuajre, Ivanovich Smester Ginebra, Juan José Fernández Ibarra, Madeline Bernard Peña y Adolfina Revecca (Dolfi) Peláez Frappier, por lavado de activos con dinero de Figueroa Agosto.

Matanza de Paya. Después de que tres tribunales de dos departamentos judiciales diferentes conocieran por 28 meses de la masacre de 7 colombianos en la comunidad de Ojo de Agua, en Paya, Baní, los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del DN condenaron a 16 de los 22 imputados. Con penas de 3, 5, 10, 20 y 30 años resultó el grupo de ex marinos, ex policías y civiles acusados de cometer el múltiple crimen por un tumbe de 1,300 kilos de droga y US$14 millones.

Arturo del Tiempo. En una nebulosa quedó el caso del español Arturo del Tiempo Marques, detenido el 2 de marzo en España por su vinculación con un alijo de 1,200 kilos de cocaína. Las autoridades dominicanas apresaron en marzo a su socio Germán Eduardo Duque García, quien este año enfrentará un juicio de fondo. Sin embargo, el Ministerio Público hizo mutis a las interrogantes de la población sobre los funcionarios que se ligaron en sus negocios y que le proporcionaron una cédula que lo acreditaba como dominicano y un carné de agente honorífico de la Policía Nacional. Acerca de la Torre Atiemar (acrónimo de su nombre) los funcionarios se negaron a revelar la verdadera identidad de la empresa constructora y de todos los compradores.

El Gringo. A mediados de septiembre, luego de generar un revuelo cuando reveló que dio dinero a policías y de que sus seguidores agredieron a un fotógrafo que cubría la primera audiencia, Manuel Emilio Mesa Beltré fue condenado a 8 años de cárcel por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes encontraron responsables de lavado de activos, por sumas millonarias, al hombre de origen humilde que creció en un sector pobre de la Capital. La sentencia del 15 de septiembre liberó a las co-imputadas Yocasta Esmeralda Campusano y Juana Jiménez, la esposa y compañera sentimental de El Gringo, a quien le decomisaron RD$4.4 millones durante su apresamiento el 31 de octubre de 2009.

Toño Leña. Ramón Antonio del Rosario Puente, empresario del transporte de carga de 43 años de edad, conocido como Toño Leña, fue traído al país desde Venezuela el 10 de mayo, acusado de homicidio y de narcotráfico, mediante bombardeo de droga por la región Este. Se le ligó a Figueroa Agosto.

Está a la espera de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de introducir droga.

Caso Veras. La Procuraduría General de la República reveló el pasado 16 de noviembre que, por RD$1.5 millones, el empresario Rafael Adriano Román ordenó y pagó el atentado contra Jordi Veras, desde la cárcel de Rafey, donde cumple una condena de 20 años. Se le acusa de contratar sicarios (al reo Franklin Reynoso, quien a su vez contactó a Roberto Zabala Espinosa, Candy Caminero Rodríguez y Arturo Ferreras del Castillo) para matar al abogado, que lo llevó a prisión y de quien tendría celos.

Asesinatos. Los asesinatos a sueldo son atribuidos a un grupo de personas, la mayoría residentes en la ciudad de Santiago, pero cometidos en el Distrito Nacional: Gian Enrique Rojas Matos (Yan Carlos y/o Chico Raro), Winston Antonio Rodríguez Tavárez (Fire), José Miguel Rodríguez Almonte (Job), José Aníbal Hidalgo García (Molmo), Ricardo Pérez Mateo, Wilhen Ortiz de los Santos (Bobolo), Diómedes Moya Durán (Oreja), Juan Amauris Rodríguez Minier (Ambiorix), José Alberto de la Cruz Paredes, Joel Antonio Féliz Cruz y Yermi Mercedes Liranzo Cruz (La Diosa).

La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rosanna Vásquez declaró el caso complejo. Los imputados esperan juicio de fondo.

Un clamor

En las pasadas elecciones del 16 de mayo fue la primera vez que los partidos políticos tuvieron que admitir que en sus filas había aspirantes a cargos electivos vinculados al narcotráfico. Debieron renunciar a varias candidaturas. La Iglesia Católica y los empresarios se sumaron a quienes solicitaron su expulsión. El presidente Leonel Fernández reconoció este año la gravedad del narcotráfico. El año terminó con un balance negativo para la justicia por la cantidad de jueces que otorgaron libertad a imputados por droga. El 2010 será recordado en el aspecto judicial como uno de los que más llevó personas a las cárceles vinculadas al tráfico nacional e internacional de drogas con capos que eligieron al país como puente.