Washington (EFE).- El futuro de la reforma migratoria en EEUU depende de si los republicanos se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en este país, dejaron claro ayer líderes de ese partido.

Por un lado, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el republicano James Sensenbrenner, se mantuvo en sus trece y reiteró en una entrevista con el canal de televisión “NBC” que el proyecto de ley del Senado, que prevé la regularización de la mayoría de esos extranjeros, es “una amnistía”.

Preguntado sobre si apoyaría una ley que dé alguna vía legal a los indocumentados para regularizar su situación, Sensenbrenner respondió: “No. La amnistía es un error”.

“Amnistía, eso es una tontería”, replicó, en cambio, el también republicano Chuck Hagel, en el mismo programa. “Esto no es una amnistía”.

El proyecto de ley del Senado, aprobado el jueves, obliga a los inmigrantes clandestinos que llevan en EEUU menos de dos años a abandonar el país. Los que llevan entre dos y cinco deberán irse, y pedir un visado de trabajo antes de retornar, tras lo cual podrán quedarse.

Los inmigrantes que han vivido en EEUU más de cinco podrán obtener permiso de trabajo y eventualmente la ciudadanía tras el pago de multas de más de 3.000 dólares.

Sensenbrenner consideró, sin embargo, que este sistema sólo creará “un fraude masivo de documentos”.

Este republicano lidera el ala conservadora de su partido en la Cámara de Representantes, que en diciembre aprobó un proyecto de ley que convierte en criminales a los trabajadores indocumentados y prevé la creación de una base de datos para la verificación de los documentos de trabajo de los empleados, entre otras medidas contra la inmigración clandestina.

Un comité bicameral deberá ahora armonizar los proyectos de ambas cámaras, una tarea que se augura muy difícil por las divisiones entre los republicanos.