PEDRO GIL ITURBIDES
El descubrimiento de una banda de oficiales, suboficiales y clases de la Policía Nacional dedicada al robo de camiones no debe quedar en el sometimiento de los implicados. La experiencia, dolorosa para el cuerpo de orden público, debe servir para establecer un mecanismo de enlistamiento que evite el ingreso de personas de indecorosa conducta.

Y estos requisitos nada tienen que ver con los niveles de escolaridad de los futuros miembros de esa institución.

Y planteo este último punto de vista porque hace poco se desarrolló una campaña llamando a filas a profesionales egresados de universidades. Por supuesto, admito que este paso constituye un avance extraordinario. Ya la guardia, y por supuesto, la policía, no tendrán que leer como quiera. Podrán leer como todo cristiano, con el escrito «al derecho». Pero el problema no se encuentra, repetimos, en la escolaridad.

Se encuentra en la educación, por supuesto, pero en la educación doméstica, tan vapuleada por la modernidad y los avances de los tiempos actuales. Esa añosa instancia en la formación de la conducta comenzaba en los días de la niñez y se extendía a lo largo de la vida del niño, hasta que se le ponía pantalón largo. Entonces, y sólo entonces, el sentido de independencia familiar, le permitía asumir decisiones propias. ¡Eso sí, cuidado si abandonaba aquellas enseñanzas forjadas, a veces, a pela pura! Porque la ruptura con la tradición de honestidad, honorabilidad y probidad cultivadas en el hogar, determinaba la desvinculación del tronco familiar.

Una sociedad con principios resquebrajados debe pedirle a su autoridad del orden que se busque la linterna de Diógenes a la hora de adscribir nuevos miembros. No hay que llegar a los extremos del régimen que rigió la vida del país hasta 1961. Pero tampoco, sobre la base de que eran prácticas de la dictadura, debemos despreciar lo esencial de un procedimiento mediante el cual se radiografiaba la personalidad de aspirantes a cualquier puesto público.

Y no sólo a éstos, pues quien ingresó por aquellos años a la vetusta Universidad de Santo Domingo sabe que el procedimiento le era igualmente aplicable a los futuros profesionales. ¿Por qué no revisar las antiguas fórmulas, copiar lo bueno que tuvieron, abandonar lo malo, y dejar al descubierto aquello que sirvió para adecentar entonces al sector público?

Anímense tanto el pleiteador Secretario de Estado de Interior y Policía, Franklyn Almeyda Rancier, como el jefe policial, Bernardo Santana Páez, a desempolvar estos procedimientos. Tómenlos como referencia, y desbrocen el aspecto puramente político de cuanto quede en el recuerdo de aquellas disposiciones. Tengo plena seguridad de que ello restringirá el paso a quienes, llegando de la sociedad con vicios de formación hogareña y del ambiente, usan a la Policía como catapulta para malsanos proyectos.

De este modo la Policía Nacional se evitará la serie de bochornosas dudas que envuelven a la institución cuando se descubren situaciones como las debeladas. Por supuesto, preciso es resaltar que conviene que operativos de inteligencia como el llevado a cabo respecto de los oficiales, suboficiales y clases apresados, se cumplan sin contemplaciones.

Esta labor de saneamiento habla bien de las metas que se ha trazado la jefatura policial bajo la gestión de Santana Páez.

Después de todo, las sombras que oscurecen a la institución deben ser despejadas. Pero cada vez que son publicadas informaciones como las conocidas ahora, surgen, más perturbadoramente, las incógnitas respecto del papel que cumple la institución. Establézcase por tanto, un sistema que sirva a la depuración previa de los miembros de la policía. De tal modo se evitará que, después, surjan actuaciones punibles o criticables. Porque también para esto debe aplicarse el principio sustentado en el adagio popular de que más vale precaver que tener que remediar.