MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
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El descreimiento ciudadano gana terreno ante las voces optimistas de funcionarios que apuestan al triunfo de la meritocracia sobre la partidocracia imperante en la politizada administración del Estado, confiados en la posibilidad de aplicar la Ley de Función Pública, 41-08, la cual establece un nuevo modelo de gestión que, según sus promotores, tiende a desterrar el tráfico de influencias y el clientelismo, además del tormentoso “papeleo” y la displicencia.

Pero la desconfianza, nutrida de la experiencia, percibe en esa legislación una nueva reforma de papel. Y es que desde el mismo instante de su nacimiento, 12 de enero de 2008, era violada con la politización y supernumerarias nóminas que improductivamente dilapidan el erario y fomentan el parasitismo. 

La Ley 41-08 crea la obligatoriedad del “cargo presupuestado” que establece restricciones en el nombramiento del personal, procura la eficiencia institucional, corrige lagunas, incoherencias y deficiencias de la anterior Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 14-91, a la que sustituye, para afianzar el sistema de mérito, la estabilidad y la profesionalización de los servidores del Estado: 267,778 en 1995, unos 378,498 en 2003 y  456,966 en 2006. En la actualidad, sin contar las “nominillas”, se estiman en no menos de medio millón. Un aproximado, pues la cifra exacta “nadie la tiene”, según el secretario de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo.

“Todo el personal del Estado  con los demás poderes, serían 450,000, pero ese dato no es preciso, nadie lo tiene; para eso estamos trabajando en un proceso automatizado que nos va a permitir saber cuántos empleados hay, cuántos ingresaron, cuál es su formación, cuál es su salario. Esta ley se comenzó a implementar en algunos aspectos, pero nos falta el reglamento. Ya hay incorporados unos 32,000 empleados, cerca de un 15% del personal del gobierno central, que son 274,000, y con las instituciones descentralizadas llegarían a unos 380,000”, dijo Ventura Camejo.

La legislación anterior solamente abarcaba al gobierno centralizado, la actual incluye a todos, hasta los ayuntamientos. Y como lo que se incorpora es el cargo –explica-, la implementación en los municipios es un trabajo arduo, pues hay que comenzar con su estructura orgánica, sus organigramas, definir los puestos, los procesos, los manuales, y después es que viene la implementación.

La Secretaría de Administración Pública (SEAP) espera que en un plazo de cuatro años, como estipula la ley, el 50% de los cargos públicos estén profesionalizados, o sea, que  ocuparán los puestos por concurso, si reúnen el perfil exigido para su desempeño.

“Con la Ley de Función Pública nos colocamos, en el plano normativo, a nivel de otros países iberoamericanos. Ahora nos toca luchar porque exista una correspondencia con la praxis”, indica el funcionario al presentar la Ley 41-08, fruto del esfuerzo en que desde 2002 se empeñaron la ONAP (actual SEAP), el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) y el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (PRO-REFORMA).

Ley orgánica.   Ventura Camejo sustenta también su optimismo en que pronto será sometido al Congreso un proyecto de nueva Ley Orgánica de Administración Pública, que sustituiría a la vigente, la anacrónica Ley 4378 promulgada en 1956.  La SEAP trabaja en esa nueva legislación, que definirá la macroestructura del Estado y descentralizará al sector público, junto a CONARE y con la asistencia de una firma francesa.

De alguna manera –afirma- esa nueva ley limitará las discrecionalidades de los funcionarios públicos en cuanto a su competencia, le va a dar un orden definitivo al Estado, definirá cuáles son los órganos necesarios, delimitando las atribuciones de cada uno, para que no haya duplicidades, que haya una competencia definida. El proyecto ya está casi terminado para enviarlo al Congreso, habrá un solo órgano con una función, lo que va a racionalizar, a optimizar la operatividad. Una ley fundamental que hace tiempo debimos tener.

La ley orgánica vigente faculta al Presidente de la República para nombrar a los subsecretarios que estime pertinente. Según el titular de la SEAP, la legislación proyectada acabará con esas discrecionalidades, va a definir la cantidad de subsecretarías. 

Modelo de gestión.   La esperanza de Ventura Camejo de lograr la calidad en los servicios del Estado radica en otro elemento que estima relevante: trabajan en el desarrollo de un modelo de gestión en el sector público, que no contaba con una referencia para operar, dependiendo de las actitudes del Secretario o Director General, no había un modelo general, coherente, sistemático. Acorde con la Ley de Función Pública, ya estos funcionarios no pueden emplear a ninguna persona si el cargo no está presupuestado.

 “Eso va a implicar una gran transformación en el sector público porque establece una alianza estratégica entre la SEAP, Presupuesto y la Contraloría, que ha sido un gran soporte para nosotros, han estado apoyándonos en esa gestión. Si el cargo no está definido, presupuestado, no se acepta”.

Ese modelo de gestión –expresa- tiene criterios sobre la planificación estratégica, el papel del liderazgo, los valores, una misión definida y una visión de futuro, enfocado en procesos para la viabilidad del Estado, saber cuáles son las partes con las que se comprometen para mejorar los procesos y simplificarlos, agilizar para dar servicios con oportunidad y dignidad a los ciudadanos.

Se trata de establecer la cultura de medición, determinar el impacto de lo que se hace, la opinión de los ciudadanos que buscan un servicio, cuáles son sus reclamos, su nivel de satisfacción.

En los tres años de la gestión de Ventura Camejo comenzaron a evaluar el desempeño de los empleados públicos, los que, según la Ley 41-08, si tienen dos evaluaciones negativas salen de la carrera, que no es una patente de corso, también si no cumplen con los cursos de capacitación más dos faltas.

Automatización

Como   impactante en el sector estatal funcionarios califican el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), un proyecto financiado por el BID, con el que a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), buscan la transparencia y el manejo automático de los sistemas de gestión. Ese proyecto tiene ya como dos años, con un costo de 5 millones de dólares –explica Ventura Camejo–, se hizo un concurso internacional y ganó una empresa argentina. Esto va a transparentar la nómina pública, no podrá haber duplicidad de trabajo, va a disciplinar al sector público, y nos va a dar información del personal, quién es, cuál es su preparación. Permitirá planificar los recursos humanos debidamente.

“Estos proyectos, aparte del trabajo regular nuestro, van a racionalizar la administración pública, después de definir las estructuras, los organigramas, clasificar los puestos, definir los perfiles del servidor público, los procesos, la capacitación, la promoción en base al mérito, los concursos de oposición, el reclutamiento y selección, la política salaria”l.

Somos optimistas en cuanto a que esto va caminando, obviamente trabajamos en un ambiente con una cultura clientelista, donde se cree que el partido que gana tiene el derecho a los cargos públicos, y no es así, pero poco a poco hemos ido avanzando. Hemos hecho varios concursos públicos de oposición, y todo el sistema se va revolucionando; creamos alianzas, hay una masa crítica, los encargados de recursos humanos están conscientes de que no se puede tratar al personal por filiación política.