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NUEVA YORK. AFP. El voto de la Asamblea General de la ONU ayer condenando la anexión rusa de Crimea mostró las diferentes posiciones que la crisis en Ucrania provoca en América Latina, dividida entre intereses nacionales y alianzas internacionales.
La resolución presentada por Ucrania y apadrinada por las potencias occidentales y Costa Rica, y que no tiene carácter vinculante, fue aprobada por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. Chile, Colombia, Perú, México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana apoyaron el texto en defensa del principio de integridad territorial y denunciando la ilegalidad del referéndum del 16 de marzo en Crimea, en el que la gran mayoría de la población de la península votó su incorporación a Rusia, aceptada por el Kremlin.
Votaron en contra de la resolución cuatro países del ALBA ((Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América): Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Entre los que se abstuvieron se encuentran Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay y El Salvador.
La crisis en Ucrania tienen varias implicaciones diplomáticas y políticas para América Latina, además de la cuestión de los tradicionales alineamientos cercanos o no a Estados Unidos. Una de estas cuestiones es la legalidad del referéndum y la posterior anexión rusa teniendo en cuenta la situación de las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama Argentina, y donde en marzo de 2013 se aprobó en referéndum por un 99,8% seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido. Otro tema es el origen de la crisis: la «Revolución de Maidan» en Ucrania, es vista por algunos gobiernos latinoamericanos como un cambio de régimen forzado por Estados Unidos y sus aliados.
Los argumentos
Los que apoyaron la resolución, enarbolaron sin matices las cuestiones del respeto de la Carta de la ONU y la necesidad de frenar el recurso a las armas. «La autodeterminación, para ser real, debe estar precedida por el debate abierto, las reglas claras y aceptadas por las partes, la imparcialidad de las autoridades y la presentación de verdaderas opciones a la población», dijo el embajador costarricense Eduardo Ulibarri, cuyo país copatrocinó la resolución.
«Nos preocupa que, ante disputas reales o artificiales, la primera acción haya sido el despliegue de fuerzas militares, no la apertura del diálogo», agregó, una referencia importante en su caso teniendo en cuenta que Costa Rica no tiene fuerzas armadas.
