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El tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina hizo del Poder Judicial dominicano un instrumento servil a su régimen de 31 años de terror y muerte.

Desde el inicio, obligó a las instituciones de la justicia a operar bajo una línea de adivinanzas sobre casos a su favor, sin errores para sus intereses políticos y económicos.

El carácter dominante de Trujillo imperó en los tribunales desde el 16 de agosto del año 1930 hasta el 30 de mayo del año 1961, cuando cayó asesinado en la conspiración preparada por un grupo de nacionales, en un hecho que se le atribuyó a la CIA.

En el transcurso de sus gobiernos ocurrieron miles de muertes, se cuantifican en más de 50,000, pero no hubo castigo desde la justicia por los crímenes, manifestados en homicidios, torturas en caminos y cárceles; muertes por presuntos accidentes, abuso de autoridad, tentativa de crímenes y de incendios, así como amenazas. Esa era la suerte fatal que corrían los enemigos del régimen.

La historia del Poder Judicial, reseñada por la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), máximo tribunal del país, narra que la justicia en la era de Trujillo, como sucede en todas las dictaduras, fue una Justicia atrapada, obediente a los dictados del gobernante, e identificada totalmente con el régimen.

Explica que quienes sirvieron en los puestos judiciales fueron básicamente o trujillistas de corazón o intelectuales conscientes de lo que debían de hacer cada vez que les tocara un caso delicado, en el cual estuvieran de por medio los intereses del Jefe o de cualquiera de los miembros de la familia Trujillo.

Estos sabían cómo tenían que fallar hubiere o no elementos de prueba hasta sin necesitar que les dieran instrucciones, tratando de mantener siempre el más estricto apego a la forma procesal y al fondo del tema para que sus decisiones no reflejaran deficiencias técnicas que había.

Trujillo, nacido el 24 de octubre del año 1891, en San Cristóbal, y tercero de 11 hermanos, quiso hacer de la justicia una entidad brillante, al igual que su carrera militar empezada en la interventora fuerza norteamericana, en 1918, que lo llevó del Ejército Dominicano a la Infantería de Marina de los Estados Unidos, para más tarde pasar a la Guardia Nacional; luego a la jefatura del Estado Mayor, como teniente coronel y a comandante auxiliar de la Policía Nacional.

Con esa férrea mentalidad militar y un prontuario de hechos ilícitos imputados, Trujillo se impuso.

Incendio del Palacio de Justicia. Su relación con la justicia pareció comenzar mal mucho antes de que se declarara Presidente y, por sus antecedentes, hubo quien en la época no dudó de su relación con el incendio del Palacio de Justicia de la calle Padre Billini, el 11 de diciembre del 1925.

Datos del máximo tribunal compilados por Wenceslao Vega y Américo Moreta Castillo indican que cuando Trujillo se perfilaba como el hombre fuerte, aún antes de ser Presidente, ocurrió un misterioso acontecimiento que preconizaba lo que iba a suceder; fue objeto de un incendio criminal el Palacio de Justicia, el que también alojaba a la Suprema Corte, por lo que desaparecieron archivos judiciales de la ciudad de Santo Domingo. No se dijo cómo ocurrió el incendio, que fue poco reseñado.

Fue la primera manifestación de lo que pudo ser el montaje del escenario para la llegada del régimen de Trujillo. Ese año asumió la comandancia de la Policía y sabía que no podría ser señalado por delito alguno.

En su Boletín Judicial 197 de diciembre de 1926, la SCJ señala que la reconstrucción del Palacio de Justicia tardó dos décadas.

Este acontecimiento explica la causa por la que falta una parte de la historia judicial dominicana, registros que contarían hechos correspondientes al fuego.

Artagnan Pérez Méndez. El ex fiscal y juez de primera instancia del distrito judicial de Espaillat de 1962 a 1965, afirma que en el régimen se vivió con mucha justicia politizada. De ahí que cuando habían matices políticos, la justicia en la Era de Trujillo no seguía ni los dictados de la conciencia ni las previsiones y prescripciones del derecho y la justicia, sino que seguía la línea política del régimen dictatorial.

En esos tiempos, los jueces conocían todas las materias: penales, civiles, comerciales y la primera instancia. También revisaban la apelación de los fallos de los juzgados de paz.

Pérez Méndez resalta que se trabajaba con ahínco, por lo que los tribunales se mantenían al día.

El doctor en Derecho de la promoción 1956, oriundo de Moca y quien pasó varios años como abogado en la Era, reconoce que en tiempos de Trujillo, cuando se trataba de litis entre particulares, sin roce político, la justicia se administraba en perfectas condiciones, dando a cada quien lo que le correspondía, sin privilegios y con gran capacidad por parte de los funcionarios.

Cuando tenían matices políticos las litis, entonces había que plegarse al lado en que se orientaba el interés político, expuso.

Al mismo tiempo, expresó que en la Era de Trujillo hubo mucha y buena justicia, también mucha justicia politizada. Empero, Pérez Méndez dejó claro que en la Era de Trujillo no se hablaba de la Era, y el régimen era tan fuerte y tan cerrado que el tema político, con afanes de crítica, no se comentaba en los hogares ni en las reuniones políticas. Uno no sabía quién era espía y quien no lo era.

Señala que predominaba el mutismo, el silencio. Cuando se daban las casos y la gente se daba cuenta del rayo matizado de política, no se hacía comentario. Y es que una opinión le podía costar caro.

Pérez Méndez indica que los jueces motivaban las sentencias tratando de darle viso de una legalidad verdaderamente impresionante. No se hacía un chanchullo no, se le buscaba la vuelta, asegura.

Primer tropiezo con la justicia. Los archivos que conserva la SCJ afirman que en lo jurídico, la Era de Trujillo nació viciada. A partir del golpe de Estado que Trujillo propició contra el presidente Horacio Vásquez, en 1930, que ganara las elecciones organizadas el 16 de mayo de ese año, con Estrella Ureña como vicepresidente, fue acusado de maniobrar un certamen plagado de irregularidades.

Quienes no compartían los criterios de la élite nacionalista que lo apoyó, a la hora de votar se encontraron con un clima de terror. En su libro Los Responsables, Víctor M. Medina Benet presenta este momento como una farsa judicial.

El autor explica así la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral a 10 días de las elecciones de 1930, la situación imperante y la solicitud de la anulación de los comicios que hizo en El Seibo el Partido Alianza Nacional Progresista al Tribunal de Primera Instancia de esa localidad, un caso que fue apelado en la Corte de Santo Domingo, pero la instancia no se llegó a conocer.

Aquí, la justicia tuvo que ceder a la pretensión de Trujillo, respaldada en el Congreso, que ya lo adulaba y le temía al poder del militar. El 28 de junio de 1930, los legisladores crearon el primer tribunal para los caprichos políticos de Trujillo, la Segunda Corte de Apelación de Santo Domingo, con atribución de conocer el recurso que contra las elecciones se presentó en El Seibo y que le dio la victoria a Trujillo.

Se impuso con la ayuda de la justicia, aunque no se conoció la sentencia de la primera Corte, que estaba prevista para el 17 de mayo de 1930, debido a que un grupo de exterminio de la banda de La 42 destruyó la Corte y los jueces tuvieron que abandonar el lugar.

Medina Benet narra, y la SCJ así lo recoge, que el juez Carlos Gatón Richiez se vistió de mujer para salvarse. Empero, los jueces dejaron la decisión de El Seibo el 22 de mayo de 1930 al procurador general de la República, Ramón O. Lovatón, quien no divulgó el fallo de los jueces Francisco A. Hernández, Esteban S. Mesa, Carlos Gatón Richiez, G. Soñé Nolasco y Marino Emilio Cáceres. Esto dio inicio al Poder Judicial que sirvió de estructura al régimen tiránico.

ZOOM

Intimó jueces

…Os he convocado porque creo como Santo Tomás, el apóstol de la Verdad, que la Justicia es la que comunica rectitud a las operaciones humanas, y es en este sentido superior al Deber, al Derecho y a la Ley; y llegáis a vuestra propia casa, en la cual se os recibe con los honores de vuestra alta dignidad, porque nada es más grato para mí que estar en sociedad con aquellos a quienes magnifica la capacidad de juzgar a los hombres…. Con estas sutiles palabras Trujillo demostraba el control que ejercía sobre el Poder Judicial, en la celebración del 19 de enero del 1933 ante jueces reunidos en asamblea en Santiago.

Primeros crímenes sin condena

La mayoría de los asesinatos y torturas que ordenó Trujillo quedaron sin resolver y no fueron investigados. Las familias de las víctimas, casi siempre, solían no enfrentar al dictador, para no correr con la desgracia de su furia desatada.

Uno de los primeros mártines de Trujillo fue el general Cipriano Bencosme, el 19 de noviembre de 1930. No hubo fiscal que abriera el caso. A los siete meses de su primer Gobierno, Bencosme, militar de 66 años, no aceptó el desafío, por lo que puso su cabeza en manos de sicarios de su inaugurado régimen.

Nadie fue castigado tampoco en los tribunales por los miles de homicidios atribuidos a su maquinaria criminal. El crimen en 1956 contra el escritor, abogado y profesor español Jesús de Galíndez Suárez fue repudiado por la comunidad internacional, pero también quedó sin castigo por parte de la justicia. Trujillo descubrió que era espía de su Gobierno para Estados Unidos, por lo que al radicarse en Nueva York, ordenó su rapto y asesinato en territorio dominicano.

No hubo fiscal de la época que investigara el crimen de Galíndez, hecho que en septiembre de 2002 el periodista español José Luis Baberías relató con el título: Las últimas verdades sobre el agente Galíndez, explicando que encontró una muerte horrenda, sacándole los ojos, luego de ofrecer información al servicio secreto de los Estados Unidos, FBI, y de que fuera funcionario dominicano y hasta profesor de Ramfis, hijo del tirano.

La muerte de las hermanas y activistas políticas contrarias al régimen Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, a manos de la Policía Secreta, fue el detonante del repudio de la dictadura.