Los máximos representantes del Colegio Modelo Cristiano dijeron hoy que demostrarán ante los tribunales competentes que el principal responsable de la oposición a la construcción de ese centro escolar es el alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, quien ahora quiere ser mediador.

El licenciado Andrés Reyes, ex  Ministro de Educación y de Educación Superior, y presidente del Consejo de Dirección del Colegio Modelo Cristiano, y el profesor Bolívar Sierra, representante de ese centro educativo, explicaron que para la construcción de su local  han cumplido con todos los requisitos de ley.

Negaron que el alcalde Fernández sea mediador en el conflicto generado, porque no ha reconocido los derechos adquiridos por ese centro de la Ciudad Modelo, ubicada en la entrada a Los Guaricanos, en la avenida Charles de Gaulle.

Señalaron  que “llora ante la presencia de Dios” que a alguien se le ocurra pensar que la educación intranquiliza, y reafirmaron que el alcalde Fernández se opone a la construcción por un compromiso de campaña electoral.

Señalaron que están totalmente seguros que si Fernández hubiese cumplido con la responsabilidad institucional de reconocer los permisos otorgados por la gestión anterior, no estuvieran confundidos algunos de los vecinos que muestran su oposición a la construcción.

Indicaron que éstos mantienen la actitud inexplicable de creer que la Ciudad Modelo tiene reglas urbanísticas al margen de la Constitución, las leyes, reglamentos, resoluciones y disposiciones administrativas, porque el alcalde, haciendo uso de un recurso demagógico de campaña, prometió que “mientras él sea síndico, no será construido el colegio en el sector”

Expresaron que no entienden eso de “mediador”. Ahora si es cierto, lo correcto es que la mediación se haga tomando como base los preceptos de la Constitución, la ley 176-07 que rige a los ayuntamientos; la Ley 66-97 que rige la educación en la República Dominicana, así como los Reglamentos de Edificaciones Escolares, resoluciones, disposiciones administrativas y todo ordenamiento legal conexo y no a compromiso de campaña para oponerse a la construcción del necesario centro escolar”.

Indicaron que declaraciones ofrecida por la Junta de Vecinos de la urbanización  resultan lamentablemente insultantes ante la gran mayoría del pueblo dominicano, en un momento en que nuestra sociedad se ha unificado en torno a reclamar un 4% para la educación, por considerarla el principal aporte del Estado, para que la sociedad supere los males seculares del subdesarrollo y pueda insertarse, con éxito, a los grandes desafíos de un mundo globalizado.