Todo el que esté preocupado por el desarrollo de la democracia en el país tiene que celebrar que el proyecto de ley de lemas, mal llamado voto preferencial presidencial, haya quedado descartado por la acción responsable de la mayor parte de los diputados que se negaron a aprobarlo y por la firme oposición de la mayoría de los dirigentes políticos y de la sociedad civil.

Resultó positivo también que, aunque con algún retraso, la Junta Central Electoral dijera clara y contundentemente todas las dificultades que para el proceso electoral en marcha implicaría el cambio del sistema de elección del presidente y vicepresidente de la República, ya que obligaría a volver a buscar consenso con los partidos sobre todo el montaje comicial.

Así mismo que obligaría a modificar el formato de las boletas, las actas de votación, el sistema de transmisión, el programa informático, los manuales, instructivos y reglamentos ya aprobados y la campaña de educación y formación dirigida a los funcionarios electorales municipales, los miembros de los colegios electorales y la ciudadanía.

Los jueces electorales se refirieron también a los derechos adquiridos por los partidos que han electo sus candidatos al amparo de la legislación vigente y tradicional, al hecho de que en base a ella se hizo la proclama del inicio de la campaña electoral, y al excesivo número de delegados políticos en los colegios electorales y juntas municipales que implicaría la reforma, para concluir en que «apegados al principio de racionalidad, la JCE entiende que las condiciones actuales no propician la aprobación de dicha ley»…

Tras la carta enviada por los jueces electorales a la Cámara de Diputados, el proyecto de marras falleció de infarto. Aunque a decir verdad en esa cámara estuvo en estado de coma desde que fue presentado en enero pasado. Pero aunque algunos diputados quisieran cambiar de opinión, resultaría improcedente tal legislación después de la opinión de la JCE.

Desde el principio habíamos advertido que el proyecto de ley de lemas no llegaría a la segunda vuelta, que la mayoría de los diputados lo rechazaría, comenzando por su presidente Alfredo Pacheco, quien adelantó que no lo aprobaría, tras conocer la opinión de sus asesores jurídicos, que lo estimaron como «un mamotreto jurídico».

Hay que celebrar esta muerte, porque se ha evitado un grave retroceso a principios del siglo pasado en el proceso democrático dominicano, porque consagraría el principio de que nadie pierde en las lides democráticas, porque afianzaría el fraccionamiento de los partidos políticos en aras de las ambiciones individuales de sus cúpulas, y porque sustituiría la voluntad mayoritaria expresada en elecciones primarias, por la del 20 por ciento de los miembros de un comité ejecutivo.

Debemos expresar reconocimiento al presidente de la Cámara de diputados, a la mayoría de los integrantes de ese organismo, a sus asesores jurídicos, a los dirigentes políticos, a los jueces electorales, a los dirigentes sociales y los voceros de la opinión pública que libraron al país de una legislación que aunque data de un siglo sólo ha prosperado y con dificultades en tres países.

A los jueces electorales hay que decirles que si hubiesen sido más diligentes y valientes en enfrentar la situación, le hubiesen ahorrado a la nación dos o tres semanas de incertidumbres y confrontaciones.

Para los dirigentes de la sociedad civil conlleva varias lecciones. En primer lugar que siempre es posible defender los derechos ciudadanos, y aunque sea contra los mayores poderes hay posibilidades de hacer prevalecer la razón y los valores democráticos.

Segundo que no todo está perdido en el ámbito político y que hay que apelar siempre a la racionalidad, aunque se presuma que no exista o esté en crisis.

Y tercero, que no es cierto que a esta sociedad se le pueda imponer cualquier retroceso, simplemente porque lo quieran quienes tienen mucho poder. Que siempre hay posibilidad de hacer prevalecer los valores democráticos. Y esto es muy importante en la coyuntura que vive la nación.

No podemos dejar de lamentar que algunos de los dirigentes perredeístas de más raíces democráticas cayeran en el gancho de promover ese proyecto, pretendiendo de esa manera salvar la unidad del Partido Revolucionario Dominicano. Lo lamentamos sinceramente y deseamos que renueven sus energías para seguir luchando por la preservación de su partido, instrumento de la democracia dominicana en más de 6 décadas.