La sociedad civil de la República Dominicana, representada por el Foro Ciudadano (FC), compuesto por más de 200 organizaciones sociales y comunitarias, presenta algunos temas para las grandes reformas que deberán producirse en los próximos cuatro años en las que figuran las institucionales y la Seguridad Social.

Asimismo, una reforma fiscal que involucre a todos los sectores, viviendas dignas para los sectores de menos ingresos, seguridad ciudadana con un cambio radical de la mentalidad de la Policía Nacional y verdaderas políticas sociales que disminuyan las desigualdades.

De igual modo, la reforma que garantice la transparencia en el manejo de los fondos públicos, la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Ricardo González, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, miembro del FC, señala que con el control absoluto del Poder Ejecutivo y del Congreso, a partir de las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, el Gobierno estaría en capacidad de transformar la realidad institucional, social, económica y política de la nación.

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Sobre todo, indica, una gestión que ya cuenta con cuatro años en el ejercicio y que ha acumulado diagnósticos sobre lo que debe ser transformado para que el país avance.

En ese sentido, apunta, solamente haría falta la voluntad política para hacerlo, hasta sin el consenso de las demás fuerzas políticas y sociales.

Sin embargo, solicita al Gobierno impulsar un gobierno de concertación nacional con los diferentes sectores de la vida pública, no solamente con los políticos.

Sobre todo, dice, tomando en cuenta a los sectores populares y sociales, que casi siempre son excluidos: a pesar de que en ocasiones son escuchados, no son sentados en la mesa para tomar en cuenta sus planteamientos en cuanto a los problemas del país.

La Coalición por la Seguridad Social Digna, conjuntamente con el Consorcio del Proyecto Más Inclusión, exige más participación e influencia de jóvenes y mujeres en los procesos de reforma “Por una modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social que garantice Derechos”.

En un gran encuentro reciente presentó en detalles la propuesta de un “Nuevo Sistema de Pensiones Justo y Sostenible en República Dominicana”.

Socializaron el contenido del estudio “Análisis y propuesta de un Sistema de Pensiones por vejez Justo y Sostenible como Alternativa al Sistema de Capitalización Individual vigente en el país y que ha demostrado ser un fracaso en cuanto a las prestaciones que ofrece y ofrecerá a los afiliados. En el proyecto participan: Ciudad Alternativa, el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, Alianza Femenina por la Inclusión (Afedis), el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep), la Escuela Matemática, Alames y el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, entre otras.

Guadalupe Valdez, coordinadora del Comité Colegiado de Foro Ciudadano, señala que esta iniciativa es de gran relevancia para para todas aquellas organizaciones que desde hace varios años luchan y se movilizan, exigiendo y haciendo incidencia en las calles para lograr una Seguridad Social Digna.

Considera que no es posible hablar de democracia, ni de un Estado Social de Derechos si realmente los niños, mujeres, jóvenes, discapacitados, ancianos, no tienen una Seguridad Social Digna.

La presentación estuvo a cargo del economista y docente Francisco Tavárez, quien es uno de los autores del estudio presentado junto al doctor Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro y los investigadores Francisca Barriga Yumha y Recaredo Gálvez Carrasco, estos últimos pertenecientes a la Fundación Sol, de Chile.

Esta última organización, junto a la Fundación Juan Bosch, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición por la Seguridad Social Digna, compartieron la responsabilidad de la realización de este estudio.

Reforma Fiscal

Ricardo González estima necesario que el Gobierno impulse una reforma fiscal, pero como lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), sobre todo a partir del 16 de agosto, cuando tendrá el control absoluto del Congreso Nacional. De esa reforma, estima, todos los sectores de la vida nacional deben salir gananciosos, sobre todo para romper con la desigualdad que ha generado el actual régimen tributario.

Considera que hay exenciones fiscales que tienen que ser revisadas como las que se aplican a los sectores del turismo, las zonas francas y los sectores eléctrico y minero, entre otros.

De igual modo, que los subsidios no vayan a los sectores con mayor poder económicos, sino a los sectores marginados, tras recordar que RD es el segundo país con mayor desigualdad de América Latina, según la CEPAL.

“Hay que terminar con la contradicción de que siendo RD el país de mayor crecimiento económico de la región, sea al mismo tiempo el de mayor desigualdad, lo indica que la riqueza no es bien redistribuida”, subraya González.

Apunta que la reforma fiscal tiene que contribuir a combatir la pobreza y con ello disminuir las desigualdades sociales, pero para que se cumpla habría que proceder a la firma de un pacto nacional.

Ese pacto nacional, precisa, es para evitar las evasiones que se producen en impuestos tales como el Itebis y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cree que la reforma fiscal deberá garantizar una serie de derechos a los que toda la sociedad estaría de acuerdo, pero al mismo tiempo una mejoría sustancial en el gasto público.

Además, tiene que simplificar los procedimientos de pago de impuestos, con lo que se evitarían las evasiones y se facilitaría la tributación, ya que como existe actualmente se convierte en una traba.

El objetivo es recaudar más para disminuir desigualdades y reducir los compromisos con la deuda externa, para que de esa manera lo que hoy se paga en intereses en el mediano plazo se pueda invertir en la mejoría de las condiciones de vida de los dominicanos.

Sería entonces cuando podrían desarrollar los planes de viviendas y reducir el déficit habitacional que existe actualmente de un millón 300 mil casas.

Señala que ya existe un entramado entre la sociedad civil, el sector construcción de viviendas y el Gobierno que dio al traste con la Ley 160-21 y el Plan Decenal de Viviendas.

Se contaría con las herramientas para arrancar con un sector que va a contribuir a generar mayor igualdad con viviendas dignas a los más pobres, pero también va a dinamizar la economía.

Una de las propuestas consiste en producir viviendas que se quedan en manos del Estado para ser rentadas a las familias necesitadas, pero otra en producción social de hábitat, que es reconocer que lo que ya existe pueda ser mejorado con la participación de los propietarios.

Afirma que en la medida en que se disminuyan las desigualdades sociales, en esa misma medida baja la delincuencia común, pero la delincuencia estructural, enraizada, es el Estado quien tienen que resolverla.

Otro de los temas es el de la transparencia, ya que todavía no se está conforme con los logros obtenidos hasta el momento por la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader, debido a que faltan reformas institucionales que den verdadera independencia al Ministerio Público y el Poder Judicial.