Aunque en sentido general fue calificado de “extraordinario”, algunos aspectos del  anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional que presentó públicamente la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), fueron objeto de polémicas en el primer foro en  que fue analizado.

 En el Foro FINJUS-HOY participaron legisladores, miembros del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, estudiantes de Derecho y representantes de la sociedad civil.

El evento comenzó con las palabras del vicepresidente ejecutivo de la FINJUS,  doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, quien atribuyó  importancia al anteproyecto de ley, al afirmar que “la jurisdicción constitucional constituye el principal instrumento de garantía de los derechos fundamentales, del principio de supremacía constitucional, de los supuestos básicos del sistema democrático y del orden de valores que conforman el estado de derecho”.

A continuación, el licenciado Eduardo Jorge Prats, quien es el Coordinador de la Comisión de Expertos sobre Ley de Procedimiento Constitucional, sintetizó el contenido del proyecto, del cual  destacó los dos grandes procesos que regula: la Jurisdicción Constitucional y los mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, es decir, el Amparo.

Fueron precisamente estos dos temas los que motivaron la reacción de varios de los participantes en el Foro, quienes expresaron su preocupación  por el “exceso” de funciones de la Cuarta Sala, el aumento de  los jueces de la Suprema Corte de Justicia (JCE), la excepción del sobreseimiento, y la inclusión de vistas en los casos de acción directa de inconstitucionalidad, aspectos éstos que sugirieron que deben ser  revisados.

Según explicó Jorge Prats, la Cuarta Sala o sala Constitucional, tendrá  competencia para conocer los recursos de amparo contra órganos constitucionales,  actos del presidente de la República, de los poderes Legislativo y Judicial, de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas.

Tendrá poder, además, para conocer la casación de los amparos ordinarios; casación  en asuntos constitucionales de la jurisdicción ordinaria y, sobre todo, los conflictos constitucionales, que son aquellos que ni la Constitución ni otras leyes establecen cómo se dirimen.

El proyecto de ley la faculta también para vigilar que se cumpla la ejecución de las sentencias que emanen de ella misma, y de todos los demás tribunales en materia de amparo.

Los debates.  Fue el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, quien luego de  elogiar el anteproyecto de ley, al afirmar que el mismo tiene vocación de ser el más importante de los últimos años presentado en el país, planteó la necesidad de que algunas aspectos   de la ley había que “armonizarlos”

 En primer lugar, consideró que el aumento de 16 a 21 en el número de jueces de la SCJ, le crearía a ese tribunal problemas en su funcionamiento, en otros aspectos que son del Pleno de la JCE.

“Eso es algo preocupante, porque  quizás habría para la Suprema un gigantismo, ya que una ronda de opiniones de 21 jueces en el pleno de un órgano colegiado es una asamblea”, dijo Castaños Guzmán.

Como posible solución a ese punto, el presidente de la JCE propuso la creación de una Sala Constitucional ad hoc, con miembros seleccionados de las tres salas existentes.

Castaños Guzmán también reparó en los de la Vista en la acción de inconstitucionalidad, lo cual, dijo, extendería más el proceso y crearía “entaponamientos”.

En torno al  sobreseimiento, el presidente de la JCE dijo que su temor es que eso se convierta en un incidente que venga a ser una verdadera obstrucción de la justicia en el país, por el exceso de ese tipo de recursos.

Agregó que un tercer aspecto  de la ley en ciernes que  llamó mucho su atención, es la indefinición que tiene del denunciante y el accionante de inconstitucionalidad, y sobre si los derechos de uno son los mismos del otro.

El licenciado Paulino Pérez Cruzcompartió la preocupación del presidente de la JCE, en torno al aumento en la matrícula de los jueces de la SCJ.

Mientras que  el doctor Luis Scheker Ortiz alertó sobre el cúmulo de funciones que tendrá la Sala Constitucional.

Resaltó que con las grandes limitaciones y deficiencias que tiene hoy en día la SCJ para conocer los múltiples recursos de inconstitucionalidad, se debe procurar que lo mismo no ocurra con la sala Constitucional y los recursos de amparo. Al respecto,  planteó que la ley incluya algún mecanismo  que permita “cedacear” los tantos recursos que puedan lloverle, “hasta el extremo de anular lo que  es la función principal”.

Las claves

1. Deroga Ley de Amparo

El anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional deroga la Ley número 473-06 de Recurso de Amparo de fecha 30 de noviembre del año 2006

 2. Modifica Ley 2591

La iniciativa de la comisión de expertos que integran   los juristas Jorge Prats, Rafael Luciano Pichardo, Alejandro Moscoso Segarra, Domínguez Brito, Adriano Miguel tejada, Claudio Aníbal Medrano, Pedro Balbuena, Cristóbal Rodríguez Gómez, Francisco Álvarez, Luis Rivas, Eric Raful, Nassef Perdomo, Andrés Marranzini Pérez y Félix maría Tena de Sosa, también modifica los artículos 1 y sus párrafos I y II, 2, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 13 y 15 de la Ley Orgánica de la SCJ número 25-91, modificada anteriormente por la Ley número 156-97, del 10 de julio de 1997.

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Objetivo

El anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional es auspiciado por  la Comisión de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ).

  El mismo tiene como finalidad,  regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar, mediante los procesos constitucionales de control de constitucionalidad y de amparo, la supremacía de la Constitución y de los derechos en ella consagrados, y su uniforme interpretación y aplicación.

Principios Rectores

Los procesos regidos por la presente ley tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales, a fin de garantizar la tutela de los derechos fundamentales.

La frase

Francisco

Domínguez Brito

La R.D.  Enfrenta hoy un grave problema, y es que va convirtiendo en una cultura el irrespeto a las normas”

Los protagonistas

Servio Tulio Castaños Guzmán

Cargo: presidente de la FINJUS

  Es  Graduado doctor en Derecho,  Summa Cum Laude, y tiene una amplia preparación académica y laboral. Este reconocido jurista y politólogo ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), desde el año 2004. Es, además, integrante de la comisión de expertos que redactó el anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional.

Eduardo Jorge Prats

Cargo: Consultor-Coordinador

Es abogado y politólogo.  Ha impulsado varias propuestas legislativas sobre institucionalidad, además del Código Monetario y Financiero, Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Preside una firma de abogados consulores, es articulista, escritor, y actualmente es el consultor-coordinador del anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucional que promueven FINJUS y la  CARMJ.