En una accidentada sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), representantes de República Dominicana y Haití no perdieron la oportunidad para precisar sus respectivas posiciones con respecto a la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional (TC) que establece que “No son dominicanos los hijos de extranjeros nacidos en el país”.

En nombre de la República Dominicana habló el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien acogió la petición hecha por el embajador de Haití quien solicitó que una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país.

Durante la audiencia el representante de Haití, Guy Alexander fue interrumpido por «un de orden» del representante de Nicaragua, quien pidió que se aclarara si el comisionado  hablaría en nombre de su país o a título personal.

El impasse se suscitó luego de que Alexander dijera en la sesión que no era representante acreditado ante la OEA, aunque aclaró que estaba hablando bajo el control del comisionado de su país.

Además, aprovechó el escenario para pedir ayuda con miras a evitar los “desastrosos efectos” de la sentencia emitida por el TC, al tiempo que negó que desde su país se ejecute una campaña de descrédito contra la República dominicana.

De su lado, Pina Toribio dijo que el Gobierno dominicano está obligado a cumplir la sentencia por respeto  a los valores “democráticos e institucionales” del país.

Sostuvo que se están haciendo esfuerzos para aplicar la sentencia respetando los derechos individuales de los afectados y manifestó que “al fin y al cabo” esta situación se está tratando de manejar de manera respetuosa.