República Dominicana
El orden y la estabilidad traen esperanzas de prosperidad

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POR RICHARD LAPPER
Pocos países pueden haber experimentado cambios de fortuna tan marcados en años recientes como República Dominicana. Cuando el presidente Leonel Fernández dejó el cargo hace seis años, el país se consideraba por muchos como una historia de éxito en América Latina, con un crecimiento que promediaba 6% sobre la década anterior. Hace tres años se hundió en una crisis bancaria sumamente severa, como pocas vistas en la volátil región, después del colapso súbito del tercer banco del país.

Sin embargo, 18 meses después del regreso del señor Fernández al poder, resultado de una victoria electoral en 2004, la recuperación respaldada por el Fondo Monetario Internacional marcha satisfactoriamente. En la palabras de un embajador en Santo Domingo, «Desde el punto de vista del FMI, no puede estar mejor». «El orden y la estabilidad se han restablecido en el primer año y medio de Leonel en el cargo», dice Bernardo Vega, un historiador y ex embajador dominicano en Washington.

La receta para el renacer ha sido relativamente simple. El señor Fernández, quien introdujo un número de reformas basadas en el mercado durante finales de los años 90, actuó con rapidez cuando volvió a asumir el cargo, y ganó la aprobación del Congreso para un fuerte incremento del impuesto al valor agregado.

En consecuencia, un acuerdo con el FMI y una reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos soberanos ayudó a mantener el impulso, con una apreciación sostenida de la moneda y la baja en las tasas de interés. Aún antes de las elecciones de mayo de 2004 que devolvieron al señor Fernández la Presidencia, ya se habían tomado medidas para defender el sistema bancario. Sin embargo, su llegada al palacio presidencial ha ayudado a cimentar la confianza. A principios de 2005, se esperaba que República Dominicana creciera en 2.5%. 

En realidad, la expansión fue casi cuatro veces esa tasa, con un crecimiento del PIB de 9.3%. Luis Núñez, un economista independiente, señala una aceleración gradual de la actividad durante el año, culminando con un crecimiento anual en un año de 14.6% en el último trimestre. Las inversiones del gobierno en la construcción ha ayudado, pero la clave parece ser la recuperación en el consumo.

El gasto de los dominicanos que habían convertido sus ahorros en efectivo durante la crisis fue, en parte, responsable. «Muchas personas compraron dólares mientras esperaban por la recuperación», dice el señor Núñez. El quid será hacer sostenible ese crecimiento. Hay algunas buenas señales. Los tres pilares de los cuales dependen el sector externo, y en gran medida la economía dominicana en su conjunto, marchan razonablemente bien.

Las remesas que envían a casa los dominicanos que viven en el extranjero continúan creciendo, y alcanzaron US$2,7 millardos en 2005. El turismo prospera, y el ingreso deberá subir en la medida que nuevos proyectos -como la inversión de US$1,5 millardos en la costa Este, en Cap Cana- entre en el flujo.

El empleo en las zonas francas cayó con fuerza el año pasado, pero un acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos debe mejorar las perspectivas de inversiones hacia el país en la manufactura y el sector de exportaciones.

Este acuerdo, conocido como DR-CAFTA, entrará en vigor en julio y hace permanente una serie de concesiones comerciales originalmente garantizadas a América Central y la República Dominicana en los años de 1980, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI).  

Los acuerdos también le permiten a los manufactureros radicados en República Dominicana una mayor libertad para obtener materias primas de la que disfrutaban bajo el CBI. Los fabricantes de calzado ya empezaron a aprovechar la fuente de materias primas de China.

Sin embargo, el señor Fernández enfrenta una serie de desafíos.

El más inmediato es de naturaleza política. En la actualidad, el centrista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del presidente, cuenta con una minoría de escaños en la cámara baja, y solo un senador, por lo cual el ejecutivo ha tenido que depender del apoyo de la oposición para aprobar nuevas legislaciones. Mientras que las mayorías resultaron más fáciles de aglutinar en las circunstancias más difíciles en la primera parte de su administración, más recientemente, la situación ha sido una batalla mayor.

Las negociaciones sobre el presupuesto para el año 2006, por ejemplo,  resultaron dilatadas en extremo. Las elecciones legislativas en mayo le ofrecen al presidente una oportunidad de aumentar su representación, pero aunque el PLD es probable que logre más puestos,  en general, no está muy claro que logre la mayoría.

El sistema electoral dominicano determina que provincias rurales más pequeñas estén representadas de manera desproporcionada en la legislatura. Esto, a su vez, significa que los dos partidos tradicionales, el centro-izquierdista Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el derechista Partido Reformista Social-Cristiano (PRSC), del ex-presidente Joaquín Balaguer, quien falleció en 2002, siguen siendo extremadamente poderosos. Y algo que complica la situación, desde el punto de vista del gobierno, es el hecho que el PRD y el PRSC han superado sus tradicionales rivalidades para alcanzar una alianza electoral.

Si el señor Fernández es capaz de superar estas dificultades, estaría en una posición más fuerte para enfrentar los dos problemas que socavan el desarrollo a largo plazo del país. Primero, a pesar del crecimiento en la década de 1990, y de la reciente recuperación, demasiadas personas sienten que no se están beneficiando de esa expansión.

Esta percepción explica la derrota electoral del señor Fernández en 2000, pero bajo la administración anterior, el desempleo abierto y la escala del sector informal crecieron. Y en parte, como resultado, el país enfrenta cierta ola de delincuencia, con muertes violentas que aumentaron de 14 por 100,000 en 1999 a 26 por 100,000 en 2005.

El trauma del vecino Haití, que sigue en medio de una aguda crisis política y económica, es el creciente flujo de migrantes, lo cual presiona más el mercado laboral dominicano, y los muy tensos servicios sociales, de educación y salud del país.

El presidente está muy consciente de ese problema y ha vuelto una prioridad la creación de 500,000 puestos de trabajo para la segunda mitad de su administración. Entre otras ideas que se prevé poner en marcha, el gobierno busca ofrecer incentivos a los empresarios locales para que contraten trabajadores a tiempo parcial, por ejemplo.

Aún así, no está claro si estas medidas tendrán impacto suficiente para reportarle al presidente beneficios electorales inmediatos. Y el segundo desafío es garantizar que los fondos públicos se gasten más justa y eficazmente.

El balance fiscal se está restableciendo lentamente, aunque el gobierno todavía tiene que lidiar con una deuda cuasi fiscal de US$4 millardos heredada de la crisis bancaria, si bien la administración dista de adoptar un esquema que le garantice la transparencia y responsabilidad en el sector público.   

Recientemente, el señor Fernández presentó una legislación al Congreso que esboza una perspectiva más transparente. Sin embargo, algunos críticos locales e internacionales han atacado la forma en que el presidente ha organizado contratos para construir un ferrocarril urbano en Santo Domingo.

Realmente, sigue existiendo una amplia percepción entre los dominicanos que -a pesar de las intenciones manifestadas por el señor Fernández-, el sector público sigue penetrado por la corrupción. En un sondeo de Gallup realizado en noviembre de 2005, 57% de los participantes consideraba que la corrupción había aumentado en el último año, mientras que solo 25% pensaba que había disminuído.  Una organización no-gubernamental, Participación Ciudadana, alega en su informe anual de 2005 que un número elevado de plazas superfluas existe en el gobierno e instó a una reducción en la nómina. Este mes, en su informe anual sobre drogas ilegales, el Departamento de Estado de EEUU destacó que «la corrupción y las instituciones débiles del gobierno continúan siendo un impedimento para controlar el flujo ilegal de narcóticos».

Estas deficiencias quizás sean más aparentes en la sorprendente incapacidad del gobierno de resolver los viejos problemas del sector de la energía que implican que tanto los consumidores privados como comerciales sufran apagones regulares.

Al permitir que el capital privado invierta directamente en la generación, significa que el país produzca electricidad suficiente, si bien, puesto que la gran parte de esa generación depende del petróleo importado, los costos han continuado en ascenso.

Desafortunadamente, los dominicanos pagan solo la mitad que consumen, lo cual significa que el distribuidor privado y los dos estatales tienden a quedarse sin fondos de manera crónica.

Los barrios pobres

La falta de pago es un  problema agudo en los barrios pobres, donde sus habitantes se conectan ilegalmente a las líneas de energía, si bien la situación es más aguda en el sector de los negocios. De acuerdo con un funcionario de una de las agencias multilaterales radicado en Washington, solo cerca de 15% de los grandes consumidores de electricidad -una categoría que incluye el sector empresarial del país- paga las cuentas de manera regular.

Como resultado, no sorprende que el sector represente una pesada carga pública al presupuesto, con el subsidio, en general, para el petróleo y el gas de US$600.0 millones en 2005. De acuerdo con el señor Vega, el problema se remonta a los años de 1960, cuando después de la caída de la dictadura de Trujillo «se volviera una costumbre no pagar la energía».

Durante los periodos del señor Balaguer, que dirigió el país 24 de los 42 años entre 1960 y su muerte en 2002, estas prácticas continuaron y se convirtieron en uno de los rasgos más sorprendentes de la cómoda relación de estilo corporativo que se desarrolló entre el gobierno y el sector privado local.

Hacer que las empresas paguen la electricidad, por lo tanto, hará más que ayudar simplemente al sector de las finanzas públicas. Será una prueba decisiva para la capacidad del gobierno de romper de manera decisiva con la herencia del «balaguerismo», y transformar a la República Dominicana en un estado moderno plenamente democrático.

VERSION: IVAN PEREZ CARRION

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