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POR ODALIS MEJIA
La República Dominicana subutiliza el potencial económico y social de los bosques, pese a que el 67% de su territorio tiene vocación forestal debido a la ausencia de una ley sectorial, de financiamiento adecuado y de políticas que integren a las comunidades y a los sectores productivos al manejo sostenible de este recurso.
Tal situación se desprende de una evaluación del sector forestal presentada por la Secretaría de Medio Ambiente en la que además establece que en el país existen unas 70,000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales, pero sólo satisfacen el 12% del consumo nacional para un equivalente a US$20 millones al año.
El análisis también señala que la demanda anual de madera es de 760,000 metros cúbicos, mientras que la producción industrial local está en 85,000 metros cúbicos a través de unos 100 productores y 130 aserraderos en todo el país.
Con relación a la tenencia de la tierra el informe establece que 409,959 campesinos están sin tierra; el 1.8% de los propietarios poseen el 55% de las tierras cultivables, mientras que el 82% de los dueños tienen el 12% de los terrenos.
En cuanto a lo legal se establece que las principales normativas sobre el sector han sido derogadas y en la actualidad no existe una ley sectorial sobre recursos forestales; solo está vigente el reglamento forestal y varias normas técnicas forestales emitidas por decreto en junio del 2001. Esto además de la Ley 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, que funcionan como marco general.
Indica que la política forestal ha privilegiado la producción de plantas, la reforestación de las cuencas altas de los ríos, la vigilancia y la concertación de acuerdos con el sector privado y las comunidades.
El diagnóstico, presentado ayer durante el taller Análisis del Programa Forestal Nacional, recoge los aspectos que ha de tener en cuenta el Programa Forestal Nacional, que formula la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN).
Entre las debilidades del sector se citan: falta de mecanismos de valoración para aplicar programas de pagos por servicios ambientales del bosque; ausencia de una legislación forestal que incentive y garantice la inversión privada en el sector forestal; no disponibilidad de recursos crediticios y poca integración del equipo ambiental y económico del gobierno para diseñar políticas que contribuyan al mejoramiento de la gestión de los recursos forestales.
Con el encuentro, en el que participaron unos 70 representantes de los principales actores y relacionados al sector forestal (agropecuaria, minería, construcción, turismo, energía), organizaciones públicas y no gubernamentales, se inicia una fase de socialización del documento que busca enriquecer el análisis y consensual propuestas de trabajo.
La actividad fue organizada por Medio Ambiente, con el auspicio de la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cámara Forestal Dominicana y el Proyecto de Recuperación de la Cuenca Alta del Río Yaque del Norte (PROCARYN).
El objetivo del Programa Nacional Forestal es atraer la atención política sobre la conservación y el uso sostenible de los bosques, un recurso estratégico para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente el 1 y el 7, que se refieren a erradicar la pobreza extrema y el hambre y garantizar la sostenibilidad del ambiente, respectivamente.
La República Dominicana ha mejorado su cobertura boscosa y hoy hay más bosques que hace 15 años, de acuerdo con el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, quien encabezó el taller de trabajo.
Para Puig el país tiene que aprovechar mejor el bosque, determinar qué se puede hacer no solo para obtener beneficios económicos de él sino para garantizar los servicios ambientales que provee.
El taller se enmarca dentro de la iniciativa de Puembo II, un acuerdo para fortalecer el diálogo sobre asuntos forestales en América Latina y el Caribe.
El Programa Nacional Forestal fue analizado en cuatro aspectos: gobernabilidad y capacidad institucional; influencia de otros sectores sobre los bosques y viceversa; relación entre los procesos regionales e internacionales y su implementación nacional, y valorización y mecanismos de financiamiento.
Además del Secretario de Medio Ambiente, Max Puig, conformaron la mesa principal el director de la GTZ en República Dominicana, Wolfgang Lutz, Héctor Mata, en representación de la FAO, Humberto Checo, director ejecutivo de PROCARYN, Bernabé Mañón, presidente de la Cámara Forestal Dominicana, César Rodríguez, director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano y Alberto Salas, coordinador regional para Mesoamérica y el Caribe de la iniciativa Puembo II.
