POR SOILA PANIAGUA
La representante del Banco Mundial, Christina Malmberg-Calvo, quien afirmó ayer que la corrupción es el segundo obstáculo más fuerte para los sectores productivos del país, ya que según estudios, las empresas dominicanas pagan más sobornos que las centroamericanas, lo que afecta su competitividad.

Al hablar en el almuerzo mensual de la Cámara América de Comercio, también dijo que aunque la corrupción está considerada como un obstáculo grave en otras  naciones de América Latina y el Caribe, la proporción de las empresas afectadas en el país es mayor.

Con la cita de un estudio sobre el clima de inversión en el país, Malmberg-Calvo sostuvo que “las empresas dominicanas pagan soborno de una magnitud mayor a las de sus vecinos centroamericanos, un promedio de 15% del valor del contrato”.

En cuanto a los pagos informales que se dan para agilizar las cosas, que sostuvo es otra manera de medir la corrupción que enfrentan las empresas, manifestó que  los sobornos pagados por empresas manufactureras para facilitar la emisión de permisos, asistencia y pago de impuestos entre otros, promedian el 2.3% de las ventas anuales. “Estos representa costos más altos para las empresas dominicanas en relación a El Salvador, Nicaragua y Honduras”, dijo, tras lo cual añadió que en el problema de corrupción hay mucho más que un actor.

Explicó que los obstáculos que enfrentan las empresas manufacturas del sector privado tienen un impacto negativo en las inversiones futuras.

Sostuvo que las empresas dominicanas tienen pérdidas equivalentes al 18% de sus ventas anuales, si se suman los costos asociados con las interrupciones de los servicios como electricidad, agua potable y sobornos para hacer que las cosas funcionen, pérdidas en el transporte y medidas de seguridad.  “Esos resultados sugieren que las empresas dominicanas están en desventaja, en comparación con sus competidores más cercanos”, aseveró.

Citó el caso de El Salvador, donde las pérdidas acumuladas por las empresas era 10% de sus ventas anuales.

LA ENERGIA

Sobre este aspecto, dijo que si no se aumentan los cobros y se reducen las pérdidas en el sector eléctrico no se podrá avanzar. “El sector   eléctrico es el que mejor ejemplifica el costo de las debilidades institucionales para la sociedad dominicana”, añadió.

Añadió que los dominicanos reciben 10% menos de energía eléctrica que el ciudadano promedio de América Latina, por efecto de las reformas inconclusas, la inconsistencia de las políticas y las fallas regulatorias del sector, lo cual lo ha llevado a un círculo vicioso sin sostenibilidad financiera.

“Los costos totales de la crisis eléctrica en el 2005 se estiman en US$1,000 millones, considerando los subsidios fiscales directos, como el costo estimado de la inversión de autogeneración, lo que representa el 5% del PIB, igual al gasto público combinado en educación y salud”, explicó.

Sostuvo que el referido costo es una pesadilla, porque ningún país se puede permitir o aguantar esa situación.

Afirmó que será difícil para República Dominicana ser competitivo en sus áreas tradicionales de manufactura, si  no aumenta la capacidad de sus recursos humanos.

También aludió a la importancia relativa de varios factores en el clima de inversión y a que entre el 70% y el 90% de la diferencia en el desempeño de las empresas en los distintos países, se puede atribuir a los factores de clima de inversión y que son los más importantes las infraestructuras y la tecnología.

Afirmó que la competitividad del aparato productivo y la pobreza tienen una estrecha relación, por lo que se debe trabajar para enfrentar esos dos elementos para que el crecimiento económico impacte positivamente en una mayor proporción de la población.

Dijo que en el aumento de los niveles educativos juega un papel vital el incremento de la competitividad y de la reducción de la pobreza.

“La eficiencia del sistema de seguridad social es clave para reducir el impacto del desempleo y de una enfermedad que afecte a la familia. Estos sistemas cuando funcionan permiten que se puedan asumir un cierto nivel de riesgo y adoptar estrategia más rentable”, dijo.

Abogó porque se aprueben las reformas que fortalezcan las instituciones del Estado y se implementen las políticas necesarias que transformen el crecimiento a fin de que incida en una reducción real de la pobreza.

Afirmó que República Dominicana necesita un contrato social de largo plazo y que se rompa la cultura cortoplacista.

“El país necesita que su gente y las empresas paguen los impuestos, La evasión es impresionante”, sostuvo.

Indicó que el crecimiento económico debe favorecer a los pobres y que  “se necesita un Estado que recaude, implemente y  gaste bien”.

Apoyó la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado y dijo que tiene  que haber  castigo para el despilfarro y la corrupción.

Asimismo, consideró que el impacto del crecimiento económico en la reducción de la pobreza depende de la distribución de los ingresos, los cuales deben distribuirse en forma equitativa.

“En República Dominicana en los años de mayor bonanza económica -1997-2002, apenas 1.0% de los dominicanos escaparon de la pobreza, lo que revela un impacto muy bajo del crecimiento económico sobre la pobreza, a jugar por la experiencia internacional”, dijo.

Añadió que desde 1970 en el país se han producido tres crisis económicas importantes, a mediados de los años 80, en el 1990 y entre el 2003 y el 2004, lo que incidió en un aumento de la pobreza.

Comentó que durante la crisis del 2004 un millón 500,000 dominicanos pasaron a ser pobres, de los cuales 700,000 cayeron en la pobreza extrema.

Afirmó que en el país hay serios problemas con la calidad de los servicios públicos básicos, como son el suministro de agua potable, energía eléctrica, educación y salud.

  Dijo que aunque el 86% de las familias tiene acceso al agua potable, un hogar promedio conectado a las tuberías recibe un promedio de tres días del servicio a la  semana.

 Abogó porque se emprendan acciones para disminuir la brecha social y afirmó que en los últimos 35 años el crecimiento del PIB está asociado a la expansión significativa de la zona franca, el turismo, las telecomunicaciones, la construcción, el transporte y hasta principios de la década de los 90, a los servicios financieros.

“En República Dominicana las mejoras en el sector educación, infraestructura, la apertura en el comercio internacional y la actividad financiera estimularon el crecimiento económico”, dijo.

No obstante, añadió que elementos de esos mismos factores, como son la educación y las infraestructuras afectaron negativamente la competitividad.

Sostuvo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, DR-CAFTA, facilitará el acceso a nueva tecnología, pero que  República Dominicana necesita mayor capacidad y habilidad para poder absolver con transparencia el futuro inmediato.