República Dominicana: ¿estado fallido o democracia fallida? (2 de 2)

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POR EL ARQUITECTO LEOPOLDO A. ESPAILLAT N.
El contexto de geopolítica que enmarca esta agresión al país no puede ser más preocupante. El hecho de que la misma ocurre al regresar el Presidente Fernández de Venezuela, de comprometer a la República Dominicana a integrarse a Petro-Caribe, la iniciativa del Presidente Chávez para eliminar intermediaciones especulativas en el comercio del petróleo venezolano, la cual lesiona intereses de las transnacionales petroleras norteamericanas, británicas y holandesas, si es casual, no deja de ser amenazante, por la animosidad de esas empresas contra Chávez y su política petrolera y de unidad latinoamericana bolivariana, ratificada ahora por el Secretario de Defensa EE.UU. Donald Rumsfeld.

Además el Presidente Fernández fue retratado en el evento junto con el Presidente Chávez y el Presidente cubano Fidel Castro, a lo cual se ha dado amplia difusión acompañada de intencionada caricaturas, y todo ello nos obliga a revisar y analizar los factores usados para evaluar a los tres únicos países de América incluidos en las veinte primeras posiciones de riesgo, y la significación otorgada a cada uno de ellos, para sopesar su intención.

Tampoco puede obviarse que Venezuela-aunque fuera del grupo de las 20 naciones de mayor riesgo-figura en la posición 21, muy cerca de nuestro país, mientras Cuba está bien lejos en la posición 58, evidenciando que no se toma en cuenta si la estabilidad o gobernabilidad contrapuestas al riesgo evaluado, se alcanzan en un régimen democrático y de libertades públicas, o bajo una dictadura. Extraña asimismo que México, donde operan varias guerrillas encabezadas por Chiapas, y tiene una peligrosa situación de inestabilidad política a causa de la corrupción gubernamental y el narcotráfico heredados de la gestión de Salinas de Gortari, no esta entre las naciones con riesgo de devenir en ‘estado fallido’. En el ámbito de Centroamérica, están Guatemala, en la posición 31; y Honduras en la posición 41, mientras Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, y Panamá, escapan de la peligrosa calificación.

Con el perdón de la tecnología de informática que se dice fue utilizada, la evaluación luce errada. Obsérvese -para comenzar- que las cuentas no cuadran. Luego, es evidente que varios factores no fueron evaluados objetivamente. En el 01, RD tiene 189 Habs/Km2; Haití tiene 293 y Colombia 37.

¿Como es que están casi a la par? En el 02, el país que tiene problemas (precisamente con la presencia masiva e ilegal de haitianos) es RD, no a la inversa. ¿Cómo es que están a la par? En el 04, ambos países adolecen un modelo económico injusto en la distribución de la riqueza, pero en Haití es mucho más radical la diferencia entre sus élites y la masa del pueblo. ¿Cómo tenemos igual evaluación? En el 08, se nos adjudica mayor irrespeto a los derechos humanos que Haití (a un paso de una guerra civil si la ONU se retira), porque esa es la campaña para dejarnos aquí la masiva e ilegal presencia haitiana.

En estos factores de crisis brillan por su ausencia algunos tan importantes como la Democracia; el Delito; la Droga; Falta de un Proyecto Nacional; y Respeto de la Soberanía, por parte de nacionales y extranjeros. ¿Que tenemos en común los tres países de América incluidos en los 20 de mayor riesgo? la droga. EE.UU. acusa a RD de ser puente de la droga que llega a Haití desde Colombia, y es remitida luego a su territorio. Los tres países incluidos en los 20 de más alto riesgo de colapso.

UNA CRISIS NACIONAL

Al examinar objetivamente la profunda crisis en que se debate la Nación dominicana, debemos reconocer que el cuadro es extremadamente preocupante. Veamos algunos indicadores del índice.

LEGITIMIDAD DEL ESTADO

No se respetan la Constitución ni las leyes. El Presidente de la República ha inaugurado los trabajos de remodelación del Puerto de Santo Domingo, una onerosa concesión por 40 años que conlleva una supuesta inversión extranjera de 400 millones de dólares y la enajenación de parte del territorio (incluyendo la base naval de Sans Soucí), prohibida por la Constitución de la República; y ha utilizado más de 5,300 millones de pesos del presupuesto, cuya transferencia requería aprobación previa del Congreso; la Secretaría de Industria y Comercio y la Junta Monetaria crean impuestos ocultos e inconstitucionales; el Ejército Nacional, encargado de la vigilancia de la frontera con Haití, ha dejado pasar contrabando, armas, drogas y más de 2 millones de haitianos; y la Secretaría de Interior y Policía permite a los haitianos ilegales organizarse en el país, a reclamar derechos que la Constitución les niega.

Además, no tenemos institución de orden público ni tampoco justicia, porque la Policía Nacional, a través de seis ex jefes de la institución y más de 50 altos oficiales activos y retirados, acusados por el Ministerio Público de ´Asociación de Malhechores´, vinculándose la institución al delito organizado, han sido favorecidos con autos de ´no ha lugar´, mientras la ciudadanía se organiza en los barrios de la capital, ciudades y comunidades del interior para autoprotegerse, y se suceden con frecuencia los casos de linchamientos colectivos de delincuentes y de ajusticiamientos personales; la Suprema Corte de Justicia admite públicamente que se le han acumulado 175 expedientes de inconstitucionalidad sin fallar, mientras sus miembros de muy avanzada edad se niegan a reiterarse; y los almacenistas importadores pasan sus contrabandos por las Aduanas de la República mediante concesiones ilegales, y la abundante riqueza minera -especialmente concesiones de oro y plata- que el Art. 103 de la Constitución declara propiedad del Estado, se cede a negociantes extranjeros desconocidos, incluyendo 809.4 kms 2 de territorio fronterizo.

DESARROLLO DESIGUAL; DECLINACIÓN ECONÓMICA & DIÁSPORA

Por falta de un Proyecto Nacional, la economía del país se ha entregado al predominio de la inversión extranjera, tanto en turismo como en comunicaciones, con su pernicioso e incontrolado efecto centrífugo, que reduce el PBI real y el poder adquisitivo de la población estancando sus transacciones y concentrando la riqueza en manos extranjeras y pocas manos nacionales; las empresas llevan dos y tres contabilidades, trabando el funcionamiento de la bolsa de valores; el comercio cobra el impuesto de consumo ITBIS pero no lo entrega al Estado, mientras indexa sus precios con tasa de cambio infladas.

Los bancos comerciales -varios de los cuales han protagonizado quiebras fraudulentas- operan sospechosos “bandos de ultramar” en los que guardan millonarias cuentas en dólares, algunas provenientes de lavado de la droga o de las comisiones de altos funcionarios corruptos; el gobierno compromete los recursos presupuestarios en proyectos ligados a personeros del partido oficial, como el Metro soterrado; la Isla artificial; y la Renovación del puerto de S.D., divorciados de las perentorias necesidades de la población, que están orientados en gran medida, a la construcción de edificaciones e instalaciones de lujo, para los muy ricos que vendrán de fuera o los que surgen mediante la corrupción imperante. La consecuencia es la exclusión económica y la desesperada migración al extranjero en búsqueda de oportunidades.

Servicios Públicos

El servicio eléctrico nacional sigue en crisis y el país apagado, al fracasar su entrega inconstitucional, sospechosa y fraudulenta a entidades extranjeras, dejando al Estado endeudado y entrampado; como fue también el caso de la entrega de los aeropuertos internacionales del Estado; el intento de Seguridad Social ha fracasado, funcionando únicamente lo que le dio origen, la acumulación del ahorro forzoso de los trabajadores en las filiales de los bancos comerciales para reforzar su liquidez; el estratégico suministro de combustibles de Refidomsa, fiscalizado por Industria y Comercio, se ha instalado como un mecanismo de exacción con el cual se drenan las reservas de divisas del país y se abulta la pesada carga de la factura petrolera.

La paz social de la República, bajo estas condiciones, pero especialmente por la masiva presencia haitiana, es muy vulnerable a la voluntad de un peligroso enemigo de los dominicanos, Jean Bertrand Aristide, que desde el exilio ha sido capaz de organizar protestas en el propio territorio norteamericano a su favor, y mantienen a Haití al borde de la guerra civil, porque cualquier acción de agresión que él ordene a sus partidarios en Haití y en el país contra dominicanos, pueden detonar un conflicto que culmine en una intervención de fuerzas militares extranjeras para retornar la paz.

No obstante todo ello, los dominicanos no podemos aceptar la clasificación de estado fallido, que se nos endosa, porque busca justificar el desconocimiento de la soberanía dominicana mediante una intervención militar y un fideicomiso que precipiten la fusión de facto con Haití prevista desde el “Plan Exodo”, y el Congreso Nacional debe pronunciarse rechazándola y denunciándola en ese propósito.

Propongo que nos reconozcamos “democracia fallida”, nutrida de la crisis de los partidos políticos y su divorcio de los intereses nacionales, entregados a una economía neoliberal que nos destruirá en nuestra capacidad productiva, crisis propia de una mediocracia sin rumbo propio, que puede ser empujada por factores externos e internos a una situación de “estado fallido” que justifique ante el mundo una intervención militar extraña. El que tenga oídos para escuchar, que escuche, y el que tenga ojos para ver, que vea.