La historia no les sirvió de espejo. A finales del siglo XIX los países industrializados no sólo exportaban capitales. Además de materias primas agrícolas baratas, buscaban nuevos mercados para sus excedentes de manufacturas, incrementadas con la renovación tecnológica, y en virtud del Tratado de Libre Cambio de 1891, un alud de mercancías estadounidenses exentas de impuestos barrió la incipiente industria dominicana, aplastada al nacer.

El impacto del TLC en el fisco, la improvisación, la competencia desigual en perjuicio de artesanos y dueños de rudimentarias fábricas y talleres conexos a la industria azucarera, se reeditan en el siglo XXI con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), cuyos resultados inclinan la balanza hacia ultramar.

A su influjo, las aduanas se abrieron y a la par descendieron los ingresos tributarios, pero los beneficios no asoman, y ante un saldo lesivo a la industria nacional, empresarios reclaman correctivos.

El país redujo los gravámenes de importación a un paquete de productos, y en compensación aplicaron tres reformas fiscales que implicaron nuevos impuestos, una carga adicional a la población que no ha recibido la esperada rebaja en los artículos libres de aranceles.

Ayer como hoy

Con el TLC de 1891 también se afectó el fisco. Una comunicación enviada por el ministro de Hacienda, general Juan Francisco Sánchez, el 9 de mayo de 1892 al presidente del Congreso, parece recién escrita: la situación del Tesoro que hace tiempo viene sufriendo mermas considerables, ya a causa de la crisis económica local, ya también por motivo de las franquicias concedidas a los Estados Unidos para sus productos.

Ayer como hoy, tampoco bajaron los precios al consumidor de las mercancías exoneradas de todos los derechos de importación, ni de aquellas exentas del 25% de sus gravámenes. ¿Por qué? ¿Avaricia de los comerciantes? No fue la única causa. También sucedió que la vigencia del tratado de 1891-1894 coincidió con la fase de culminación del proceso de devaluación de las monedas de plata mexicana, expone el historiador Jaime de Jesús Domínguez en su obra La Dictadura de Heureaux.

Apresuradamente

En medio de aprestos reeleccionistas y presionados por las zonas francas, en el Gobierno de Hipólito Mejía se negoció el DR-Cafta con gran premura, sordos a las advertencias de amenazas contra sectores productivos amparados por medidas de protección y productos agrícolas criollos que no compiten con los de EEUU por los subsidios que reciben y al estar sujetos a muchas restricciones.

Aceptada en agosto de 2003, RD se incorporó a negociaciones de apenas tres meses, entre enero y marzo de 2004, incluyendo sólo las listas de acceso al mercado sin tocar las disciplinas comerciales, con lo que se descartó la posibilidad de discutir cualquier situación desventajosa.

El Informe de Desarrollo Humano en RD de 2005, del PNUD, consignó la improvisación: Las autoridades dominicanas aceptaron la propuesta de adhesión sin hacer ningún estudio sobre el impacto que dicho acuerdo tendría sobre la economía del país, las leyes que deberían ser modificadas, los empleos que se perderían o se ganarían, las implicaciones para el comercio exterior, las barreras no arancelarias a resolver, la modificación del entorno comercial, etcétera.

Con prisa se discutió igualmente el TLC de 1891, firmado en Washington el 4 de junio por Manuel de Jesús Galván. No fue pura casualidad que en apenas un mes de negociaciones los estadounidenses encargados de negociar el convenio, encabezados por John Foster, impusieron a Galván los objetivos económicos que deseaban lograr a través de dicho convenio.

Como antaño, en el DR-Cafta primó la improvisación, y sin lograrse la competitividad requerida, entró en vigor el primero de marzo de 2007 con un atraso de 14 meses por las dificultades para aprobar las leyes reclamadas por EEUU, normas de protección a la inversión y a la propiedad intelectual, en el sistema de compras y otras para mejorar el clima de negocios.

Hoy, a dos años y nueve meses, los resultados revelan la ausencia de condiciones para aprovechar las oportunidades del tratado. Una razón fundamental es que en gran medida aún no se ha desarrollado la estrategia de competitividad que se proyectó con la activa participación del empresariado, de productores que hoy reclaman una revisión del RD-Cafta, pero que no han asumido debidamente el compromiso que implica el mismo, a la espera quizás de incentivos que compensen las deficiencias de sus empresas para ser competitivas.

Desbalance

RD no estaba preparada para competir, y su intercambio comercial con EEUU, principal socio, arroja un creciente déficit en la balanza comercial que de US$486.6 millones en 2007 se elevó a US$959.9 millones en 2008, impactado también por la crisis en ese país. Para enero-abril de 2009 se registró un déficit sin precedentes, US$628.8 millones, mayor aún al adicionarse el desbalance con Centroamérica.

Países centroamericanos, algunos con exportaciones a RD hasta ocho veces mayores tras el DR-Cafta, han inundado el mercado local con artículos elaborados bajo el régimen privilegiado de zona franca, los que, en violación al convenio, disfrutan de subsidios encubiertos. Una competencia desleal que amenaza con sacar del mercado a empresas criollas.

Mientras, las oportunidades que ofrece Centroamérica no han sido aprovechadas por la industria y agropecuaria dominicanas. Más bien perdieron competitividad frente a esos países, con los cuales RD tiene una balanza comercial cada vez más desfavorable. Revertir esa situación requiere asumir una cultura exportadora, conocer la estructura del mercado centroamericano, sus cambios y obligaciones, complementarse en cluster, en centros de articulación productiva.

Plataforma de desarrollo

En el marco de las nuevas relaciones internacionales, el país introdujo reformas institucionales y económicas, como la liberalización gradual del comercio exterior y desmonte arancelario y no arancelario. En 2007 se lanzó el Plan Nacional de Competitividad Sistémica, con la promesa de que para 2020 RD estaría plenamente integrada a la economía mundial con una plataforma de desarrollo competitiva, sostenida y equitativa, que genere empleos productivos y salarios que promuevan un desarrollo humano integral, mayor ingreso per cápita y mejor educación.

Al presentarlo, exaltando el potencial de RD para convertirse en la Irlanda del Caribe, el presidente Leonel Fernández dijo que ante los retos de la economía del siglo XXI es preciso transitar de la manufactura a las industrias intensivas en conocimiento, promover la innovación y el desarrollo tecnológico, formar trabajadores del conocimiento como las nuevas fuentes de la competitividad. Esperanzadores propósitos, pero la competitividad es aún una tarea pendiente.

Zoom

La competitividad del país está supeditada al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas, a la mejoría del sistema eléctrico, del clima de negocios y la seguridad jurídica, al desarrollo de clusters en manufactura, turismo y agroindustria. El desempeño del país en competitividad es bastante precario, según el Reporte de Competitividad Global del Foro Economía Global de 2009, que le otorga el lugar 95 en competitividad, entre 133 países, ocupando las últimas posiciones en renglones básicos para ser competitivos, como educación, 129; electricidad, 130, y derroche del gasto gubernamental, 132.

Antecedentes

Incipiente industria

Con el desarrollo urbanístico de Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís subió la demanda de mercancías. En su vecindad prosperaban pequeñas fábricas de fideos, chocolate, camisas, sombreros, instalaban talabarterías, herrerías, tenerías y peleterías, con las que despuntó la industria criolla, que no resistió la desigual competencia. Entre 1886 y 1888, productores elevaron instancias al Congreso pidiendo medidas proteccionistas, lo que no prosperó al carecer de importancia económica y política frente a poderosos consignatarios como Juan Bautista Vicini, José María Leyba y otros defensores de la libre importación sin altos recargos aduanales.

Las mercaderías importadas procedían de Inglaterra, Alemania y Francia. EEUU no podía desplazarlas por su mejor calidad, y amenazó con cerrar los puertos al azúcar criolla si el país no firmaba un tratado de libre cambio que otorgara a sus artículos un trato arancelario preferencial, condicionamiento hecho también a otros gobiernos hispanoamericanos.

Se previó que los préstamos de 1888 y 1890 se amortizarían con los ingresos aduanales. Pero, además del dispendio, la posibilidad de cumplir esos compromisos sería amenazada por la baja de esos gravámenes tras la firma del TLC de 1891, que consolidó la hegemonía de EEUU en el comercio exterior dominicano, desplazando a Europa, aumentando su injerencia en asuntos internos desde la confiscación de las aduanas hasta la intervención militar.