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El poder ejecutivo ha otorgado 127 concesiones para la explotación de yacimientos mineros en varias regiones del país, de las cuales dos son metálicas, dos reservas fiscales y 123 son minas no metálicas.
La más antigua de las concesiones y todavía en plena producción es Quisqueya No.1, de Falconbridge Dominicana (Falcondo), otorgada en 1958 para explotar ferroníquel en Bonao, La Vega y Jarabacoa, en una extensión de 26,400 hectáreas mineras.
Un informe de la Dirección de Minería explica que Falcondo vendió en 2003 parte de sus acciones a la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) que entre Maimón y Cotuí explota actualmente un yacimiento de oro, plata y cobre, y posee 2,245 hectáreas mineras. Esta concesión se llama Cerro Maimón.
De las 123 concesiones para explotar yacimientos no metálicos siete, de roca caliza, fueron otorgadas a cementeras que operan en el país.
En este grupo hay concesionadas además minas de mármol, arcilla, sílice, margo, larimar, yeso, travertino, sal, rocas volcánicas, y están ubicadas en prácticamente todo el país.
Reserva fiscal. El Estado posee, desde el año 1983, la reserva fiscal de oro, plata, cobre y zinc en la loma La Cuaba de Villa Altagracia, que aún no ha sido licitada a ninguna empresa minera.
El oro. El yacimiento minero concesionado más importante es el de la Barrick Gold, que explota una de las dos reservas fiscales del Estado tras adquirir, en 2006, las acciones de Placer Dome, que resultó ganadora de la licitación pública que hizo el Gobierno en 2001 para la explotación del más grande yacimiento de oro, plata y cobre del país, en Pueblo Viejo, provincia Sánchez Ramírez. El contrato acaba de ser revisado.
Entre enero y julio de este año Barrick Gold exportó 429,948.56 onzas de oro y 1 millón 19,327.67 onzas de plata. Produjo en ese período 423,982.95 onzas de oro y 986,104.43 de plata.
La empresa inició sus operaciones de extracción el pasado año, cuando realizó algunas exportaciones a los mercados de Canadá y Estados Unidos. Varios de sus embarques fueron retenidos por las autoridades que alegaron anomalías en las declaraciones.
