La Asociación Nacional de Importadores (ANI) apeló al Ministerio de Industria y Comercio para que intervenga a fin de evitar que el requisito de que se aplique en el origen el etiquetado en español provoque un desabastecimiento que podría alcanzar al 50 por ciento de los productos importados que comercializan los supermercados.
Directivos de la ANI afirmaron que de hacerse efectiva la medida afectaría a los consumidores, al sector turístico, que es un gran consumidor muchos de esos productos, y al fisco, en vista de que se reducirían las recaudaciones fiscales.
Wilfredo Ubrí, presidente; Héctor Cuevas, asesor; Lorenzo Antonio Piña Cámpora, vocal; Angelo Viro, segundo vicepresidente; Ángela León, vocal; Ana Gutiérrez, directora ejecutiva de la ANI, quienes participaron como invitados en el Encuentro Económico de HOY, explicaron que desde que se aprobó la norma NORDOM 53 los importadores preparan las etiquetas con la traducciones en Español para los productos que son importados desde Estados Unidos en sus plantas de almacenamiento y distribución, en donde les son colocadas a la mercancía antes de ser despachadas a su distribuidor final, pero ahora se pretende que para que el producto pueda ser comercializado en el mercado local, tiene que venir con la etiqueta en español desde el país de origen.
En tal sentido, aseguraron que eso es imposible por el bajo volumen de mercancías que importan, por lo que un fabricante internacional preferirá mejor no tomar la orden de pedido porque eso alteraría sus costos de producción.
Es por eso que abogan para que se continúe la práctica de que los importadores coloquen las etiquetas en sus almacenes locales.
Afirmaron que de no permitirse esa práctica se producirá un desabastecimiento de productos importados que afectará a los consumidores porque la producción local no es suficiente.
También aseguran afectará a los hoteles porque muchos turistas buscan determinados productos y además a las recaudaciones del Estado porque toda esa mercancía paga aranceles y los impuestos que le son aplicados el consumidor (ITBIS y el Impuesto Selectivo al Consumo).
Entienden que la solución al problema es que el Ministerio de Salud Pública junto a otras entidades realice con eficiencia su labor de supervisión en los supermercados y otros puntos de venta para comprobar cuáles importadores están colocando la etiqueta en español y a los que no lo estén haciendo se les retire sus productos de los establecimientos comerciales.