Ahora que la repudiada Asamblea Revisora se apresta a discutir el Título sobre la Justicia en la Constitución dominicana, es necesario destacar las “virtudes” del proyecto presidencial, que en lugar de fortalecer el Estado de derecho, amenaza con barrer los modestos avances que se ha producido en el país en los últimos quince años.

Para comenzar, se trata de diluir la cúpula y desinstitucionalizar el Poder Judicial. Ello así porque en lo adelante, en lugar de una Corte Suprema de autoridad indiscutible habría un Consejo Nacional de la Magistratura que quedaría compuesto por trece miembros, de los cuales, ocho no son electos por el pueblo, contrario a lo que señala el Art. 2 tanto de la Constitución actual como de la propuesta;  el cual sería el órgano fundamental de la Justicia, puesto que tendría entre sus atribuciones la elección de la Suprema Corte de Justicia, el presidente y demás miembros de una Sala Constitucional, al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Superior Administrativo y al Procurador General de la República y sus adjuntos, además de ejercer el poder disciplinario sobre la Suprema Corte.

A ese adefesio jurídico se añadirían otros cinco órganos diferentes, todos con jurisdicción de nivel superior; la Suprema Corte de Justicia designada por siete años, en lugar de elegir a cuatro cada dos años por ocho, lo que permitiría al mismo tiempo estabilidad y renovación, como se propuso; un Consejo del Poder Judicial, con plenas facultades administrativas y disciplinarias para todos los órganos excepto la Suprema Corte; una “Sala Constitucional” totalmente independiente, un Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Supremo Electoral.

Como si eso fuera poco, todo el poder del Ministerio Público, que es casi la mitad en los procesos judiciales, queda en manos del Presidente de la República, quien además  preside el Consejo de la Magistratura.

El Poder Judicial es el único freno que tiene el hipertrofiado presidencialismo dominicano, ahora aumentado con el Proyecto de marras contra las tropelías a que nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo. Merece, como los demás poderes del Estado, una organización racional no contradictoria que permita fortalecer un verdadero estado de derecho.

Es cierto que la Suprema Corte ha tenido debilidades, como en los casos del desconocimiento de la carrera judicial para sus miembros, la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de Elecciones Primarias que evitaba la manipulación de las cúpulas y el contrato de la Sun Land; pero en general ha producido un mejoramiento sensible en las condiciones legales de la nación dominicana que no debemos echar por la borda. Solo habría que hacer las salvedades que impidan deslices como esos.

Definitivamente, la implantación del esquema propuesto en el Proyecto Presidencial equivale a un réquiem para la justicia dominicana.