Neulyn González 
Protesta frente ala procuraduría de los comunitarios de los tres brazo en reclamo de su títulos de viviendas en foto : Tenny Guantes y Andrés Perdomo, HOY Duany Nuñez 07-9-2020
Una docena de moradores del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, quienes están en proceso de adquirir sus títulos de propiedad, reclamaron que se derogue el decreto que paralizó las operaciones de venta en ese sector debido a las irregularidades detectadas por una comisión presidencial. La derogación, según los manifestantes, permitirá que continúe el desarrollo de esa localidad.
Acompañados por defensores de los derechos humanos, los residentes acudieron al edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República para solicitarle a la procuradora Miriam Germán Brito que reconsidere la judicialización del caso Los Tres Brazos, por el cual están sometidos el exdirector del Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, y otras 16 personas.
“Solicitamos de esa procuraduría interponer sus buenos oficios a fin de que se proceda a profundizar o abrir una nueva investigación para así valorar la pertinencia o no de la judicialización de este caso para evitar ver tronchado nuestro anhelado sueño de titulación”, refiere la misiva.
Retomar caso. La semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD) y el Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos exigieron que se reanude el conocimiento del caso de la venta de terrenos en ese sector, que se paralizó cuando cerraron los tribunales por la pandemia y sus audiencias, según las entidades, no podrían celebrarse de forma virtual por la gran cantidad de actores en el proceso.
Este colectivo relató que la audiencia preliminar del caso se estaba conociendo en febrero pasado en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional pero con la suspensión de las labores judiciales y el posterior conocimiento de casos de forma virtual, la causa “ha caído en un limbo jurídico”.
También manifestaron preocupación por los diputados que anunciaron que buscarán que, por medio del Tribunal Constitucional (TC) o el Poder Ejecutivo, se deje sin efecto el decreto que detuvo la venta de los terrenos y que sirvió de base para someter a la justicia a los 17 implicados.
