La Defensoría del Pueblo denunció este lunes que en lo que va de 2021 han sido asesinadas en Colombia 35 mujeres transgénero, tres de ellas este mes, por lo que pidió “duplicar esfuerzos” para garantizar la vida de estas personas.
Para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, las mujeres transgénero son las que “con más rigor soportan la marginación y violencia”, por lo que solicitó a las autoridades fortalecer las investigaciones para llevar a la justicia a los responsables de estos homicidios.
En esas pesquisas, dice Camargo, se debe tener “presente la identidad de género de las víctimas para determinar si los móviles configuran un crimen motivado por el prejuicio».
También exhortó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a implementar los análisis de riesgo conforme al Protocolo de Valoración de Riesgos para lideresas y defensoras de derechos humanos y que las autoridades recojan las “recomendaciones emitidas por la Defensoría en las Alertas Tempranas para prevenir estos casos».
Camargo recordó que en los últimos días fueron asesinadas las trans Cristina Cantillo, en Santa Marta; Yuzman Dávila, a quien llamaban La Diva, en Riohacha, y otra en Bogotá conocida como Maní.
Al referirse al caso de Cantillo la Defensoría aseguró que la acompañó en 2019 para presentar una acción de tutela (recurso de amparo) para solicitar “su protección, lo que permitió la asignación de un esquema de protección para tutelar su derecho a la vida y a la integridad personal”.
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró que la activista, que era directora de la Fundación Calidad Humana, fue asesinada el pasado 7 de diciembre luego de que la UNP la dejara en su casa en Santa Marta.
Según la ONG Caribe Afirmativo, Cantillo había recibido amenazas de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), principal banda criminal del país y conocida también como el Clan del Golfo, “y tuvo que desplazarse con sus compañeras ante la revictimización” que recibieron de la Policía cuando “buscaban protección».
“Hacemos un llamado a la sociedad para que no se naturalice el odio y el prejuicio en contra de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas y a todas las entidades para que su acción sea desprovista de estos sesgos”, concluyó el Defensor del Pueblo.