El espectro de los escándalos sobre irregularidades en la administración pública parece extenderse cada vez más, como si las políticas que implementan el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Comisión Nacional de Ética sólo ejercieran un débil efecto en la conciencia de un segmento del personal estatal.

Si  se tomasen como ejemplo sólo las denuncias que atañen al Poder Ejecutivo, los casos  sobran. El más recordado quizás es el contrato de préstamo con la empresa Sun Land, una transacción por US$130 millones que se cuestionó porque, para su conocimiento y posterior aprobación, no se envió como corresponde al Congreso Nacional.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inadmisible dos recursos de inconstitucionalidad incoados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo contra  la forma en que se aprobó dicho contrato, dejó un vacío de justicia entre los sectores sociales  que demandaban unas sanciones que hicieran las veces de muro de contención.

Quizás todavía suenen los ecos de la Cámara de Cuentas y sus escándalos por el tema de los jugosos salarios y el usufructo de prestaciones laborales no correspondientes, o la “nominilla” en la que estaban incluidos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que, sin trabajar en el gobierno, recibían ingresos mensualmente de los aportes del  contribuyente.

Pero lo que podría quedar en el olvido es el primer enfrentamiento entre varios funcionarios por una licitación internacional para crear la plataforma tecnológica del denominado “Gobierno Electrónico”.

Domingo Tavárez, director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información (OPTIC), estuvo en el epicentro de las críticas –en agosto de 2005-  alegadamente por sobrevaluación e  irregularidades en la adjudicación de la licitación a la empresa ganadora, la Microsoft.

Aunque él atribuyó a una confusión los cuestionamientos emanados del seno del propio gobierno, ese hecho provocó la renuncia de Gustavo Montalvo, entonces coordinador de la Comisión de Ética, quien recomendó que se dejara sin efecto la licitación. Pero lo que quedó sin efecto fue su sugerencia.

En el proceso comicial  de 2004, el entonces candidato Leonel Fernández prometió que en un gobierno suyo se usaría la Internet para colocar las cuentas de las entidades públicas, para  garantizar la transparencia.

Enade y Bienes Nacionales.  En julio de 2006 le tocó el turno a Aristipo Vidal, ex administrador de Bienes Nacionales, quien otorgó un contrato grado a grado a la empresa Enade, propiedad de Eulalio Peralta, para realizar gestiones de cobro a los adquirientes de proyectos habitacionales del Estado.

El contrato entró en vigor el 25 de octubre de 2005 y para julio de 2006 la empresa ya había realizado cobros por un monto de RD$240 millones. Mientras se debatía el tema el Senado de la República rechazó el contrato,  por lo que  Bienes Nacionales se vio forzada a  suspender el acuerdo con dicha  empresa.

La Cámara de Cuentas. En el transcurso de siete meses ese  organismo ha protagonizado dos grandes escándalos por el tema salarial.

En junio de 2008 a los miembros de la entidad, entonces presidida por Andrés Terrero, se les cuestionó que se aumentaran el salario de RD$261,088.28 a RD$449,994.28,  casi 189,000 pesos más, y que se atribuyeran otros beneficios considerados irritantes por el resto de la población.

El Senado decidió someterlos a un juicio político por alegadamente violentar  las leyes de la Cámara de Cuentas 10-04, de Función Pública 41-08, de Compra y Contratación de Bienes y Servicios y Licitaciones 340-06.

En diciembre pasado, los nuevos miembros de la entidad, que preside Licelot Marte de Barrios, recibieron las más duras críticas porque cobraron el salario número 13 y un bono, sin tener el tiempo suficiente para obtener esos  beneficio.

Algunos sectores pidieron su renuncia, pero disolvieron la tormenta devolviendo esos  recursos.

Entre la nominilla y el desayuno escolar.  De los cinco años consecutivos de gobierno del presidente Leonel Fernández, el 2008 fue el más prolijo en términos de denuncias sobre  acciones dolosas.

 En el mismo proceso electoral de ese año  se supo que cientos de peledeístas cobraban sin ejercer ninguna función pública a través de una nómina que era conocida como Comité de Base (CB).

 La denuncia, hecha por la periodista Nuria Piera, tuvo una reacción en la Junta Central Electoral, entidad que dispuso, pasado un tiempo, la suspensión de ese mecanismo.

Piera también denunció que la leche servida en el desayuno escolar -y que el gobierno compra a la empresa Ladom- no contenía los nutrientes requeridos.

El caso cobró tal magnitud que le costó el cargo a Alejandrina Germán, secretaria de Educación.

El nuevo incumbente, Melanio Paredes, creó una Comisión de Monitoreo,  para que no se repitiera.

Zoom

Caso pensiones

En noviembre de 2006 se conoció el fraude  que cometieron empleados del Departamento de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda, en perjuicio de por lo menos siete mil pensionados, a quienes les robaban los recursos que debían recibir mensualmente. La acción la denunció la Asociación Nacional de Pensionados del Instituto  Dominicano de Seguros Sociales (ANPISS). Vicente Bengoa, secretario de Hacienda, confirmó el hecho y  sometió a la justicia a los responsables, algunos de ellos políticos.

Riqueza en Vallejuelo

Durante  la pasada campaña electoral  la Secretaría de Agricultura compró la producción de cebolla de  Vallejuelo, en San Juan, por un monto de RD$204 millones.  Pero el sueño se convirtió en pesadilla cuando María Marciano, de la congregación Hermanas Dominicas, denunció que se adulteró el pesaje del producto y que presentaron facturas personas que no se dedicaban a la agricultura. El tres de noviembre de 2008 Salvador Jiménez, titular de Agricultura, admitió el fraude y destituyó al director de la entidad en San Juan, el agrónomo Antonio Ramírez.

Otras  hierbas poco aromáticas

El cuatro de agosto de 2008 marca el destape de una presunción socorrida en más de un rincón de la República Dominicana: la presunta participación de militares en asuntos ligados al narcotráfico.

Ese día fueron acribillados en Paya, Baní, siete colombianos vinculados a un cártel  de narcotraficantes. Entre los supuestos responsables figuran dos ex tenientes de navío  y un alférez, Edward Mayobanex Rodríguez Montero,   José Luís Chalas y  Andrés Tapia Balbuena, respectivamente, y el  ex sargento Manuel Antonio Roche, así como el ex oficial de la Policía Nacional  Fredrick Medina Abud.

La sociedad se rasgó aún más las vestiduras cuando el senador de Baní por el PLD, Wilton Guerrero, denunció que en el negocio de las drogas que florecía en esa demarcación existía una confabulación entre autoridades militares y del Ministerio Público.

El 2009 se estrenó con un  hecho que absolutamente nada tiene que ver con Paya. La entrega de bonos por concepto de juguetes, por un monto de RD$27.0 millones a los diputados y senadores, por parte de José Francisco Peña Guaba, administrador de la Lotería Nacional. El fardo del cuestionamiento cayó encima del dirigente político, quien alegó que nada tenía de irregular la acción.

Entidades como la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO)

 anunciaron que someterán a la justicia al funcionario porque dispuso de fondos públicos que, como tales,  no les pertenecen.