El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, el cual pone especial énfasis en la corrupción relacionada con la crisis de salud producida por el COVID-19.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020, revela que en la mayoría de los países los avances en la lucha contra la corrupción han sido escasos o nulos en casi una década y más de dos tercios puntuaron por debajo de 50 sobre 100.

Transparencia Internacional establece que, incluso en los países con las puntuaciones más altas se han producido denuncias de corrupción como la falta de transparencia en el gasto público para hacer frente al COVID-19. “El COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es también una crisis de corrupción. En el último año las denuncias de corrupción durante la pandemia se han extendido por todo el mundo”, establece el estudio.

Las puntuaciones más altas del índice corresponden a Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos cada una, seguidas de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos cada una.

En la región de Las Américas, los mejores índices son los de Canadá (77 puntos); Uruguay (71); Chile (67); Estados Unidos (67). Los países con peor puntuación en el continente son: Venezuela (15 puntos); Haití (18); Nicaragua (22); Honduras (24); Guatemala (25); Paraguay y República Dominicana (28).

Participación Ciudadana destaca que el IPC fue incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. “Los datos arrojan que nuestro país fracasó en alcanzar los 51 puntos que se propuso como meta para el 2020.La puntuación más alta obtenida por el país desde que inició la publicación de estos informes fue de 35 puntos en el 2002, mientras la más baja es la de 28 en el 2019 y 2020”, señala el comunicado.

En el informe dado a conocer hoy, Transparencia Internacional recomienda que, para combatir el COVID-19, es fundamental que los países:

Refuercen las instituciones de supervisión de manera que los recursos alcancen a los que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones de supervisión deben contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.

Garanticen unos procesos de contratación abiertos y transparentes a fin de combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.

Defiendan la democracia y fomenten el espacio público, creando las condiciones necesarias para que se pueda pedir cuentas a los gobiernos.

Publiquen datos relevantes y garanticen el acceso a la información de modo que la población reciba información fácil, accesible, oportuna y pertinente, especialmente en relación con el gasto de fondos y la distribución de recursos, aspectos muy importantes en situaciones de emergencia.