La primera semana de enero de 1961 la principal prensa trujillista, representada en los periódicos El Caribe y La Nación, reaccionó indignada y cínica ante el anuncio del Consejo de la Organización de Estados Americanos imponiendo nuevas sanciones económicas a la República Dominicana, que se agregaban a las aplicadas en agosto de 1960 como condena por la  participación del régimen en el intento de asesinato al Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Estas otras medidas se publicaron el cinco de enero.

Un cable de UPI fechado en Washington informaba que el Acuerdo se tomó con 14 votos a favor y seis abstenciones. Los países que se inhibieron fueron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Haití y Guatemala. La resolución pedía a todos los gobiernos de las repúblicas americanas prohibir la exportación al país de petróleo, productos de petróleo, camiones y repuestos de camiones.

Era la primera vez, se afirmaba, que la OEA aplicaba sanciones económicas de este tipo a uno de sus Estados miembros.

Originalmente, y por presión del gobierno venezolano que consideraba el atentado una agresión contra su soberanía que ponía en peligro la paz de América, la OEA condenó enérgicamente la acción y todos sus  miembros rompieron relaciones diplomáticas con República Dominicana. También interrumpió parcialmente las relaciones económicas comenzando por la suspensión inmediata del comercio de armas e implementos de guerra de toda clase, considerando  extender la suspensión   a otros artículos.

Las medidas adoptadas, según la OEA, quedarían sin efecto “desde el momento en que el gobierno de la República Dominicana haya dejado de constituir un peligro para la paz y seguridad del Continente”.

Pero la actitud de Trujillo no varió por lo que el 21 de diciembre de 1960 la OEA consideró conveniente extender la anunciada suspensión  a otros artículos. El Presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, solicitó, entre otras cosas, la anulación de la mayor parte de la cuota azucarera dominicana en apoyo a las decisiones de la OEA.

Rómulo Betancourt había ofrecido apoyo económico a  exiliados antitrujillistas desde antes de su ascensión al poder en 1959. En 1947 respaldó moral y económicamente la expedición de Cayo Confite y luego las incursiones de junio de 1959 lo que dio lugar al plan de Trujillo para asesinarlo, asesorado por Johnny Abbes García, jefe del Servicio de Inteligencia Militar. La maniobra se efectuó el 24 de junio de 1960 utilizando un dispositivo electrónico que activó detonantes y explosivos colocados en un automóvil estacionado próximo a la ruta que recorrería el mandatario para asistir a un desfile militar. El carro-bomba explotó e impactó en el automóvil presidencial envolviéndolo en llamas. Betancourt resultó con graves quemaduras y miembros de su escolta resultaron muertos, otros heridos.

Pero nada de esto se publicó en la manipulada prensa trujillista.

Duro golpe.  Las nuevas sanciones del 4 de enero tuvieron un alcance negativo para el país y representaron un duro golpe para Trujillo que convocó a los dominicanos a repudiar a la OEA. Se sucedieron los desfiles y manifestaciones de protestas en “Ciudad Trujillo” y en las provincias, los periódicos calificaron de injusta la medida editorializando contra la VI Reunión de Cancilleres Americanos que con estas sanciones económicas “satisfacían las exigencias del déspota venezolano Rómulo Betancourt al través de los Estados Unidos de América”, expresaba El Caribe, agregando que la resolución carecía de legalidad “por violar abiertamente el principio de la no intervención sobre el cual descansa el sistema regional americano”.

Caricaturas y epítetos denigrantes contra Rómulo Betancourt llenaron las columnas de los dos diarios. El principal titular de La Nación proclamaba: “Imperialistas gringos y homosexual de Venezuela conjurados contra RD violan principio de la No Intervención”. Se organizó un piquete frente al consulado norteamericano con pancartas que rezaban: “¡Yankees no!”, “¡Fuera el cónsul gringo!”.

El ocho de enero, Virgilio Díaz Ordoñez, representante dominicano ante la OEA hizo una “enérgica defensa de los derechos de su país” frente a esta resolución. Dijo que el Consejo no tenía facultades para recomendar sanciones adicionales y declaró que las medidas estaban “desprovistas de cualquier ropaje legal adecuado”. Atacó a Estados Unidos por apoyar las sanciones. Venezuela, en cambio, “deseaba un boicot económico mas enérgico contra la República Dominicana, incluyendo una prohibición casi total de las exportaciones”.

Intelectuales al servicio del régimen se pronunciaron contra la OEA. El presidente títere Joaquín Balaguer manifestó en el discurso del 27 de Febrero que se trataba de una conspiración contra la República y destacó los daños de consideración ocasionados a la economía nacional. “Hemos sufrido el despojo de millones de pesos que nos correspondían legítimamente… y soportado la arbitrariedad de medidas sin precedentes para interrumpir nuestro libre comercio y nuestro tráfico marítimo aun con naciones situadas fuera de la órbita de la OEA. Se nos ha obligado a adquirir a precios incomparablemente más altos muchos artículos de primera necesidad y se nos ha puesto trabas para cerrarnos abusivamente al libre acceso a nuestros mercados naturales. Esas circunstancias han contribuido a encarecer la vida y a reducir las fuentes de trabajo en las zonas urbanas”, agregó.

El tres de septiembre de 1961, el canciller dominicano Porfirio Herrera Báez visitó varios países de Europa en busca de suministro de los productos incluidos en las sanciones. El 14, el subsecretario de Estado norteamericano Robert F. Woodward expuso ante el Consejo de la OEA el deseo  de que se levantaran las sanciones y un día después su petición era respaldada por John Calvin Hill, cónsul general de los Estados Unidos.

Pero no fue sino el 5 de enero de 1962 cuando el Consejo de la OEA suprimió la ordenanza considerando que el país había dejado de constituir “un peligro para la paz y la seguridad del Continente”.