Dejando una aleccionadora experiencia que no debe desaprovecharse, la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) abre un nuevo capítulo de su historia, tras cuatro decenios en los que la demanda de combustibles del país creció de 3.9 a 52.9 millones de barriles anuales sin que, como se había convenido, la empresa ampliara su planta de refinación.
Cuatro décadas en las que la Refinería permaneció tecnológicamente congelada, en medio de cambios radicales en el dinámico mercado petrolero que remontaron los precios de la gasolina regular y del gasoil de 43 y 21 centavos el galón a RD$143.70 y RD$115.80, respectivamente.
Un nuevo socio, al parecer Venezuela, se establecerá en los que fueran hasta hace poco dominios exclusivos de la Shell Petroleum Company, que regenteó Refidomsa con un control absoluto, y si bien garantizó la seguridad al operar la planta, no cumplió las expectativas en el ahorro de divisas, reduciéndose la refinación local a un tercio o menos del consumo nacional de hidrocarburos. Esto ocurrió al desestimarse el proyecto de expansión y moderrnización tecnológica de sus instalaciones, no sólo para llevar la capacidad de refinación de 34,000 a l00,000 barriles diarios -cantidad superada ya- sino también adecuarla técnicamente para procesar crudos pesados.
Al cesar la sociedad del Estado dominicano con esa transnacional de capital anglo-holandés en 2008, el convenio para la creación de Refidomsa permanecía invariable, quedando como las instalaciones de esa empresa, desfasado.
Su revisión fue infructuosamente encomendada a cinco comisiones oficiales, dos en gobiernos de Balaguer y las otras en las administraciones de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández. Los fallidos intentos delataban la incompetencia de los negociadores estatales, hablan con elocuencia de complacencia, apatía y complicidad.
Mas, lo que realmente minimizó el papel estatal en Refidomsa, fueron los estatutos que, situados por encima del convenio, otorgaron a la Shell el control de la empresa, concediendo al gerente general -un representante de Shell-, poderes por encima de los del Consejo de Administración. Tal supremacía se evidenciaba en atribuciones que desbordaban con creces las estipuladas en el acuerdo.
En el Consejo de Administración, constituido en partes iguales para ambos socios, el Estado tenía participación pero no poder de decisión, y el presidente de la Refinería un representante estatal- no tenía voto preponderante.
Aunque predominó el silencio, presidentes de Refidomsa denunciaron la falta de información sobre cómo se regía la empresa y la marginal función del socio estatal, invalidado para hacer cambios. Como prácticamente no tenían acceso a las operaciones, la mayoría de esos funcionarios se limitó a recibir pasivamente la información que Shell les ofrecía.
Con la compra por el Estado del 50% de las acciones de Shell en Refidomsa, termina una historia salpicada de suspicacias y recelos, y se abriría otro capítulo en el que con un nuevo socio vuelven a crearse expectativas con la propuesta de ampliar la capacidad de refinación y almacenaje, inclusive para exportación.
En retrospectiva
La aventura petrolera dominicana comenzó en los años 60 en el fragor del modelo de sustitución de importaciones, cuando los países árabes amenazaban a subir el precio del petróleo a US$5.12 el barril. A fin de resarcir los estragos en la economía por el alza petrolera, se creó Refidomsa, mediante un convenio refrendado por el Congreso el 7 de noviembre de 1969.
Las instalaciones se construyeron con un préstamo japonés, el capital suscrito y pagado era de US$9 millones y Shell financió U$4.5 millones del socio estatal, que aportó los terrenos.
En 1972 tocaban puerto los últimos embarques de derivados del petróleo traídos desde el Caribe por cuatro transnacionales que los recibían en Punta Torrecilla. En lo adelante, llegarían crudos reconstituídos principalmente de México y Venezuela para ser refinados en la flamante planta inaugurada el 23 de febrero de 1973, un ambicioso proyecto, originalmente negociado con Esso Standard Oil, con el propósito de decir adiós a las costosas importaciones de productos derivados del petróleo.
La refinación marchaba viento en popa y el ahorro de divisas aliviaba la balanza de pagos. Pero transcurrida la primera década, se entró en un retroceso en lo que entonces podría definirse como prematuros indicios de la globalización. En vez de ampliar y modernizar la planta refinadora para satisfacer la demanda, según lo estipulado en el artículo 2 del convenio, instalaron una terminal para importar productos refinados. Según la Shell, tal decisión la adoptaron ambos socios entre 1985 y 1986 por conveniencias económicas. Mas, la desviación de los objetivos de la empresa violaban el convenio, además de los perjuicios por la mayor demanda de dólares para la creciente importación de productos refinados.
En 1985 Refidomsa suministró 10.3 millones de barriles de derivados de petróleo, de los que refinó el 91.3%, y sólo importó 8.7%. Pero en el decenio siguiente creció la importación de esos productos, y para 1995 se elevó al 54.6%. En 1991 la proporción fue 61%.
Al mediar los años 80 la composición del suministro indicaba que la producción local estaba en desventaja frente a la importación de productos refinados, incrementada en 1985-1995 en 1,522%. Esa tendencia persistió, y la compra en el exterior de gasolina, gasoil y otros derivados del petróleo se constituyó en el principal negocio de Refidomsa.
Inclusive, varias veces pararon por meses la Refinería, no para mantenimiento, sino por ser más rentable la compra en el exterior.
El aumento se expresaba sobre todo en la gasolina. Salvo en 1974, cuando importaron el 2.24% del consumo, y en 1975 el 0.53%, este combustible se refinaba totalmente en el país hasta 1981, cuando comenzaron a importarlo, aún en volúmenes escasos.
Apenas el 1.9% del total consumido en 1985, mientras en 1995 su importación subió a 54.5%. En lo adelante sobrepasa el 60%.
A estas compras en el exterior se agregaba la gasolina premium -sin plomo- totalmente importada.
El poderío de una transnacional
La hegemonía de la transnacional británica-holandesa en el mercado petrolero dominicano se expresó al concentrar el 50% de las acciones de Refidomsa como Shell Petroleum Company, y un 40% de la distribución de la Shell Company (WI) Limited, más una parte representativa de la comercialización al detalle y el transporte de hidrocarburos.
Su poderío se amplió con la participación de subsidiarias o de empresas asociadas en la oferta de servicios, en los fletes y el suministro de crudos y productos refinados.
Compañías petroleras criticaban los privilegios contractuales de la Shell y el monopolio en las importaciones. Presidentes de Refidomsa la acusaron de violar el convenio firmado en 1969, particularmente en el artículo 2 que disponía la ampliación de la planta refinadora.
Otras alegadas violaciones detectadas por representantes del Estado, correspondían a los artículos 9 y 12. Según el artículo 9, tras construir la planta refinadora, Shell debía poner en venta parte de sus acciones a las otras tres distribuidoras, Texaco, Esso y Sinclair. El Estado detentaría el 50% de las acciones, Shell 25% y el resto las otras tres distribuidoras. Shell había indicado que cumplió tal disposición, pero que esas empresas no aceptaron la oferta. En tanto, representantes del Estado consideraron que éste fue un punto nebuloso porque no se dijo de manera clara por qué esas compañías no compraron las acciones, mientras algunas distribuidoras habían declarado que Shell subió de manera desmesurada el monto de las acciones y buscó cuantos requisitos fueran posibles para que no pudieran adquirirlas.
Asimismo, se había denunciado que al establecer en 1990 la base para fijar los precios de paridad se violó el artículo 12, el cual estipulaba que debía hacerse sobre la base del precio fob, conforme a los precios posting del Caribe publicados en la revista Patt Oil Gram News, Caribbean Products Posting.
Para entonces, Refidomsa optó por la fórmula Maraven, importando predominantemente de Venezuela. Representantes del gobierno señalaron que independientemente de que los precios fueran mejores o peores, se trató de una violación del convenio, y que si se querían hacer tales cambios, había que canalizarlos a través del Congreso.